Un nuevo caso de acoso sexual ha sacudido el deporte mexicano. La badmintonista Haramara Gaitán, medallista panamericana, denunció a funcionarios del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) de Nuevo León por acoso sexual en 2024. Sin embargo, su denuncia derivó en una contrademanda en su contra, por lo que actualmente enfrenta un proceso judicial por presunta falsedad de declaraciones y difamación.
En julio de 2024, un juez de control la vinculó a proceso, prohibiéndole acercarse a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CARE) del INDE, lo que la dejó sin posibilidad de entrenar para los Juegos Olímpicos de París 2024. Desde entonces, la atleta ha denunciado públicamente una “revictimización” por parte de la Fiscalía de Nuevo León.
Haramara Gaitán expuso su situación en redes sociales. En una publicación en Facebook, narró su experiencia desde que denunció el acoso hasta que recibió la notificación de su propio proceso legal.
“Recurrí una por una de las instancias dentro del deporte en Nuevo León que según velaban por mi rendimiento, mi integridad, les pedí ayuda, les dije que esto era mi vida, que quería denunciar lo que me estaba pasando... Imagínense llegar llorando, desesperada, temblando, pidiendo ayuda teniendo todo un currículum lleno que te respalda, sin embargo, haciéndote chiquita mientras vas contando lo que te está pasando, lo que te están haciendo, porque tienes miedo que haya consecuencias que recaigan directamente en tu trabajo de años y que después que haces todo esto te llega una notificación a tu casa diciendo que te presentes a audiencia porque te denuncian por difamación y falsedad en declaraciones derivado de lo que denunciaste”.
En su mensaje también enfatizó el impacto que este proceso ha tenido en su carrera deportiva y cómo se ha sentido marginada:
“Denuncié, me fabricaron un delito y ahora llevo 248 días sin jugar badminton, eso que tanto temía, me lo cumplieron”.
Su publicación incluyó un video en el que la diputada Annia Gómez le expresó su respaldo ante el Congreso de Nuevo León, exigiendo justicia para la deportista.
El abogado de Haramara, David Ogaz, también utilizó redes sociales para exponer irregularidades en la contrademanda presentada en su contra.
“Haramara denunció ser víctima de un acoso sexual sistemático por parte de hombres en puestos de poder dentro del INDE Nuevo León, ella se encontraba sola, sin un buen abogado que la asesorara en este tema y lo que sus denunciados hicieron es denunciarla por difamación mintiendo y la Fiscalía de Nuevo León los apoyó en todas sus mentiras”.
Asimismo, el abogado señaló que la acusación contra la atleta tiene fallas graves:
“Para que Haramara se desistiera de sus acciones la denunciaron diciendo que en febrero acudió supuestamente al INDE a gritar acusaciones difamatorias contra un individuo sin especificar una fecha exacta (requisito básico) pero ni siquiera les dio el cerebro para cuadrar las fechas ya que en TODO EL MES DE FEBRERO Haramara estaba en torneos en África, Asia y Europa, cualquier persona con internet lo puede corroborar”.
El abogado cuestionó el actuar de la Fiscalía y la acusó de haber procedido sin pruebas sólidas:
“Sin importar que la Fiscalía supiera que la estaba acusando falsamente de un delito, la vincularon a proceso y le impusieron una medida cautelar consistente en no poder ir a entrenar”.
Ante estas irregularidades, Ogaz hizo un llamado al nuevo fiscal General del estado, Javier Flores Saldívar, para que revise el caso y tome acción contra los funcionarios involucrados:
“Hago un llamado por este medio al nuevo fiscal General, al licenciado Javier Flores, quien seguramente no tiene conocimiento de este tema para que intervenga, deslinde responsabilidades contra el personal, deje de perseguir a una atleta inocente y que para variar atiendan las denuncias de las víctimas”.
El caso de Haramara Gaitán ha despertado indignación en el ámbito deportivo y social, ya que su situación refleja las dificultades que enfrentan las víctimas de acoso para acceder a la justicia. La falta de apoyo institucional y las represalias judiciales han puesto en riesgo su carrera, y hasta la fecha, sigue sin poder entrenar ni competir oficialmente.
El desenlace de este caso será clave no solo para la atleta, sino también para el sistema de justicia y la protección de los derechos de las deportistas en México.
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