Este domingo celebramos una vez más el Día Mundial del Ambiente en conmemoración a la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano realizada en Estocolmo, Suecia, en 1972. Se cumplen 50 años del primer gran hito en materia de políticas ambiental a nivel internacional, situación que nos recuerda que sigue siendo imprescindible integrar la agenda ambiental con su dimensión social y económica.
Tenemos que asumir que las problemáticas ambientales detectadas hace medio siglo se han agravado. Está en riesgo la existencia de la vida humana tal como la conocemos. La sostenibilidad debe imponerse de manera urgente porque no hay planeta B. Necesitamos cambiar nuestros sistemas de producción y consumo, así como nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, y ampliar nuestros esfuerzos y compromisos ambientales.
Sin embargo, la reconversión que debemos realizar no es inocua ya que genera costos económicos y sociales, afectando de manera diferente a países, sectores económicos y grupos sociales. Si no contamos con recursos y financiamiento, las brechas entre países desarrollados y en desarrollo se agravará aún más y, junto con ello, la vulnerabilidad frente a la crisis ambiental y climática.
No hay transición justa con barreras paraarancelarias como las que aplican las economías centrales y que pueden afectar nuestras exportaciones. No hay transición justa si los países desarrollados incumplen los compromisos de financiación como los 100 mil millones de dólares para la acción climática prometidos en 2009 en Copenhague.
Debe cumplirse el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y aplicarlo mediante mecanismos de financiamiento y metas de inversión claras y concretas. Los países en desarrollo —como Argentina— no son los causantes de la crisis ambiental. La responsabilidad es de los países desarrollados que crecieron sin prestar la debida atención al cuidado del ambiente. Por eso son estas economías las que deben financiar la transición ecológica.
No queremos ser el patio trasero del mundo ni ciudadanos de segunda categoría. Queremos sostenibilidad sobre la base de la comprensión de que no es América Latina y el Caribe la que contamina y destruye el planeta. Tenemos que defender a los pueblos de nuestra región.
Necesitamos nuevos recursos para avanzar en políticas estructurales de mitigación y adaptación al cambio climático, de conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de prevención y reducción de la contaminación. Los países en desarrollo no pueden afrontar el doble esfuerzo de transformar los sistemas productivos y resolver situaciones de pobreza y exclusión estructurales. También necesitamos ser innovadores en las políticas a desarrollar porque los desafíos existentes son muy ambiciosos: por eso nuestro país propone crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos y canje de deuda por acción climática.
Como sostuvo el expresidente Néstor Kirchner en la COP10 de cambio climático, realizada en Buenos Aires en 2004, nuestros países son acreedores ambientales frente al mundo y esto debe ser reconocido. Sin los servicios ecosistémicos que proporciona el bosque chaqueño o la cuenca del Paraná, el mundo no sería igual.
En el marco de Estocolmo+50, quienes ejercemos responsabilidades públicas tenemos la obligación de generar los acuerdos para cuidar nuestra casa común. Tenemos el deber histórico de acelerar la implementación de las políticas ambientales hacia el desarrollo sostenible y la justicia social. El momento de actuar es ahora.
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