¿Vive Brooklyn Rivera? Estados Unidos, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, Amnistía Internacional y su hija, Tininiska Rivera, han pedido a la dictadura de Nicaragua una “prueba de vida” del líder indígena apresado hace más de dos años, sin que hasta ahora se sepa nada de él.
La demanda más reciente vino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. El 13 de marzo de 2026 denunció públicamente que el régimen mantiene encarceladas a personas mayores y enfermas como Rivera.
La dependencia señaló que estos detenidos permanecen en condiciones inhumanas, privados de derechos básicos y atención médica, y calificó de “inconcebible” la crueldad contra quienes disienten.
“La dictadura de Murillo-Ortega sigue manteniendo encarceladas a personas mayores y enfermas como Brooklyn Rivera. Estas personas fueron encarceladas simplemente por discrepar con el régimen y permanecen injustamente detenidas en condiciones inhumanas, privadas de derechos básicos y atención médica. La crueldad del régimen hacia quienes se atreven a alzar la voz es inconcebible”, señaló la oficina en su cuenta de X.
Washington ha puesto el caso como ejemplo del deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, en particular por tratarse de un dirigente de 73 años cuyo estado de salud genera preocupación.
Amnistía Internacional se sumó a esta exigencia al advertir que la falta de información sobre el paradero y estado de salud de Rivera constituye una violación grave de derechos humanos.
Astrid Valencia, directora adjunta de Investigación para las Américas, afirmó que mantenerlo incomunicado y sin acceso a familiares ni abogados agrava las violaciones ya existentes y obliga al Estado nicaragüense a demostrar sin demora que se encuentra con vida.
La organización ha incorporado el caso en una campaña internacional junto a otros presos de conciencia, señalando que fue detenido por defender los derechos de su pueblo.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, formalizó su reclamo el 12 de marzo de 2026 mediante una carta dirigida a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En la misiva, firmada por Jan-Michael Simon, Ariela Peralta y Reed Brody, solicitaron información oficial que permita determinar la suerte y el paradero del dirigente indígena. El grupo subrayó que desde su detención no se conocen ni los motivos, ni su estado de salud, ni el lugar donde permanece recluido, por lo que exige datos “precisos y completos” sobre su situación.
La exigencia más persistente ha sido la de su hija, Tininiska Rivera, quien desde el exilio ha mantenido una campaña constante para saber qué ocurrió con su padre.
Desde 2023 ha denunciado el caso ante organismos internacionales, incluida la Unión Interparlamentaria y mecanismos de Naciones Unidas. Insiste en que fue detenido vivo, consciente y con un estado de salud estable, y que así debería ser presentado. Su testimonio refleja una incertidumbre alimentada por rumores contradictorios sobre su condición.
Brooklyn Rivera es uno de los líderes indígenas más conocidos de Nicaragua y durante más de cuatro décadas ha sido una figura importante en la defensa de los derechos territoriales, políticos y culturales de los pueblos de la Costa Caribe.
Nacido en la región miskita, emergió como dirigente en los años ochenta, cuando lideró estructuras armadas indígenas que se enfrentaron al gobierno sandinista de la época en el contexto de la guerra civil.
A mediados de esa década participó en negociaciones con el gobierno para establecer un cese al fuego, en un proceso que marcó el inicio de su tránsito hacia la política institucional. Posteriormente ocupó cargos públicos, incluyendo una posición ministerial durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.
Con el paso de los años, mantuvo una relación cambiante con el sandinismo, alternando entre la confrontación y la alianza política.
En la etapa más reciente de su trayectoria, Rivera se consolidó como líder del partido indígena Yatama, una organización cuyo nombre en lengua miskita significa “Hijos de la Madre Tierra”.
Desde Yatama logró representación parlamentaria y fue electo diputado en las elecciones de noviembre de 2021, convirtiéndose en una de las principales voces indígenas dentro del sistema político nacional y aliado del régimen de Daniel Ortega.
Su última aparición internacional relevante ocurrió entre el 18 y el 28 de abril de 2023, cuando participó en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, en Nueva York.
En ese espacio denunció la invasión de colonos en territorios indígenas y cuestionó la falta de protección estatal a los derechos de esas comunidades, lo que lo colocó nuevamente en una posición crítica frente al gobierno.
Tras ese viaje, el régimen le impidió regresar a Nicaragua por vía regular. Rivera optó por ingresar al país en mayo de 2023 a través de la zona de la Mosquitia, en la frontera con Honduras. Durante los meses siguientes permaneció en resguardo, cambiando de ubicación para evitar su captura, consciente del riesgo que enfrentaba.
El 29 de septiembre de 2023, alrededor de las 8:30 de la mañana, fue detenido por la Policía en su vivienda en Bilwi, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Desde ese momento no ha existido información oficial sobre su paradero. No hay registro judicial, ni acusación formal, ni confirmación de su lugar de detención. Su familia no ha podido verlo ni comunicarse con él.
El arresto de Rivera fue seguido por una serie de acciones contra su entorno político. Su diputada suplente, Nancy Elizabeth Henríquez, también fue detenida y posteriormente condenada.
El Consejo Supremo Electoral canceló la personalidad jurídica de Yatama y despojó a sus representantes de sus cargos, alegando violaciones a la soberanía nacional bajo la Ley 1055.
Desde entonces, el caso ha sido caracterizado por organismos internacionales como “desaparición forzada”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor el 9 de octubre de 2023, al considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia. Sin embargo, los recursos legales interpuestos en Nicaragua, incluidos dos habeas corpus presentados por su familia, fueron ignorados.
El silencio del régimen ha sido constante. No ha emitido información oficial sobre su estado, su ubicación o las razones de su detención. Este vacío ha sido señalado por organizaciones internacionales como parte de un patrón más amplio de represión y opacidad institucional.
El Grupo de Expertos de la ONU documentó en su informe del 10 de marzo de 2026 al menos 75 casos de desaparición forzada en el país, de los cuales varios, incluido Rivera, permanecen sin esclarecimiento.
En ese mismo informe, el grupo indicó que el sistema judicial nicaragüense no admite recursos de habeas corpus en estos casos, dejando a las familias sin mecanismos efectivos para conocer la situación de sus parientes. También advirtió que el temor a represalias limita la denuncia de nuevos casos, lo que sugiere que la cifra real podría
Tras la detención de su padre, Tininiska Rivera, denunció que fue objeto de acoso, perdió su empleo, tuvo sus cuentas bancarias bloqueadas y se vio obligada a salir del país el 10 de octubre de 2023. Desde el exilio ha reiterado que su única herramienta es visibilizar el caso y presionar para obtener respuestas.
En foros internacionales ha descrito el proceso como un “calvario” marcado por la incertidumbre. Ha relatado que ningún preso ha confirmado haber visto a su padre en centros de detención y que no existe rastro administrativo de su caso en instituciones oficiales.
También ha denunciado rumores recurrentes sobre su estado, incluyendo versiones de enfermedad grave o incluso de su muerte, sin que ninguna haya sido confirmada.
El Grupo de Expertos de la ONU ha insistido en que el Estado nicaragüense tiene la obligación de informar sobre el paradero de Rivera y garantizar sus derechos. En su carta de marzo de 2026, además de solicitar información, expresó su expectativa de una “colaboración constructiva” por parte del gobierno para cumplir con su mandato de investigación sobre violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional, por su parte, ha advertido que el caso de Rivera es parte de una iniciativa de persecución contra líderes indígenas y defensores de derechos humanos. La organización ha insistido en que Rivera debe ser liberado de forma inmediata e incondicional, al considerar que su detención responde al ejercicio de sus derechos.
Mientras tanto, fuentes citadas por medios han señalado que podría encontrarse bajo custodia policial en un hospital estatal en Managua y en condición grave de salud, pero estas versiones no han sido confirmadas ni por su familia ni por el régimen. La ausencia de información verificable mantiene el caso en un limbo que se prolonga por más de dos años.
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