Mejores policías, mejor seguridad

La Unidad de Garantía de Derechos Humanos para las fuerzas federales anunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, representa un acierto. Aunque un acierto involuntario. Puso el acento en una necesidad evidente: una política de seguridad democrática eficaz requiere el análisis del trabajo policial y la participación de sus protagonistas.

No es la primera vez que el Gobierno hace este tipo de anuncios: el uso de militares puestos a perseguir delincuentes y la inaplicable ley de derribo son buenos ejemplos. Demagogia peligrosa. Pero sobre todo probadamente ineficaz. La sociedad espera otra cosa del Estado. Soluciones prácticas y oportunas, que funcionen.

Un nuevo organismo, un nuevo anuncio, otro más de una gestión más preocupada por generar un debate mediático que por solucionar los problemas graves de seguridad. Pero al menos puede ser una posibilidad para pensar una de las grandes deudas que tenemos en el debate de la seguridad en Argentina: la necesidad de escuchar a los miembros de nuestras fuerzas a la hora de pensar la política de seguridad que necesitamos. Y esto es indispensable si queremos agregar el valor profesional y la experiencia de los miembros de las fuerzas de seguridad a las políticas públicas. Los policías requieren señales concretas antes que caricias retóricas, para realizar bien su trabajo.

Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y por el propio Ministerio de Seguridad, el 80% de la población teme ser víctima del delito. Los indicadores del miedo a la inseguridad son altos en todos los distritos. Los delitos con violencia que más crecieron ocurren en las calles y en el espacio público. Más allá de las estadísticas de los delitos denunciados efectivamente, los índices de victimización alcanzan hasta el 67% en algunas zonas del Conurbano bonaerense.

Los esfuerzos de los funcionaros deberían estar orientados a ordenar y mejorar la carrera profesional de los funcionarios policiales, jerarquizar los salarios del personal policial que presta servicio de calle o crear un régimen de atención especial a los uniformados que participan en enfrentamientos.

Según estadísticas judiciales, en 2017 fueron asesinados 39 policías en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Conurbano bonaerense. Es decir, un policía muerto cada 358 mil habitantes. La mayoría de estas muertes ocurren cuando los policías están fuera de servicio.

La Argentina es uno de los países con mayor proporción de policías por habitantes. Alrededor de 600 cada 100 mil personas. Esta situación, evidentemente, no se corresponde con niveles aceptables de eficiencia a la hora de la lucha contra el delito y la violencia. Los problemas de inseguridad y violencia requieren una mejor policía que cuente con capacitación continua, formación específica e incorporación de tecnología para mejorar la tarea cotidiana.

Hay antecedentes nacionales que deberían ser recuperados. Por ejemplo, los consejos provinciales de complementación de algunas provincias, conformados por cuadros electos por los  propios efectivos de las fuerzas.

La carrera profesional de nuestros policías debe tener una base fundamental de incentivos positivos para aquellos que desempeñan con compromiso su función y un mensaje igual de claro y contundente para los que utilizan el uniforme para delinquir.

A 35 años de la vuelta de la democracia es imprescindible fortalecer la conducción política de nuestras fuerzas de seguridad a partir de discutir el rol de nuestros policías en una sociedad con índices de violencia en aumento. Transferir la responsabilidad "exclusiva" de conflictos en materia vecinal, de tránsito y uso del espacio público a una fuerza de seguridad es correr el eje de su tarea principal: el combate del delito.

El autor fue secretario del Consejo de Seguridad Interior de la Nación.