
La decisión del gobierno nacional de impulsar a través de un proyecto de ley las inversiones petroleras en todo el país durante los próximos 20 años, con el objetivo de acelerar el desarrollo en todas las cuencas, enciende las alarmas de todos los movimientos de la sociedad civil que desde hace años venimos impulsando la descarbonización total al 2050, acorde con la gravedad de la crisis climática y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.
El argumento central es la necesidad de la divisa, de “ahorrar” 2.500 millones de dólares que anualmente se estarían usando para importar gas. La deuda global de Argentina es altísima: 355.000.000, de los cuales el 60% es en esa divisa.
Definitivamente, el ahorro de divisas no puede ser a costa de la promoción de una actividad altamente contaminante de las aguas de superficie y subterráneas con impactos comprobados científicamente sobre la actividad sísmica de las regiones afectadas. Entre ellas, el aumento de la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, la emisión subreportada de metano que exacerba el cambio climático mucho más que el bióxido y el dióxido de carbono, entre otras.
Esto ha derivado en una condena social que en nuestro país se expresó con total contundencia a fines del 2019, con la reciente asunción de Alberto Fernández en la presidencia, cuando tuvieron que dar marcha atrás con proyectos del sector en Mendoza porque a la pueblada mendocina se anunciaba una solidaridad total en todo el país.
Así, nos convertíamos en un reflejo de lo que pasaba en el mundo: la actividad suspendida en países como Uruguay y México y prohibida en Francia, Austria, Luxemburgo, Bélgica, Escocia, en gran parte de EE.UU y España.
La deficiencia subsidiada
A la falta de licencia social, se agrega que en nuestro país el gobierno pretende seguir subsidiando con el tesoro nacional -en un país empobrecido, con 22 millones de compatriotas dependiendo su subsistencia de un plan social- para que la actividad sea rentable, con lo que deja en claro que, si el móvil es el ahorro de divisas, es peor el remedio que la enfermedad.
A este contexto se suman los subsidios por 2.500 millones de dólares que recibe cada año el transporte público, deficiente desde lo social pero mucho más desde lo ambiental, fuente de contaminación del aire y uno de los principales responsables de las emisiones de CO2. A esto se suma el drenaje de dólares que no emitimos para pagar el 70% de los componentes importados de los automóviles de combustión interna que decimos fabricar en nuestro país.
Una revolución industrial de energías limpias sin discurso sucio
Mientras, en la Contribución Nacional Determinada (NDC), el Presidente afirma “reconstruirnos mejor” después de la pandemia, reconoce que nuestro país paga un precio muy alto por el impacto del cambio climático para después hacer mención a hacer un enorme esfuerzo en acciones de mitigación y adaptación que estima en 15.000 millones de dólares, haciendo alusión sólo al financiamiento internacional. Nosotros, ni un peso.
Para el año 2019, los subsidios a los combustibles fósiles representaron el 5% del presupuesto nacional. Alrededor de 209 mil millones de pesos, un tercio de las ganancias de las compañías más beneficiadas.
¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Presidente piensa que el mundo debería financiarnos para el cuidado del ambiente y la contención de la crisis climática, mientras el gobierno otorga presupuesto nacional a la industria de los combustibles fósiles y en particular la del fracking.
En este contexto de retroceso feroz en materia ambiental, los informes científicos advierten a la política que debe estar a la altura de un desafío sin precedentes. El cambio climático es una de las principales alertas: de seguir el rumbo actual, la temperatura media global de 1,5°C se adelanta 60 años al 2040, cuando en el mundo está en pleno desarrollo una tercera revolución industrial la de las energías limpias, la movilidad eléctrica y las comunicaciones. Este es el debate que vamos a dar de llegar al Congreso los Verdes.
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