En los últimos días, se han desatado una serie de visiones contrapuestas a partir de la Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que aprueba la exploración sísmica en la cuenca Argentina Norte, frente a las costas del sur de la provincia de Buenos Aires. Es verdad que exploramos el mar hace más de 50 años en busca de hidrocarburos y que utilizamos combustibles fósiles desde hace más de 150 años, pero también es cierto que la ciencia nos advierte -desde hace 30 años- acerca de la gravedad de la crisis climática y ambiental ya desatada. Simplemente debemos recordar que los últimos siete años han sido los más cálidos desde que se registran las temperaturas de la atmósfera y que en estos días Argentina ha sido el país con mayores temperaturas a nivel mundial.
En nuestro país el 85% de la energía se produce quemando combustibles fósiles. La transición energética para frenar los impactos ambientales y climáticos, exige un cambio hacia una base energética descarbonizada. Esto supone una profunda transformación tecnológica, regulatoria, social, laboral, profesional, entre otras, que no puede ser inmediata pero que requiere iniciar ya mismo las acciones necesarias y desarrollarse durante los próximos 30 años. No podemos seguir apostando a proyectos que profundicen el problema ambiental y conspiren a mediano plazo contra el propio desarrollo económico y el bienestar humano.
Es urgente empezar a planificar la salida de los combustibles fósiles. Para ello, es central diseñar y comenzar a implementar políticas que tiendan a reducir el protagonismo de dichos combustibles en la matriz energética argentina. Esta transición demanda la participación de todos los sectores de la sociedad y supone abandonar los viejos paradigmas de desarrollo energético, a la vez que requiere promover el uso eficiente y racional de la energía, dado que producir energía para mal gastarla o derrocharla no resulta estratégico, siquiera inteligente. Es necesario actualizar las estructuras de los organismos de gobierno que hoy son anacrónicas y representan la mirada del pasado. Pero esto no podrá lograrse si los funcionarios públicos encargados de esa misión están ligados a la industria petrolera, a las provincias petroleras, u otras corporaciones con intereses particulares en el mantenimiento de los combustibles fósiles.
Escenarios energéticos alternativos realizados por numerosas instituciones muestran la viabilidad de matrices energéticas basadas en renovables, la fuente energética más abundante en el planeta, y una demanda regulada por políticas de eficiencia energética. Estos modelos energéticos sostenibles han demostrado también una demanda sustancialmente mayor de puestos de trabajo que los modelos basados en combustibles fósiles, lo que reforzaría el impacto social positivo de dicha transición energética.
Argentina ha expresado su compromiso de carbono neutralidad al 2050 y, para cumplirlo, el espacio que cabe para los combustibles fósiles es el de satisfacer la demanda local. Sustituir importaciones mientras sea necesario y acompañar la disminución de emisiones del sector reemplazando los combustibles como la nafta y el diesel por gas natural en la producción de electricidad, el transporte y la industria, para luego gradualmente ir cediendo espacio a la electricidad producida a través de fuentes renovables y combustibles alternativos.
Replicando un modelo de explotación y exportación de nuestros recursos naturales no sólo no hemos logrado corregir que la mitad de nuestros habitantes se encuentren bajo la línea de pobreza. También ha agravado el hecho de que nuestros recursos son cada vez más escasos y que han disminuido las reales oportunidades de desarrollo, a la vez que hemos acumulado importantes deudas internacionales que frenan las posibilidades de crecimiento. Peor aún, cada dólar invertido en combustibles fósiles es un dólar que resiente otras economías como la agricultura y el turismo, además de la salud y el bienestar de la población al contribuir a aumentar los efectos negativos del cambio climático, demandando mayor inversión pública para su mitigación. El costo del cambio climático debe ser incluido en las evaluaciones económicas.
Es central que el Estado exponga de forma inmediata un plan claro, con metas cuantitativas y temporales que permita a la sociedad en su conjunto tomar decisiones de forma anticipada, involucrarse y alinearse en pos de la transición energética.
Si no somos capaces de dejar de mirar el futuro con los ojos del pasado, la ciencia ya nos ha anticipado cuáles serán las consecuencias para el planeta y la humanidad. La solución sólo será posible de forma colectiva, a nivel nacional y global. Y sabemos cómo hacerlo. Necesitamos empezar ahora.
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