Dolarizar o no dolarizar, ¿esa es la cuestión?

Con la intención de buscar una solución al problema de la inflación, el diputado nacional Javier Milei propuso dolarizar la economía. Con sus declaraciones se reavivó un debate que ya acumula varios capítulos.

A la hora de analizar esta propuesta, dos preguntas emergen: dolarizar, ¿sí o no? ¿a qué tipo de cambio? En una nota publicada en Infobae, Martín Kanenguiser pone en consideración un informe de un centro de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en donde se destaca que con la cantidad de dinero circulante, los pasivos del BCRA y el nivel actual de reservas netas, el tipo de cambio de conversión sería aproximadamente de $4.315 por dólar. Para dolarizar a un tipo de cambio de $200 por dólar, el informe concluye que Argentina debería pedir prestados USD 41.000 millones.

En el corto plazo, la experiencia nos muestra que el establecimiento de una caja de conversión, o su versión más extrema, la dolarización, reducen la inflación de forma tajante. De todos modos es importante destacar que aplicar una dolarización hoy en Argentina reduciría los salarios en dólares de forma abrupta con un impacto tremendo sobre una tasa de pobreza que ya es angustiante. Dolarizar a $4.315 por dólar implica que un empleado que a partir del 1° de abril de 2022 cobra un salario mínimo de $38.940 pasaría a ganar U$S9 o casi U$S195 si dolarizamos a un tipo de cambio de $200 por dólar. La pobreza escalaría a niveles muy difíciles de sostener desde el punto de vista social. Sólo un liderazgo político muy fuerte podría sobrellevar semejante angustia social.

Si por caso se avanzara con la propuesta, es necesario repasar nuestra última experiencia, la Convertibilidad, para analizar las enseñanzas que nos dejó.

En la década del ‘90, el Sector Público No Financiero (SPNF) –incluye el Tesoro, los organismos descentralizados (también al PAMI y el ANSeS), las empresas del Estado y el Sistema de Seguridad Social (SSS, incluidas las cajas provinciales transferidas a la Nación)– pasó de un superávit de $2.207 millones durante 1993 a un déficit de $8.780 millones en el 2001 como consecuencia del explosivo incremento en el déficit del Sistema de Seguridad Social (SSS) y en los pagos netos de intereses por parte del sector público. Como consecuencia, la deuda argentina mostró un impresionante incremento y aumentó su participación en relación al PBI pasando del 25% a comienzos del período a más del 50% para fines de 2001. Durante la Convertibilidad, el gasto público argentino primario (Nación + Provincias + Municipios) como porcentaje del PIB tuvo su pico en 1999 alcanzando un 25,8%. Hoy ese porcentaje está en alrededor de 42%. Como la experiencia de la Convertibilidad nos enseñó, cualquier programa monetario que se implemente, incluso la dolarización, requiere indefectiblemente de cuentas fiscales ordenadas y un sector público más pequeño que permita desarrollar la iniciativa privada.

Durante la Convertibilidad el grado de apertura de la economía (exportaciones más importaciones sobre PIB) no evolucionó mostrando una mayor inserción de Argentina en el comercio internacional. Desde 1930 Argentina es una economía cerrada al mundo. Argentina ha exportado lo que le sobra, provocando que aquí pase al revés de lo que ocurre en el resto del mundo: en los ‘90 tuvimos un buen nivel de exportaciones con un alto índice de desempleo. El país nunca orientó las inversiones extranjeras hacia las áreas productivas de bienes exportables permitiendo que esas inversiones se dirigiesen masivamente hacia los servicios (teléfonos, ferrocarriles, agua, súper o hipermercados). Es por eso que a lo largo de toda la década del ‘90 (a excepción de 1995 – 1996) el balance comercial fue deficitario. La apertura económica siempre es un buen camino porque implica mayores niveles de competencia de nuestras empresas con las del resto del mundo obligándolas a aumentar su productividad, generando mayor cantidad de intercambios y mejores condiciones de precio y calidad para los consumidores pero además se vuelve una condición imprescindible para que la dolarización funcione en el largo plazo.

Más allá de que durante la década del ‘90 se avanzó con la desregulación de los mercados, en el mercado laboral no se realizó ninguna reforma estructural importante por lo que la última década del siglo XX se caracteriza por un alto porcentaje de desempleo. Sin una reforma estructural en el mercado laboral que flexibilice las condiciones de contratación luce muy difícil que los beneficios en la reducción de la incertidumbre que la dolarización podría traer sobre los futuros niveles de precios y salarios se traduzcan en resultados palpables en el mercado laboral.

La Convertibilidad o por caso una dolarización pueden en principio ser exitosas en la reducción de la inflación, más si no se acompañan con reformas estructurales importantes, termina colapsando. Entonces, si para que la dolarización sea exitosa en el tiempo necesitamos una reforma del sector público, mayor grado de apertura económica y un mercado laboral más flexible, ¿realmente necesitamos una dolarización?

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