La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) propuso un Plan de Trabajo 2026-2029 para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, estableciendo criterios comunes para atender reportes que involucren a más de una entidad federativa o a otros países, así como acompañamiento a familias y personas buscadoras.
La propuesta incluye mecanismos para documentar agresiones contra familiares y personas buscadoras, solicitar medidas cautelares y construir metodologías de diálogo con autoridades, organizaciones civiles y colectivos.
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La presidenta de la CDHCM, Dolores González Saravia, presentó el planteamiento durante la LXIV Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, celebrada en Nuevo Nayarit, Nayarit.
Plantea criterios de atención y seguimiento
El plan contempla criterios compartidos para atender y dar seguimiento a reportes de búsqueda, además de reforzar la coordinación entre organismos públicos de derechos humanos cuando una desaparición involucre a más de una entidad.
También propone una agenda de memoria, la actualización de la guía técnica del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas y el fortalecimiento del acompañamiento institucional a familiares y colectivos.
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González Saravia advirtió: “La desaparición de personas exige fortalecer las capacidades de los organismos públicos de derechos humanos, la coordinación institucional y el acompañamiento a las familias y colectivos de personas buscadoras”.
El grupo revisó atribuciones de 32 organismos
La Comisión Especial de Desaparición de Personas fue propuesta por la CDHCM y aprobada por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos el 17 de julio de 2026, durante una reunión en Campeche. El grupo se instaló el 19 de octubre.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México coordina el grupo junto con los organismos de Chihuahua, Estado de México, Morelos, Veracruz y Zacatecas.
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Como parte de sus primeros trabajos, la Comisión Especial revisó leyes orgánicas, reglamentos internos y legislación local sobre víctimas, desaparición y declaración especial de ausencia. Con corte al 9 de octubre de 2026, identificó mil 782 disposiciones, de las cuales solo 46 proceden de leyes locales sobre desaparición de personas.
El reporte señala que 11.3% de las disposiciones revisadas se refiere expresamente a la desaparición de personas. La evaluación sobre la aplicación práctica de estas atribuciones se realizará en una etapa posterior.
Las directrices plantean búsqueda inmediata y presunción de vida
Durante la Asamblea, González Saravia propuso considerar las Directrices de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson sobre desapariciones de personas en contextos de movilidad humana, compiladas por la Defensoría del Pueblo de Colombia, con asistencia técnica de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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El documento establece que la búsqueda debe iniciar de inmediato y bajo el principio de presunción de vida. También prevé la participación de las familias, la protección de datos personales y la prohibición de discriminar o criminalizar a las personas por su condición migratoria.
La CDHCM busca que las comisiones estatales, autoridades federales y organismos de otros países cuenten con parámetros compartidos para intervenir en estos casos. González Saravia señaló que las comisiones estatales suelen ser el primer contacto institucional para las familias de personas desaparecidas.
La Asamblea también abordó el uso de inteligencia artificial
La CDHCM compartió los Principios del Ombudsperson para la Dignidad y la Equidad Digital, conocidos como Principios de Ámsterdam.
La iniciativa fue presentada en febrero de 2026 por el Ombudsperson de Ámsterdam y Digital Rights House, y la Comisión tradujo al español una versión preliminar.
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Los principios proponen mantener vías de atención no digitales cuando sean más accesibles o permitan una atención directa.
También plantean que las instituciones conserven el control sobre sus sistemas, datos e infraestructura tecnológica, recaben solo la información necesaria y protejan los datos personales de las personas usuarias.
El documento propone que las personas conozcan cómo se toman las decisiones digitales que les afectan, participen en el diseño de los sistemas y cuenten con supervisión humana y mecanismos de reparación ante posibles afectaciones.
Durante la Asamblea, Carlos Alberto Prieto Godoy, titular de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, fue elegido presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos para el periodo 2026-2028.
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El Comité Directivo quedó integrado por Prieto Godoy; José Manuel Vega Zúñiga, ombudsperson de Colima, como secretario ejecutivo; y Karla Gabriela Alcaraz Olvera, procuradora de los Derechos Humanos en Guanajuato, como tesorera.
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