La madre de una persona con una crisis de salud mental llamó al Estado para pedir asistencia y terminó con su hijo baleado. Ahora, en lugar de debatir la falta de capacitación de las fuerzas de seguridad y de inversión en mejores servicios de salud mental, algunos sectores intentan reinstalar la discusión a favor de la incorporación de pistolas Taser. Hace muchos años que desde Amnistía Internacional venimos advirtiendo sobre el impacto del uso de armas de electrochoque en los derechos humanos de las personas.
Resulta llamativo que sectores que se presentan en las antípodas ideológicas, como el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hayan salido en tándem a proponer que la disponibilidad de armas de electrochoque hubiera sido la solución al lamentable hecho que terminó con el impacto de bala contra el cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier. Es evidente que este tipo de pistolas son menos letales o dañinas que las armas de fuego, pero no están exentas de riesgos.
Nuestra organización viene monitoreando el uso de armas tipo Taser por parte de las fuerzas de seguridad en el mundo y reunimos evidencia de que muchas veces son utilizadas en situaciones injustificadas donde no hay riesgo de vida ni es el último recurso disponible.
Nuestros relevamientos en Estados Unidos y Holanda hallaron que, en los hechos, las Taser son utilizadas contra las personas más vulnerables, como aquellas con discapacidad mental o que viven una situación de trastorno mental, psicológico o crisis. Además, se aplican con frecuencia contra personas que ya están bajo control policial, incluidas las que están esposadas.
En general, los efectivos subestiman los riesgos relacionados con la salud y la vida de las personas expuestas. Estos riesgos se agravan especialmente en las personas vulnerables a las reacciones adversas de las descargas eléctricas, como las mujeres embarazadas, los ancianos, las personas que viven con enfermedades cardíacas o asma, y las personas bajo la influencia de drogas y medicamentos. En ese sentido, el Comité contra la Tortura de la ONU alertó a los Estados por las posibles consecuencias letales de los choques eléctricos; es decir, que su incorporación no garantiza el cuidado de la vida de quien recibe el disparo.
Un punto adicional clave es que la naturaleza misma de este tipo de armas presenta un alto riesgo de que se utilicen de manera inapropiada o indebida, incluyendo tratos o torturas crueles, inhumanas o degradantes. Las armas de electrochoque casi no dejan huellas y el sufrimiento serio causado a la persona no es visible. Como resultado, esto puede provocar que los agentes la utilicen con demasiada facilidad y rapidez, sin evaluar si la situación realmente justifica su uso y sin considerar opciones alternativas que causen menos sufrimiento y presenten un nivel de riesgo menor.
En nuestro país, Amnistía Internacional relevó durante los primeros meses de la implementación de las medidas de aislamiento por la pandemia en 2020 más de 30 casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza. El control, monitoreo, la capacitación y la rendición de cuentas de la labor de las fuerzas de seguridad respetuosa de los derechos humanos continúa siendo una deuda pendiente en Argentina. El debate sobre el uso o no de las Taser debe darse en el marco de una discusión seria y meditada sobre qué tipo de seguridad queremos en nuestro país. La solución demanda una transformación estructural que requiere de medidas integrales. Cualquier discusión aislada sobre el uso o no de armas Taser, no es seria.
No se puede afirmar livianamente, sin evidencia, que este tipo de armas es la solución para disminuir la letalidad de las intervenciones de los agentes sin medir los potenciales riesgos. Y es inadmisible que el debate del abordaje estatal ante una persona con una crisis de salud mental se reduzca a una falsa dicotomía entre plomo o electrochoques.
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