Unos días antes del 3 de junio 2016, apremiado por una nueva marcha del movimiento social Ni Una Menos, el presidente Mauricio Macri presentó su Plan Nacional para la erradicación de la violencia de género. Los detalles fueron anunciados y Macri considerado como “el feminista menos pensado”. Hoy ya no lo es. El último presupuesto recortó partida de dinero para prevenir la violencia para cuidarnos. Concretamente, 11,36 pesos por mujer. Eso destina este año el presidente Macri a la batalla contra la violencia que produce un femicidio cada 28 horas, según el registro que llevamos en nuestro observatorio Vivas Nos Queremos.
Semejante “bla bla” marketinero deja en evidencia por qué una de las consignas que agita el movimiento feminista es “El Estado es responsable”. Lo es, claramente, porque en la batalla contra la violencia machista el Estado tiene una responsabilidad concreta. Y no es meramente discursiva: es plata.
Así lo entendió el movimiento feminista español, cuando desde las bases tejió una estrategia para terminar con los femicidios de cada día y salió a la calle en todo el país para reclamar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que, por supuesto, enunció medidas concretas, pero que fundamentalmente sintetizaron en un número que transformaron en bandera: 1.000 millones de euros. Esa era la cifra que exigieron al Estado para que las políticas no quedaran en bla bla.
Repito: millones de mujeres salieron a la calle a exigir mil millones de euros.
Las escuchó el Parlamento, que formó una comisión ante la cual hablaron las representantes de las organizaciones que habían bordado el plan y los acuerdos necesarios para impulsarlos juntas, sin dudas ni concesiones, y por eso mismo, con argumentos, testimonios, datos, casos, repitieron: mil millones sí o sí.
Se los dieron.
Sabemos que el Estado es responsable de que estemos soportando el shock que representa cada femicidio. Nosotras somos responsables de exigir el fin del “bla bla”. Para lograrlo, necesitamos un pacto básico, fundamental y no negociable, capaz de convocarnos y unirnos, hasta alcanzarlo. Un pacto que resuma los aspectos centrales en los que tenemos que trabajar para erradicar la violencia de género –justicia, salud, educación, prevención, contención, asistencia social-, pero que también tenga una cifra concreta que obligue al Estado a cumplir su rol: administrar los recursos sociales de acuerdo a las prioridades que tiene la sociedad.
La nuestra es vivir.
Libre y sin miedo.
Por nosotras, mujeres, trans, por nuestras hijas, hijos, hijes, y porque el imponente movimiento social Ni Una Menos no es bla bla: es dolor transformado en fuerza y en abrazo.
Y también es grito: avancemos.
La autora es diputada nacional (SOMOS).
