El régimen de Nicaragua publicó oficialmente la reforma que pone fin a las elecciones con oposición

La Gaceta, Diario Oficial, publicó la mañana de este miércoles la certificación de la reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua, aprobada la tarde anterior por la Asamblea Nacional en una sesión especial celebrada en la ciudad de León.

El texto, consignado en la edición número 163 del Diario Oficial, formaliza por escrito lo que Daniel Ortega había anunciado el 19 de julio pasado: que en el país no volverá a haber elecciones con participación de partidos opositores.

La reforma modifica 13 artículos de la Carta Magna. El artículo 12 establece que “ninguna ley, reglamento o normativa emitida por otro Estado, grupo de Estados u organismo internacional” que ponga en riesgo la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la seguridad o la paz del pueblo nicaragüense “surtirá efectos jurídicos en el territorio nacional”.

Prohíbe la oposición

El artículo 47 dispone que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ejercer cargos públicos quienes hayan ejercido dirección, liderazgo, financiamiento o cualquier vinculación con la planificación, preparación o ejecución de un golpe de Estado; quienes incurran en actos que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la seguridad o la paz del país, inciten o promuevan la injerencia extranjera, pidan intervención militar, se organicen con financiamiento del exterior o respalden sanciones contra el Estado nicaragüense; “los traidores a la Patria”; y quienes hayan violentado los principios fundamentales de la Constitución. Ese mismo artículo prohíbe a estas personas integrar junta directiva de partido u organización política alguna.

El régimen de Ortega y Rosario Murillo define como “traidores a la patria” o “golpistas” a los opositores.

El artículo 152 amplía las atribuciones del Consejo Supremo Electoral, que queda facultado para “otorgar o cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos” constituidos con financiamiento extranjero o cuyos directivos hayan violado los principios fundamentales de la Constitución, así como para “verificar e imponer las sanciones correspondientes” a candidatos, funcionarios electorales o integrantes de juntas directivas de partidos que incurran en actos que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la seguridad o la paz.

La reforma también extiende de seis a siete años los períodos de los cargos de elección popular y de designación por la Asamblea Nacional, entre ellos la Presidencia y la Copresidencia, las diputaciones ante la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano, las alcaldías, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, y las jefaturas del Ejército y de la Policía Nacional.

Los períodos de las autoridades ya electas en las últimas elecciones generales, municipales y regionales quedan ampliados de pleno derecho a siete años. Un artículo adicional traslada la fecha de toma de posesión del Copresidente y la Copresidenta de la República del 10 al 18 de enero, en homenaje al poeta Rubén Darío.

La sesión que aprobó la reforma en primera legislatura se realizó el martes en la Plaza Juan José Quezada de León, bajo el nombre de sesión solemne “Orgullo de mi País”, en el marco del inicio del llamado Mes de la Patria.

La iniciativa fue aprobada a mano alzada y por unanimidad, en lo general y en lo particular, según la certificación firmada por la primera secretaria de la Asamblea Nacional, la diputada Loria Raquel Dixon Brautigam.

El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, presentó la votación como el cierre de un proceso de consulta nacional de 36 días en el que, según sus palabras, participaron más de 300 mil personas de distintos sectores, gremios e instituciones del Estado. Para entrar en vigor, la reforma deberá ser ratificada en una segunda legislatura, prevista para enero de 2027.

Sin embargo, las llamadas “consultas” del régimen fueron una cadena de exposiciones a sectores representados por los propios hijos de la pareja gobernante, instituciones subordinadas, y organizaciones de militantes. Nadie discrepó.

La aprobación provocó una reacción inmediata del gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Estado emitió un comunicado en el que afirmó que la Asamblea Nacional sandinista erosionó la ficción de la democracia nicaragüense al reescribir la Constitución para afianzar lo que calificó de dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de elecciones libres y justas.

Reacciones desde Estados Unidos

El secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en su cuenta de la red social X que la Asamblea Nacional de los Murillo-Ortega “destripó lo que quedaba de la democracia de Nicaragua” en la segunda reescritura constitucional en dos años, y adelantó que Washington implementará medidas coincidiendo con la próxima reunión ministerial de la Organización de Estados Americanos para que el hemisferio deje de hacer negocios como de costumbre con la dictadura.

La congresista republicana de Florida María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes y una de las voces más constantes del Congreso estadounidense contra el régimen de Ortega y Murillo, había advertido en julio, tras el anuncio original de Ortega, que “cuando un dictador comunista sabe que el pueblo lo sacaría por la vía del voto, le quita el voto al pueblo”, y que la represión, el miedo y la fuerza se convierten entonces en la única forma de mantenerse en el poder.

Salazar sostuvo entonces que el régimen le había declarado la guerra al derecho del pueblo nicaragüense a elegir su propio futuro, pidió a Estados Unidos aumentar la presión sobre el régimen, y cerró su mensaje con una advertencia: “Después de Cuba, Nicaragua es la siguiente”.

El coordinador del partido opositor Ciudadanos por la Libertad, Juan Sebastián Chamorro, calificó la reacción del Departamento de Estado como significativa por su referencia a los beneficios económicos que recibe Nicaragua en comparación con gobiernos comprometidos con la seguridad hemisférica.

“Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían disfrutar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad hemisférica”, citó Chamorro del comunicado estadounidense, en el que Washington “insta a sus socios internacionales a poner fin de inmediato a las relaciones habituales con esta brutal dictadura”.

Chamorro explicó que el tratamiento comercial privilegiado del país ya está en riesgo, pues Nicaragua es actualmente investigada bajo la ley de comercio estadounidense, lo que permitiría imponer aranceles especiales sin necesidad de suspenderla del CAFTA, y recordó que existen además relaciones económicas a través del SICA con los países centroamericanos.

Señaló que casi el 50 por ciento de las exportaciones nicaragüenses van hacia Estados Unidos y que “miles de empleos podrían estar en peligro”, y atribuyó esa responsabilidad “exclusivamente” al gobierno de Ortega.

Chamorro sostuvo que la mención a la seguridad hemisférica en el comunicado del Departamento de Estado es igualmente relevante, pues “un país declarado amenaza a la seguridad no deja de serlo hasta que se den los cambios” en ese país.

Consideró que Ortega “pasó una línea roja el 19 de julio” y que, en lugar de recular, avanzó en lo que describió como “su farsa de reforma constitucional”, apostando a que la administración estadounidense no lo tomaría en serio.

A su juicio, la respuesta del Departamento de Estado demuestra que esa apuesta fue errada y que la eliminación de las elecciones tendrá “consecuencias graves para el país”.