Los ciclos de una economía en continua decadencia

La reciente corrida cambiaria interna, si bien fue la consecuencia de una turbulencia financiera de la siempre dinámica globalización, resultó muy disímil en su cuantía de las ocurridas en otros países emergentes del mundo e incluso de Latinoamérica. En nuestro caso, la corrida cambiaria fue amplificada por una nueva crisis de confianza, tanto externa como interna, en la capacidad de nuestra organización política y económica. Ello nos debería servir para recordar nuestra condición de país aún no homólogo al mundo moderno actual.

La muy necesaria conciencia de nuestra anormalidad no la dan las sucesivas coyunturas críticas que cíclicamente atravesamos, siempre atrasando nuestro desarrollo, sino la mirada histórica de nuestra continua y grave decadencia. A principios del siglo XX, el PBI por habitante de Argentina era superior al promedio de la veintena de los países más desarrollados por entonces, con los que compartíamos similares ansias de progreso. Actualmente, nuestro PBI per cápita apenas supera la mitad del promedio de esos mismos países, todos los cuales alcanzaron aquellas aspiraciones.

La divergencia argentina con el desarrollo encuentra una de sus principales causas en la alta volatilidad de nuestra economía. Desde 1910 atravesamos 10 crisis muy graves, con caídas anuales del PBI superiores al cinco por ciento. Ello provocó que en los últimos 60 años declaremos ocho veces la cesación de los pagos de nuestra deuda pública externa, algunas veces hasta festivamente. Desde entonces, a uno de cada tres años lo hemos transcurrido en situaciones de recesión económica, sin crecimiento. La acumulación, siempre sin aprendizaje, de las sucesivas y similares crisis hizo que la decadencia argentina se haya naturalizado, tanto para nosotros como para la curiosidad y el asombro del mundo.

Como en todo círculo vicioso, sus efectos se transforman, casi inmediatamente, en sus renovadas y propias causas: una muy baja calidad de la llamada "gobernanza democrática", entendida esta como la capacidad institucional de un país para alcanzar un conjunto de mínimos acuerdos básicos, pacíficos y racionales, en especial en lo que se refiere a la puja por la distribución del ingreso nacional, que generalmente ocurre en complejos contextos de continuos déficits fiscales, financiados ya sea con emisión monetaria y con la elevada inflación que se deriva o con una creciente deuda pública y las posteriores cesaciones de los pagos.

La desconfianza entre los diversos sectores sociales y económicos de nuestro país es muy elevada, lo que deriva en un insuficiente ahorro interno formal, una muy escasa inversión y una muy baja inserción en el comercio exterior, entre otros efectos, todos nocivos para el desarrollo. Bajo esas fuertes restricciones continuas, la productividad resulta necesariamente muy baja y, por ende, los problemas de competitividad son abundantes, lo que agrava aún más la puja por la renta nacional. Las graves fallas de los sistemas de salud y de educación pública derivan, a su vez, en problemas de empleo, de pobreza y de desigualdad.

La generalizada insatisfacción que lógicamente se genera resulta en las enfrentadas polarizaciones que observamos y en los gobiernos que, en una mayor o menor medida y hasta demandados por la propia sociedad, practican con afanes electorales de corto plazo, siempre necesarios para sostenerse en el poder, políticas públicas llamadas "populistas", ofreciendo recurrentes soluciones simplistas e ineficaces a problemas en realidad muy complejos. Hace alrededor de siete décadas que estamos en esa trampa de bajo crecimiento que, a su vez, incuba un subdesarrollo sustentable, ya naturalizado.

Los exacerbados y cruzados prejuicios ideológicos, llevados a extremos enfermizos y contaminados con la decadencia moral de la corrupción, obnubilan continuamente las visiones de las salidas posibles de la referida trampa de bajo crecimiento y, así, el subdesarrollo hasta se constituye en la contradicción de una hipotética zona de (in)confort. Pese a que a las salidas las conocemos, no queremos recorrerlas voluntariamente y recurrimos a tutores, generalmente externos, que obligamos a asumir el temido y necesario papel ordenador, que rechazamos.

Un sistema político muy complejo, una economía bimonetaria de hecho (con pesos para consumir en el corto plazo y dólares para ahorrar e invertir en el largo plazo), un déficit fiscal persistentemente elevado, un sistema financiero local muy reducido y, como consecuencia, una permanente y alta dependencia del ahorro externo; son todas fuertes restricciones simultáneas que obligan a comprender el desafío de un nuevo programa de estabilización fiscal que no sea devorado, como todos los anteriores, en pocos meses.

El desarrollo no se alcanzará equilibrando las cuentas públicas en el actual nivel de gasto público superior al 40% del PBI. Es menester reducir el gasto público improductivo en términos sociales y económicos, disminuyendo simultáneamente la actual presión fiscal que agobia al sistema productivo argentino. Ello no sería necesariamente un sinónimo de recesión, si entendiésemos que el crecimiento económico no se sustenta exclusivamente en el gasto público y en el consumo. Las inversiones y las exportaciones pueden y deben ser los valiosos complementos de la recuperación de nuestro país.

El autor es presidente de la Fundación Pensar Santiago.