Productores y funcionarios, juntos por la deforestación ilegal

Hace ya más de 10 años, los gobiernos provinciales establecieron qué zonas de su territorio con bosques nativos deben ser protegidas, cuáles sólo pueden ser usadas en forma sostenible y cuáles pueden ser deforestadas para seguir ampliando la frontera agropecuaria. Esto es un logro de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, o “Ley de Bosques”, sancionada en 2007 en respuesta la presión social para frenar tasas de deforestación récord a nivel mundial.

Sin embargo, entre 2011 y 2020, en Salta, Santiago del Estero y Chaco, provincias que concentran el 70% de la deforestación del país; la superficie deforestada ilegalmente en zonas protegidas (609.563 hectáreas) superó a la deforestada en zonas permitidas (475.294 hectáreas).

La persistencia de altos niveles de deforestación ilegal produce la pérdida de bosques nativos, que brindan bienes y servicios a los pobladores rurales (alimento y medicinas), a los productores (forraje y madera), a las ciudades (evitan olas de calor e inundaciones) y a toda la humanidad (frenan el calentamiento global). Por esto, muchas organizaciones de la sociedad civil cuestionan la efectividad de la Ley de Bosques, denuncian la corrupción en la entrega de permisos de deforestación por las autoridades provinciales, y reclaman sanciones penales a funcionarios y productores agropecuarios y forestales que violan la Ley.

Estas denuncias y reclamos suelen ser desoídas por las autoridades e invisibilizadas por gran parte de los medios de comunicación, bajo el pretexto de la falta de evidencia. Sin embargo, organismos públicos de ciencia y técnica, en alianza con organizaciones de la sociedad civil, vienen mostrando inequívocamente aquí cuánto y dónde se deforesta, año a año, en la Región Chaqueña. Además, un estudio reciente publicado en Global Environmental Change evidencia quiénes son los responsables de la deforestación ilegal, y cómo se las ingenian para hacerle trampa a la Ley y seguir impunes.

En este estudio, investigadores de universidades argentinas y alemanas, junto con expertos locales, recopilaron y analizaron 244 casos de deforestación ilegal ocurridos entre 2008 y 2020 en Salta, Santiago del Estero y Chaco, que representan un tercio de la superficie deforestada ilegalmente en esas provincias y en ese periodo. Demostraron que los infractores, con alto capital económico y fuertes vínculos con el poder político, deforestaron ilegalmente dentro de cada finca y estancia una superficie promedio equivalente a 3.500 canchas de fútbol, 18 veces mayor a la deforestada ilegalmente por productores con capital bajo y vínculos débiles.

Asimismo, el estudio evidenció que más de un tercio de la deforestación ilegal en Salta (36%) y Chaco (37%) se produjo en zonas donde los gobiernos provinciales redujeron por decreto el nivel de protección de los bosques nativos. Lo cual hicieron a pedido de productores con alto capital económico y fuertes vínculos con el poder político, en flagrante violación del principio de no regresividad de la Ley de Bosques.

Muchos productores que tienen bosques nativos, y los funcionarios que tienen la responsabilidad de protegerlos, sienten que juntos pueden destruirlos impunemente. Frente a esto, es urgente que se promuevan usos alternativos al desmonte y la agricultura convencional, que aprovechen el valor del bosque nativo, como la apicultura, el ecoturismo y la producción forestal sostenible. Y que quienes deforestan ilegalmente no reciban una multa económica que fácilmente incorporan a sus costos de producción, sino que sean sometidos a un juicio penal.

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