El Estado cobra un 63,2% de impuestos a la renta agrícola

Suena la alarma. Son las 4 de la mañana. Se levanta y pone a calentar la pava para tomarse unos mates, mientras enciende la radio y escucha que la suba de precios de los alimentos es culpa de los agropecuarios, es decir, los trabajadores del campo.

Sentado mientras se ceba un mate, este hombre reflexiona y continúa su día sin saber con precisión cuánto de lo que produzca en su trabajo será efectivamente para su familia. Esta situación cotidiana se debe a que no se suele analizar la carga tributaria de estos productos. Para disponer de un panorama más revelador, a partir de un análisis reciente que realizó la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el promedio de impuestos de productos como la soja, el maíz, el trigo y el girasol ronda en el 63,2%. Es decir que, por cada mil pesos de ventas, la cadena de producción obtiene menos de 400 pesos de ganancia, y esto sin descontar los costos de producción y mano de obra empleada.

En el caso de la producción de naranjas -por ejemplo- y según un estudio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el 42% corresponden a los tributos, como se muestra en la siguiente infografía elaborada por la institución:

Ante casos como estos, y conforme se analiza a partir del informe de FADA, se pone de manifiesto que un 95% corresponde a tributos nacionales y nacionales coparticipables (Ganancias, IVA; entre otros), y el 5% restante es atribuido a impuestos provinciales y municipales.

La situación es así: en la medida en que la presión tributaria tienda a subir, será cada vez peor. Si lo que buscamos es reducir el precio de los alimentos, entonces deberíamos comenzar a plantearnos un esquema tributario en el cual menos sea más.

Nadie niega que el Estado necesite recaudar fondos para hacerle frente a sus compromisos y brindar mejores servicios a los ciudadanos, pero los hechos indican que no siempre el aumento de los impuestos permite incrementar la recaudación. Por el contrario, luego de un determinado porcentaje de carga tributaria, el efecto es inverso: más es menos.

En materia impositiva está comprobado empíricamente que los gobiernos tienen un límite de presión tributaria una vez que se excede, la curva de recaudación tiende a disminuir, pues -inexorablemente- las altas presiones tributarias fomentan el cierre de actividades o su informalidad. En cualquiera de ambas situaciones, es el propio Estado quien se perjudica antes que nadie al perder el control dentro del sector comercial.

Además, es importante poner de manifiesto que un país que le cobra más de la mitad de sus ingresos en impuestos a la cadena de producción, lo que consigue es ahuyentar cualquier intento de inversión. A ningún emprendedor/inversor le seduce desarrollarse en una economía devorada por los gravámenes, y esto Argentina lo sabe perfectamente.

En 2004 la diligencia política decidió dar un alivio impositivo a empresas de tecnología con la sanción de la ley de la Promoción de la Industria del Software (en el ámbito nacional) e incentivos fiscales en las provincias. Una vez que la ley entró en vigor, el país se transformó rápidamente en uno de los mayores exponentes de la región. Los resultados fueron: alta tasa de empleo y aumento de los salarios en el rubro. Entonces, ¿por qué no repetir la fórmula en el resto de los sectores?

Tal vez, esta podría ser una alternativa más conveniente, en lugar de repetir la fórmula de incrementar la carga tributaria para tener más recursos disponibles. Alguien dijo alguna vez, “si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

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