Un debate artificioso que no logró desunir

Cuando en aquel día de marzo, Mauricio Macri instaló en la agenda legislativa el debate sobre el aborto legal, muchos sentimos, con toda claridad, cómo el Presidente y su equipo -encabezado por el estratega comunicacional Jaime Durán Barba y seguido tácticamente por el poderoso jefe de gabinete de ministros-, se disponía a correr los temas centrales de la preocupación social y económica de la discusión pública.

Eran tiempos en los que los efectos de las decisiones gubernamentales ya comenzaban a calar más hondo en los sectores populares y en las clases medias trabajadoras; tiempos en los que el espadeo dialéctico y la confrontación de opiniones ideológicamente preconcebidas agotaban su interés, surgiendo en el escenario la cruda y dura realidad de los hechos. La merma en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, como consecuencia de los incesantes aumentos en la canasta básica, en las tarifas de servicios públicos, en el transporte, los combustibles y los medicamentos, sumada al ajuste sobre los salarios y las jubilaciones, comenzó a configurarse como un malestar social independiente de los posicionamientos político ideológicos. El tiempo de la opinión daba paso al crítico y siempre difícil campo de la realidad. Los gurúes del debate artificioso no podían admitir que el pueblo encontrara un camino de unidad y debían instalar una polémica lo suficientemente sensible como para comprometer a todos en disputas que garantizan la dispersión y evitan que esa unidad popular produzca acciones que limiten la capacidad de daño del gobierno en su política de endeudamiento, ajuste y retiro del Estado.

Efectivamente ocurrió. Algunos insistimos en no correr el eje de la discusión, focalizando el problema en un gobierno que profundiza las desigualdades en lo cotidiano de los hombres y mujeres que luchan por el trabajo y por el pan.

Pero, a medida que se fue conociendo el proyecto, iba siendo necesario defender una mirada de sociedad que garantice la dignidad de las personas en su realización individual y comunitaria. El debate dejó de ser un problema solo de opiniones individuales abstractas y comenzó a impactar sobre el futuro modelo de organización política. La coherencia de un proceso de ampliación de derechos no debe perder de vista nunca la existencia concreta de personas cuyo proyecto de vida pensaba ser descartado.

Los argumentos en uno y otro sentido fueron expuestos. Muchos de ellos, aferrados a la discusión de estilo sofista, encararon el debate desde el efectismo argumental, intentando encasillar al pensamiento del otro en el terreno de las descalificaciones de todo tipo. Pero nuevamente la realidad de fondo afloró entre la madeja de opinología, interpelando de frente a la responsabilidad de la política: el desafío es el de organizar nuestro pueblo para salir de forma creativa, comprometida, mancomunada, de la trampa según la cual, para garantizar un derecho individual, el único camino posible es el de mancillar el derecho de los otros y de todos en conjunto. La salida peronista nunca es por ahí. Nosotros creemos profundamente en la dignidad de la persona y, siguiendo el modelo político-filosófico de la comunidad organizada, aspiramos a que cada argentino tenga la oportunidad de ser, de aportar su particularidad irrepetible, de realizarse en comunidad, de encontrar su misión en la vida, en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo.

Finalmente el Senado votó, rechazando el proyecto que venía de Diputados. Resulta a todas luces cierto que el voto de hoy en el Senado no alcanza para lo que debemos encarar en el futuro, a partir de hoy mismo. La vida de los argentinos y las argentinas por nacer, así como la de sus madres, padres, hermanos y hermanas, exige la presencia de un Estado y la suficiente organización popular comunitaria como para que nunca más abandonemos a su suerte a las mujeres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad que tengan que vivir como un drama personal un embarazo, cayendo muchas veces en prácticas que ponen en riesgo su propia vida.

El Estado y la organización de nuestras comunidades, muy por el contrario,  deben agotar todos los esfuerzos para garantizar una realización armónica de los derechos de todos, empezando por el derecho primero que es el de la vida, por el cual estoy convencido que luchan todos los que fueron parte de este debate. Desde hoy mismo debemos trabajar en marcos jurídicos y políticas públicas que, lejos de penalizar a la mujer, la acompañen, la dignifiquen, le den mayor protagonismo e igualdad en todas las relaciones sociales. Solo así podremos incrementar su dignidad y aprovechar su riquísima y necesaria participación movilizante y movilizada, en favor de mayores derechos y una mejor democracia.

El autor es diputado provincial bonaerense por Unidad Ciudadana