La sequía afecta a 1.32 millones de nicaragüenses en el Corredor Seco, pero el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no declaró la emergencia ni presentó un plan de contingencia, mientras Honduras, Panamá y El Salvador ya activaron sus máximos niveles de alerta ante el mismo fenómeno.
Así lo denunció este viernes Ciudadanos por la Libertad (CxL), partido opositor nicaragüense de centro derecha que opera desde el exilio, según informó la agencia EFE.
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El colectivo acusó al régimen de “indolencia” frente a lo que calificó como “la perjudicial situación de sequía” que atraviesa Centroamérica, con consecuencias directas sobre 37 de los 153 municipios del país.
Déficit de lluvias de hasta 70% en el Corredor Seco
Las precipitaciones en esa franja de 37 municipios nicaragüenses estuvieron entre 45% y 65% por debajo de los promedios históricos, con picos de hasta 70%, según la estimación de un especialista en monitoreo climático citado por CxL ante EFE.
Los productores de Chinandega, León y Managua, en el Pacífico, reportan pérdidas totales de maíz y frijol en la primera siembra del año.
El fenómeno tiene respaldo científico. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó el 3 de septiembre una probabilidad cercana al 100% de que El Niño se extienda hasta febrero de 2027, con temperaturas oceánicas ya más de 2°C por encima de lo normal.
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El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos estimó el 10 de septiembre una probabilidad superior al 90% de que el episodio sea “muy fuerte” durante el otoño e invierno boreales de 2026-2027, con un 75% de chances de que supere todos los registros desde 1950.
Para Nicaragua, advirtió CxL a la agencia, eso “significa sequía y para el Corredor Seco sequía severa” al menos durante los primeros meses de 2027.
La expulsión de la FAO dejó a Nicaragua sin evaluación independiente
La dimensión del problema se agrava por una decisión política previa: la expulsión de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el cierre de cientos de organizaciones no gubernamentales bajo el régimen sandinista.
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Esa medida dejó al país fuera de las evaluaciones independientes de daño que sí se realizan en Guatemala, Honduras y El Salvador, señaló CxL ante EFE.
“Ni siquiera ha actualizado las estadísticas de evolución de las cosechas, mucho menos ha presentado a la población un plan de contingencia ante la pérdida casi segura de una buena parte de la producción agropecuaria”, denunció el partido. Tampoco “ha declarado emergencia ni creado fondos de asistencia”, agregó.
El contraste con los vecinos es directo. Un relevamiento publicado en septiembre por Infobae confirmó que Honduras, Panamá y El Salvador declararon emergencia nacional por sequía, mientras Nicaragua no lo hizo.
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El gobierno hondureño colocó 234 de sus 298 municipios bajo alerta, con 75 zonas en alerta máxima, incluida Tegucigalpa, con 1.7 millones de habitantes.
El agro representa el 16.5% del PIB y el 35% de las exportaciones
Los números en juego son considerables. El sector agropecuario nicaragüense equivale al 16.5% del Producto Interior Bruto (PIB) del país e impulsa el 35% de las exportaciones totales, según datos del Banco Central citados por EFE.
Una pérdida de cosecha repercutiría de forma directa en los ingresos de miles de familias y en el abastecimiento regional.
A escala centroamericana, la crisis ya es grave. Un informe conjunto de Oxfam y Acción contra el Hambre, realizado en 58 municipios de Guatemala, Honduras y El Salvador, documentó que más de 70,000 familias productoras de maíz perdieron entre 75% y 100% de su cosecha en el ciclo de primera de 2026, y que el 64,2% de los hogares que aún conservan reservas estimó que estas alcanzarán para tres semanas o menos.
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La FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ubicaron al Corredor Seco entre los 13 focos críticos globales que requieren atención urgente entre junio y noviembre de 2026.
El PMA estimó que un fortalecimiento del fenómeno podría empujar a 49 millones de personas adicionales en el mundo a la inseguridad alimentaria aguda.
CxL pide presión internacional ante la inacción del régimen
El partido opositor, cuyo coordinador es Juan Sebastián Chamorro García —sobrino político de la fallecida expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y dirigente desnacionalizado por el régimen—, fue ilegalizado en el contexto de las elecciones generales de noviembre de 2021. Opera desde el exilio y emitió su declaración desde San José, Costa Rica.
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“En contraste con países igualmente afectados que han tomado medidas al respecto, la dictadura ha mostrado su habitual indiferencia ante las necesidades urgentes de la población”, advirtió el colectivo a EFE.
CxL instó a los organismos internacionales y a los países vecinos a ejercer presión para evitar un mayor costo de las pérdidas, con el argumento de que la inacción del régimen repercutirá en la escasez de alimentos en toda Centroamérica.
“En una Nicaragua democrática y transparente, este tipo de indolencia no será permitida”, advirtió el partido. “El regreso de los organismos internacionales permitirá a la comunidad internacional implementar programas de mitigación de los efectos”.
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