El manejo de materiales peligrosos vuelve a estar en agenda en Argentina y en la región, en medio de un creciente escrutinio sobre los protocolos de retiro, transporte y disposición final de sustancias riesgosas. El debate se instala cada vez que una cadena logística falla en algún tramo, desde la generación hasta el destino final del residuo.
La logística inversa de residuos peligrosos comprende el conjunto de procesos que permiten recolectar, transportar, tratar y disponer de manera segura aquellos materiales que, tras su uso, representan un riesgo sanitario o ambiental. En sectores como salud, energía nuclear e industria química, esta cadena requiere trazabilidad total desde el generador hasta el destino final.
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Qué establece la normativa vigente
En Argentina, la Ley Nacional 24.051 regula la generación, el transporte, el tratamiento y la disposición final de residuos peligrosos, e incluye a los desechos patológicos, farmacéuticos y de la industria química. La norma exige la inscripción de generadores, transportistas y operadores en un registro nacional habilitado por la autoridad ambiental.
El sistema de manifiesto electrónico, conocido como SIMEL, permite documentar cada movimiento de residuos peligrosos dentro del territorio para garantizar el control estatal. Sin ese registro y sin un cronograma de retiro efectivo, los materiales quedan expuestos a deterioro, manipulación indebida o abandono prolongado en cualquier tipo de instalación.
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Qué pasa cuando el retiro se interrumpe
Cuando un proceso de retiro queda suspendido o judicializado, los residuos permanecen en el lugar de generación sin custodia especializada. Esto puede derivar en pérdida de trazabilidad, exposición de personal no capacitado y riesgo de contaminación del suelo o de cursos de agua cercanos.
En ese tipo de escenarios, la responsabilidad suele diluirse entre distintas jurisdicciones y organismos, lo que prolonga la exposición al riesgo. La normativa vigente busca justamente evitar esos vacíos mediante protocolos de disposición final certificada y cadena de custodia continua, sin interrupciones administrativas ni judiciales.
Goiânia, el antecedente regional que marca el límite del riesgo
El accidente radiológico de Goiânia, Brasil, en 1987, sigue siendo la referencia obligada sobre las consecuencias extremas de un manejo irregular de material peligroso. Una cápsula de cesio-137, extraída de un equipo de radioterapia abandonado, se comercializó como chatarra y provocó la muerte de cuatro personas y la exposición de más de cien mil.
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El caso volvió a la conversación pública en 2026 tras el estreno de una miniserie internacional inspirada en el episodio, lo que renovó el interés por el destino final de esos residuos. Hoy, los desechos radiactivos permanecen confinados en un depósito definitivo en Abadia de Goiás, bajo control ambiental permanente y monitoreo constante.
Condiciones mínimas para un protocolo de retiro confiable
Especialistas en gestión ambiental coinciden en que una logística inversa efectiva para material peligroso debe sostenerse sobre condiciones verificables y auditables, más allá del marco legal vigente en cada país. Entre esas condiciones se destacan la trazabilidad documentada desde el generador hasta la disposición final y una cadena de custodia sin interrupciones durante traslados o desalojos.
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A eso se suma la necesidad de contar con personal capacitado en manipulación de sustancias de riesgo, planes de contingencia ante bloqueos judiciales o administrativos, y una articulación sostenida entre autoridades sanitarias, ambientales y de seguridad.
La ausencia de cualquiera de estos eslabones multiplica el riesgo, tal como evidencia el antecedente brasileño, cuyas lecciones siguen vigentes casi cuatro décadas después: la interrupción de la cadena de retiro deja expuestos a comunidades enteras a un peligro evitable.
La experiencia regional deja una enseñanza logística central: la disposición final de material peligroso no puede depender de decisiones coyunturales ni de conflictos entre jurisdicciones. Fortalecer los protocolos de retiro, con controles interinstitucionales y trazabilidad digital, será clave para que la región evite que nuevos abandonos se conviertan en pasivos ambientales de largo plazo.
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