
Por cada año adicional de escolarización se puede observar un crecimiento promedio anual del PBI en un 0,37%. Al mismo tiempo que se reconoce un aumento de hasta un 10%. en las ganancias de un individuo. También se estima que si todos los adultos completaran la educación secundaria, 420 millones de personas podrían salir de la pobreza. Estos datos surgen de un informe de la UNESCO.
De allí la trascendencia de internalizar socialmente esta información y de incorporar el amplio universo y las múltiples implicancias de la educación secundaria al diseño de las políticas públicas.
La relevancia de la educación secundaria ya no se discute. En Argentina, la importancia que le damos quedó plasmada en la normativa, cuando en 2006 se promulgó la ley 26.206 que establece su obligatoriedad. Sin embargo, aún no se han implementado las reformas necesarias para evitar la deserción en esta etapa.
Como siempre, la realidad se muestra un poco más compleja que la letra de la ley. Según los datos del Observatorio Argentinos por la Educación (2018) la cantidad de egresados en el nivel secundario creció 33% respecto de los indicadores de 2007. Sin embargo, la tasa de egreso del secundario a nivel país fue de 50,8 %, en 2017. Mucho mejor que en 2014 que no llegaba al 45%, pero lejos aún de ciertos estándares globales. Sin ir muy lejos, Chile alcanza un 81,2%. Un poco más lejos, Finlandia, por ejemplo, finalizó el 2018 con un 74,6 %. Por encima de Finlandia, se encuentran Estados Unidos con 89.4%, Alemania con 86,9 y Australia con casi 80%.
No todo es color de rosas. Por debajo de estas cifras está Brasil (45.1%), Colombia (48.5%), Guatemala (25.95) e incluso Francia, aunque con 73.0 %, según los datos publicados en el Institute for Statistics (UNESCO).
La pregunta que algunos nos hacemos es ¿Dónde debemos hacer foco? ¿Qué nos está pasando que apenas pasamos el 50% en la tasa de finalización del nivel secundario? ¿Qué están haciendo otros países? Muchos de los estados antes mencionados han introducido reformas en sus sistemas educativos que distan de la actual situación de Argentina.
En Finlandia, por ejemplo, los padres pueden elegir con total libertad qué escuelas quieren para sus hijos y sin embargo no existen opciones de escuelas privadas. Las escuelas son financiadas por el Estado y las diferencias entre las diversas instituciones es casi inexistente. En Chile, las reformas basadas en sistemas de rendición de cuentas, medición por resultados o libre elección de escuelas han adquirido centralidad en los últimos 40 años, aunque se llevan a cabo en un contexto político disputado. Si bien Estados Unidos, Nueva Zelanda e Inglaterra, entre otros, fueron pioneros en la implementación de este tipo de reformas, se ha podido observar un significativo aumento de otros países, como podría ser Colombia, que se han volcado en esta dirección.
En Argentina el avance de estas reformas choca con la fuerza originaria aún vigente de la Ley de Educación Común No 1420, sancionada en 1884, que cristalizó una matriz de pensamiento acerca de la educación en Argentina: laica, gratuita y obligatoria. Esta Ley apuntaba a la formación de ciudadanos y a la conformación de una identidad nacional, propia del surgimiento de los Estados Nacionales en el siglo XIX..
En los últimos 50 años, el crecimiento de la oferta privada de educación parece haber producido un quiebre en ese tradicional modelo del “Estado Educador” aunque sin por eso haber entrado en las nuevas tendencias educativas del siglo XXI.
La actualidad y el futuro demandan la formación de personas que puedan insertarse plenamente en el mundo productivo y en el desarrollo sostenible. La Nueva Escuela Secundaria y su hincapié en las prácticas profesionalizantes es uno de los vectores que apoyan el rumbo en esta dirección.
Qué educación queremos es un debate aún pendiente entre los argentinos. Pensar colectivamente lo público y lo privado en educación podría ser un buen comienzo.
La autora es investigadora asociada del CEPE Di Tella
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