Señor juez, necesito un respirador

Alberto Biglieri es integrante del Consejo de la Magistratura porteño.
Alberto Biglieri es integrante del Consejo de la Magistratura porteño.

Las particularidades de la acción judicial ante la pandemia empiezan a despuntar en un horizonte que todavía no está cubierto por el pico de contagios.

He sostenido reiteradamente desde los estudios sobre las emergencias en la Argentina que el control judicial ha sido contraproducente en sus efectos, y antes, era inadmisible desde su misma presentación. Y como la excepción confirma la regla, memoro que la hiperactividad jurisdiccional durante el corralito salvaguardó el patrimonio y los ahorros de miles de argentinos. Claro, deberá recordarse que los jueces solo flexibilizaron las medidas de la emergencia económica en la relación entre los bancos y sus clientes.

La actividad coordinada y colaborativa de las autoridades gubernamentales de los distintos niveles estatales con responsabilidad sanitaria aparecen regladas en una serie extensa de normas y medidas elaboradas desde la experticia de los especialistas en infectología que no aparecen como un objeto lógico de contienda judicial. La corriente histórica jurisprudencial del llamado poder de policía, y en especial el de las cuestiones de salubridad, o la centralización de criterios como la de la causa de contaminación del Riachuelo aparecen como respuestas más armónicas para enfrentarse al fenómeno realmente viral que nos enfrenta.

La crisis global que nos ataca ofrece la posibilidad de aprender de las experiencias comparadas. En Uruguay y Chile las medidas sanitarias no llegaron al aislamiento obligatorio completo, de allí que no hubo actividad judicial trascendente en contra de los cierres de espacios públicos o del toque de queda. Aparece como un dato de color que los municipios transandinos fueron los que llevaron a tribunales la exigencia de implantar la cuarentena y vieron rechazadas sus peticiones. Solo sigue su curso otra acción de algunos intendentes que peticionaron a la autoridad sanitaria nacional los datos de los infectados, ante la negativa del gobierno de Piñera de proporcionarlos amparado en argumentar la sensibilidad y privacidad de esa información. En México tuvo curso una orden judicial de segunda instancia por la OMISIÓN del gobierno de implementar planes y políticas sanitarias contra el COVID. Claro, recordemos que López Obrador se enroló en el abordaje economicista de los efectos de la pandemia que enarbolaron Trump y Bolsonaro.

Un caso que merece un comentario especial es el de Colombia, donde existe una Justicia Administrativa diferente de la Judicial. Esos jueces son funcionarios políticos con mandatos periódicos y control disciplinario de la autoridad ejecutiva. No son miembros del poder judicial como nosotros lo concebimos. Allí, solamente en Colombia, esta rama de la administración con funciones jurisdiccionales dictó medidas de testeos a peticionantes asintomáticos, de alojamiento a turistas afectados por el aislamiento obligatorio y de provisión de insumos a los establecimientos penitenciarios.

Seguramente, habrá opiniones en contrario sobre la salida que buscó Paraguay. Pero lejos de poner en riesgo el sistema republicano, los hermanos guaraníes realizaron una serie de audiencias públicas en conjunto desde las máximas autoridades del ejecutivo, el legislativo y el judicial para escuchar a los expertos y coordinar el seguimiento de las medidas contra el coronavirus. Un respeto especial por el conocimiento científico que, naturalmente, se ubica en la administración, en las Universidades y la sociedad civil.

Es tiempo de que señalen el camino los sanitaristas e infectólogos. Les debemos deferencia. La primera instancia de decisión es sanitaria. Actuar con mesura se impone. Las instancias judiciales deben aguardar su turno, sin olvidar que el castellano abreva, como enseña la RAE, del Quijote. “Me encuentro ante un mar inestable" dijo el Ingenioso Hidalgo. Dicho en un uso moderno, y ajustando a los tiempos que corren, se escucharía repetir en los castigados territorios de Castilla, La Mancha, a toda España, que el virus nos ha puesto ante un océano inestable. El COVID no repara en instancias (judiciales), en inestabilidades ni en soluciones particulares o grupales. Estamos en un único colectivo, que es nuestra sociedad toda.

*Alberto Biglieri es miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y profesor de la UBA y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

TE PUEDE INTERESAR