Migrantes desaparecidos en México: informe revela fallas en mecanismos de búsqueda e identificación

La desaparición de personas en situación de movilidad que transitan por México se mantiene como una crisis humanitaria de gran escala, pese a los esfuerzos legales y forenses impulsados en los últimos años. La falta de coordinación institucional, recursos limitados y trabas burocráticas continúan obstaculizando los procesos de búsqueda e identificación, advirtió la Fundación para la Justicia en su informe más reciente.

Titulado “Mecanismos transnacionales existentes para la búsqueda e investigación en casos de personas migrantes desaparecidas”, el documento señala que entre 72 mil y 120 mil migrantes —en su mayoría centroamericanos— habrían desaparecido en territorio mexicano entre 2006 y 2016. No obstante, la cifra real podría ser aún mayor debido a deficiencias en los registros oficiales.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 11 de septiembre de 2024 se contabilizan 329 mil 627 personas desaparecidas desde 1964, de las cuales 115 mil 462 siguen sin ser localizadas. El informe advierte que estas cifras no reflejan adecuadamente la situación de personas migrantes, muchas de las cuales desaparecen sin que exista una denuncia formal o sin ser incluidas en bases de datos nacionales.

La falta de vías migratorias seguras obliga a miles de personas a utilizar rutas irregulares y a recurrir a intermediarios conocidos como “coyotes” o “polleros”, muchos de ellos vinculados con redes delictivas, lo que incrementa el riesgo de desaparición o muerte.

Mecanismos transnacionales de búsqueda

En respuesta a esta situación, organizaciones de la sociedad civil y equipos forenses han implementado mecanismos transnacionales de búsqueda en países como El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Uno de los más efectivos ha sido el desarrollo de Bancos de Datos Forenses de Migrantes No Localizados, que recogen perfiles genéticos de familiares y los cruzan con restos humanos encontrados en diferentes puntos de la región.

En El Salvador, por ejemplo, se han realizado 65 jornadas de toma de muestras hasta agosto de 2024, recolectando mil 176 perfiles genéticos y logrando 73 identificaciones, la mayoría en Estados Unidos y algunas en México. Honduras reporta 62 jornadas con mil 870 perfiles obtenidos y 80 identificaciones, 32 de ellas relacionadas con restos encontrados en México.

Estos procesos se realizan bajo protocolos científicos reconocidos internacionalmente y con un enfoque humanitario: la notificación a las familias se hace en persona, en su idioma, con explicaciones detalladas sobre la causa de muerte y el procedimiento de identificación, por parte del equipo forense.

Avances institucionales limitados por la falta de recursos

Entre las respuestas institucionales, el informe destaca el trabajo de la Comisión Forense, creada en 2013 tras las masacres de San Fernando (2010 y 2011) y Cadereyta (2012). Esta comisión ha recibido 190 cuerpos relacionados con hechos violentos y ha logrado identificar a 97 personas, un avance del 51%. Casi la mitad de estas identificaciones fueron posibles gracias a la colaboración con los bancos forenses centroamericanos.

Un elemento distintivo de esta comisión es la inclusión de entrevistas directas con los familiares, práctica poco habitual en los procesos forenses, pero que ha demostrado ser crucial para establecer vínculos de confianza y recolectar información contextual relevante para la identificación e investigación.

Otro mecanismo relevante es el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (MAEBI), creado en 2015, que permite a familiares de personas migrantes desaparecidas presentar denuncias desde embajadas y consulados de México en Centroamérica. Esta opción ha sido vital para muchas familias que no pueden viajar a México por razones económicas o de seguridad.

Sin embargo, el informe advierte que el MAEBI enfrenta severas limitaciones estructurales, pues su operación depende en gran medida de las fiscalías estatales y de su articulación con la Fiscalía General de la República. La falta de personal especializado y de seguimiento efectivo provoca que muchas denuncias presentadas desde el extranjero no se conviertan en investigaciones efectivas.