¿La pandemia lo cambió todo?

Día tras día vemos tan lejana nuestras prácticas cotidianas como el funcionamiento equilibrado de la república. Lejanas quedaron las solemnidades de los Códigos. Tanto del código de rito como las del mismísimo Código Penal, que ahora es casi como un añejo catálogo de sugerencias, en contraposición con las tan actuales “recomendaciones”. De pronto la pandemia lo cambió todo. Por un lado, se desdibujaron los límites de la consagrada división de poderes: el Ejecutivo legisla por decreto; el Legislativo, bien gracias; ¿y el judicial? El judicial, oscilante entre sus tribunales superiores improvisando entre la feria y el asueto, cuando no tratando de resolver el hacinamiento carcelario. Mientras que, en los órganos inferiores, al igual que en las trincheras, poniéndole el cuerpo tratando de contener la avalancha de pedidos que gracias a las decisiones de nuestros superiores y sus “recomendaciones” nos tapan. Jueces, funcionarios y empleados tratando de ser una Justicia súper exprés. Por el otro lado está la sociedad: a todos nosotros, los ciudadanos, se nos aisló y se nos limitó, pero aun no nos silencian. Ahora mismo suenan fuertes cacerolas en contra de decisiones que contrarían la tan mentada frase “los estamos cuidando”. ¿Será tan así?

En momentos de crisis es preciso fortalecer la institucionalidad. Los poderes deben estar más firmes que nunca, transitando mancomunadamente este momento inédito en Argentina y en el mundo. No es tiempo de mezquindades ni de tomar decisiones que lejos de aportar soluciones solo pueden agravar la situación y atentar contra el bienestar de la sociedad, que ya con el miedo al contagio y las dificultades económicas tienen bastante.

Cada poder debe aferrarse a la ley y cumplir el rol que le toca. Los jueces no dictamos leyes solo las aplicamos. La voluntad del legislador estipula claramente que beneficios puede o no gozar una persona que ha cometido un delito y cuáles son los requisitos que debe cumplir para ello. Los jueces no podemos de ninguna manera realizar creaciones que fuercen la letra y el espíritu de la ley y mucho menos obviarla. Juramos cumplir y hacer cumplir la ley, no juramos cumplir “recomendaciones”. Somos soberanos en el ejercicio de nuestra función de decidir y nuestras decisiones no pueden estar forzadas por problemáticas que nos exceden y que son resorte exclusivo del Poder Ejecutivo. Salvaguardar la vida de las personas detenidas es una de nuestras funciones, lo hacemos ordenando por ejemplo que se le brinde las condiciones de alojamiento adecuado, atención sanitaria y medidas de profilaxis extremas. Al igual que tener bien presente que además le debemos resguardo y respeto de todos sus derechos a las personas víctimas de delito, que ya han sufrido demasiado y a la sociedad en su conjunto. Nuestro rol es fundamental hace a la paz social y debemos responder fielmente al mandato de nuestra carta magna “afianzar la Justicia”. Y la justicia no se afianza si se toman decisiones generalizadas sin la participación de todos los actores involucrados, menos aun ignorándolos. No podemos de ninguna manera legitimar la violencia como mecanismo para la obtención de lo que se desea. Es absurdo que personas que han ingresado a prisión por haber cometido algún hecho de violencia egresen de prisión gracias a nuevos actos de violencia. Persisten en su elección violenta, ¿esa es la muestra de reinserción? Que el Covid-19 no nos afecte también el sentido de justicia y de lo que es justo. Afortunadamente somos muchos los jueces que lo tenemos muy claro y estamos dispuestos a hacer justicia, ¡Dios nos guarde!

La autora es titular del Juzgado de Ejecución Penal n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes