La Secretaría de Transporte oficializó la Resolución 82/2025, una medida que extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la vida útil de los vehículos afectados al transporte de sustancias peligrosas correspondientes a los modelos 2013, 2014 y 2015. La decisión responde a pedidos del sector y busca evitar la inmovilización de unidades en plena recomposición de la actividad logística.
La normativa vigente establece límites estrictos de antigüedad para este tipo de transporte, con la posibilidad de habilitar excepciones basadas en condiciones técnicas adicionales. Sin esta prórroga, numerosas empresas hubieran visto reducida su disponibilidad de flota, con impacto directo en operaciones críticas.
La resolución se apoya en presentaciones realizadas por CATAMP y FADEEAC, que plantearon la necesidad de extender la vida útil de ciertas unidades para evitar una caída abrupta de la capacidad operativa. El transporte de sustancias peligrosas depende de vehículos de alta especificidad y costos elevados, cuya renovación enfrenta plazos de entrega prolongados.
Según la norma, solo podrán acceder a la prórroga los vehículos que cuenten con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) aprobada al 31 de diciembre de 2025, lo que garantiza un punto de partida homogéneo en términos de control y seguridad. Este requisito es considerado clave para sostener los estándares operativos del sector.
Un alivio técnico-operativo para las flotas especializadas
Uno de los elementos centrales surge del informe técnico elaborado por la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, que concluyó que entre los 10 y 13 años de antigüedad no se registraron incidentes mayores atribuibles a fallas mecánicas. El organismo destacó la eficacia de los sistemas de seguridad activa y pasiva, y el rol de la detección temprana de fallas en la aprobación de cada revisión.
El informe también remarca que las unidades de cargas peligrosas deben realizar la RTO cada cuatro meses, una frecuencia que triplica a la de los camiones de cargas generales. Esto implica un esquema de control más exhaustivo, que permite identificar y corregir rápidamente cualquier desviación técnica antes de autorizar la continuidad operativa.
La Comisión señaló además que la mejora de infraestructura vial, la incorporación de nuevas tecnologías de seguridad y el cumplimiento de los límites de pesos y dimensiones contribuyen a operar vehículos con más años sin incrementar el riesgo. Estas condiciones habilitan a sostener la prestación del servicio sin comprometer la seguridad vial.
Para el sector privado, la prórroga evita un impacto significativo en la renovación de flota, un proceso especialmente costoso en el segmento de sustancias peligrosas debido a la escasa oferta local y a la dependencia de equipamiento importado. Sin la extensión, la salida de servicio de unidades 2013, 2014 y 2015 habría generado un cuello de botella en el abastecimiento de combustibles, químicos y gases industriales.
La resolución establece que las unidades prorrogadas deberán mantener el régimen estricto de RTO trimestral. Además, aclara que los vehículos modelo 2013 no podrán extender su operación más allá del 31 de diciembre de 2026, aun cuando cumplan con los controles técnicos.
Finalmente, la medida será comunicada a Gendarmería Nacional, a la CNRT y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismos responsables de la fiscalización en ruta y del cumplimiento normativo. El objetivo es garantizar una aplicación homogénea de los criterios técnicos y evitar interpretaciones dispares durante los controles.
Para las empresas del sector, la prórroga representa un margen de maniobra clave para planificar inversiones, programar mantenimientos y evitar interrupciones en servicios esenciales. Para el ecosistema logístico, constituye una garantía de continuidad en uno de los segmentos más sensibles de la cadena, donde la seguridad, la disponibilidad de unidades y la previsibilidad operativa resultan determinantes para el funcionamiento económico.
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