Extinción de dominio: herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico

Una norma que se viene haciendo esperar desde hace más de tres años. Ya Sergio Massa agitaba su necesidad en las postrimerías del Gobierno de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner. Sin embargo, y pese al reclamo de toda una sociedad, nunca pudo pasar con éxito el ámbito del Congreso de la Nación. Ciertamente, nada que pueda llamarnos la atención. Lamentablemente, la política se ha convertido en refugio de delincuentes; o si se quiere, en la herramienta favorita para delinquir sin consecuencias.

Los fueros de los legisladores fueron pensados en su origen como un instrumento para que estos pudieran desarrollar y esbozar sus políticas legislativas sin problemas. Hoy, en cambio, se utiliza la política para obtener fueros y así, por el solo hecho de obtener una banca, uno se vuelve inmune al accionar de la Justicia. Se ha vuelto algo habitual escuchar especulaciones como que tal o cual se presentarán como legisladores para obtener una banca y así eludir la responsabilidad penal que les pudiera corresponder, sin que nadie se sonroje. De igual suerte, todos somos testigos de absurdos como que personas procesadas o condenadas se mantienen incólumes invocando sus fueros por delitos que nada tienen que ver con la labor legislativa, llegando al extremo de permitir que puedan presentarse aún en esas condiciones para disputar la máxima magistratura del país, o renovar sus bancas y así seguir eludiendo por los años de los años la labor de la Justicia, sin pagar sus culpas. Por el contrario, disfrutando del botín que tan políticamente supieron conseguir.

Luego, si la política se ha convertido en el ámbito al que se recurre para refugiarse de los tentáculos de la Justicia, con cuánta más razón será el instrumento para defender los bienes mal habidos que se quieren preservar. Por eso no es de extrañar que una norma de estas características no logre superar la discusión parlamentaria; o que se la quiera desnaturalizar, presentándosela como una ley de cara al futuro, legitimando de esta forma fortunas millonarias mal habidas, cuyo origen espurio ya se encuentra exteriorizado e incluso en muchos casos confeso, tanto en los tribunales federales de nuestro país como en otros del exterior.

Para graficar lo que propuso el Senado, de no aplicar la ley retroactivamente sino de cara al futuro, es como si en Colombia el Congreso de aquel país propusiera una norma para legitimar y blanquear todo lo que de forma espuria hubiera generado Pablo Escobar traficando droga. Un grotesco o, en todo caso, una inmoralidad. De allí la necesidad del Gobierno de buscar sortear el escollo que se le presenta desde el Congreso de la Nación. De cara a una realidad que expone una causa como la de los cuadernos, que exhibe uno de los casos de corrupción más grandes del mundo, donde se pone en evidencia una defraudación al país por cientos de miles de millones de dólares y euros a la vista de todos, cifras obscenas que se ven reflejadas en lujosas casas, barrios cerrados, asombrosas e inimaginables extensiones de campos, lujosísimos hoteles, colecciones de autos, barcos, aviones, departamentos y cuentas en el exterior, y bolsos repletos de divisas en cabeza de personas que hasta el día anterior no tenían una moneda ni forma de justificar el día después su "espontánea" riqueza, obligan a cualquier país serio a generar una norma rápida y efectiva para recuperar el dinero mal habido.

Casos como los de Cristina Kirchner, que justificó su fortuna manifestando que fue una abogada "exitosa", cuando aun hoy no solo hay quienes controvierten su condición de abogada, sino que ciertamente no se le conoce ningún cliente ni actuación judicial o extrajudicial que justifique tamaña fortuna ni tan rotundo éxito; siendo que las grandes firmas de abogados o abogados de nota o éxito por lo general se conocen y reconocen entre todos. O las escandalosas fortunas repentinas de sus secretarios privados y de los de Kirchner, o el caso de Lázaro Báez, o el de los sindicalistas obscenamente millonarios que no se cansan de hacer ostentación de sus riquezas, o el delito de narcotráfico cada vez más instalado y virulento en el país, vuelven imperativo generar una norma que contemple esta situación y que permita no solo evitar que la inexistencia de ella aliente a que se continúe con estas conductas y prácticas ilícitas, sino que coadyuve a recuperar para las arcas del Estado el dinero producto de todos estos ilícitos.

En procesos descaradamente largos como los que permite nuestro sistema judicial actual, sin una legislación como la que dispone el DNU del Gobierno en materia de extinción de dominio, resulta imposible recuperar el producido mal habido. En los últimos años se ha impuesto a partir de la influencia de doctrinas como la de Zaffaroni que hasta tanto no exista sentencia firme, entendiendo por tal sentencia de Corte, continúa plenamente vigente la presunción de inocencia del condenado; aunque haya sido condenado en primera instancia, y ratificada dicha condena en cámara y en casación. Luego, para que este proceso se complete van a pasar muchísimos años. Tal lo que se puede observar en casos como lo de Carlos Menem, condenado en primera instancia, en cámara y casación, y pese a ello, sigue firme en su banca del Senado disponiendo la suerte de las leyes de este país. O el grotesco que se da, que la propia Cristina Kirchner debe decidir en el Senado sobre una ley que autorice o no la apropiación de bienes en casos como el que se le imputa a ella. De más está decir que en el mientras tanto que lleva todo este proceso para lograr finalmente una sentencia "firme", que va a consumir varias vidas de una mascota para que se pueda dimensionar su extensión, las causas se prescriben o los imputados se acogen a algún beneficio como el de la suspensión del juicio a prueba, o simplemente se mueren en el camino.

Por ello la importancia del DNU decidido por el presidente Mauricio Macri. Porque aporta una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico y contra delitos de esta entidad. Desde ya que hubiera sido preferible que una disposición de esta naturaleza hubiera sido resuelta por el Congreso de la Nación. A nadie se le escapa la vulnerabilidad del DNU. Pero seríamos hipócritas si no reconociéramos que esta norma está desde hace más de tres años rondando sin voluntad de ser aprobada por la Legislatura. Quizás ahora, a partir de este decreto de necesidad y urgencia que guste a unos y disguste a otros pero que ya es una realidad insoslayable, se dispare en el Congreso la oportunidad para que se lo discuta seriamente, y se disponga y resuelva una normativa con todas las formalidades con que sería dable esperar que cuente la nueva disposición.

El autor es abogado.