Exfuncionario de la SSPC habría llegado a Irkon, constructora con contratos en penales federales

Jorge Enrique Mezher Rage, quien estuvo al frente de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hasta abril de 2026, habría sido contratado por Irkon Holdings, empresa constructora que ha participado en proyectos de mantenimiento de centros penitenciarios federales.Su posible incorporación ocurre mientras el Gobierno federal prepara nuevos proyectos de infraestructura penitenciaria.

De acuerdo con fuentes consultadas, la incorporación del exfuncionario estaría relacionada con el interés de la compañía en participar en los nuevos proyectos de infraestructura penitenciaria anunciados por el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

La posible contratación ocurre meses después de que Mezher dejara la dependencia federal, donde tuvo responsabilidades relacionadas con la planeación presupuestaria y la coordinación de los programas de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública.

El caso cobra relevancia debido a que Irkon ha recibido contratos públicos para servicios de mantenimiento en instalaciones penitenciarias y busca posicionarse en un sector que tendrá nuevas inversiones durante la actual administración federal.

Quién es Jorge Enrique Mezher, exfuncionario de la SSPC

Jorge Enrique Mezher Rage encabezó la Unidad de Administración y Finanzas de la SSPC desde octubre de 2024 hasta el 15 de abril de 2026.

Durante su gestión tuvo entre sus atribuciones la planeación y el control presupuestario de la dependencia, así como la coordinación de los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública.

Según las fuentes consultadas, Irkon habría buscado incorporar al exservidor público por su experiencia en la administración de recursos y su conocimiento del sector penitenciario.

La posible relación laboral también plantea interrogantes sobre las disposiciones que regulan la contratación de antiguos funcionarios públicos por parte de empresas privadas, particularmente cuando sus actividades anteriores pudieron involucrar información relacionada con los sectores en los que posteriormente trabajan.

Nuevos penales federales abren oportunidades de obra pública

El pasado 13 de octubre, el Gobierno federal anunció la construcción de seis centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

Los nuevos establecimientos tendrán una capacidad conjunta para albergar a 18 mil 480 personas privadas de la libertad.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el financiamiento de los proyectos se trabaja con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También aclaró que los centros penitenciarios no serán operados por empresas privadas, sino por la SSPC o las secretarías estatales de Seguridad, según corresponda.

Diez días después, la mandataria dio a conocer otra iniciativa relacionada con la infraestructura penitenciaria: la adquisición y conclusión del Complejo Penitenciario Federal de Papantla, Veracruz.

La instalación presenta un avance de construcción cercano al 90%, aunque todavía permanece sin operar.

Estos anuncios representan nuevas oportunidades para las compañías dedicadas a la construcción, equipamiento y mantenimiento de instalaciones penitenciarias, un sector en el que Irkon cuenta con antecedentes de contratación pública.

Irkon obtuvo contratos por 568.5 millones de pesos para penales federales

Los registros de contratación pública identifican al menos dos contratos otorgados a Irkon para servicios integrales de mantenimiento y conservación de instalaciones administradas por Prevención y Reinserción Social, órgano desconcentrado de la SSPC.

El primero corresponde a 2022, cuando la constructora obtuvo el contrato derivado del procedimiento LA-036D00999-E76-2022, por un monto de 231 millones 284 mil pesos.

El servicio contempló trabajos de mantenimiento y conservación en Centros Federales de Readaptación Social, el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, la Academia Nacional de Administración Penitenciaria y dos centros desincorporados.

Un año después, en 2023, Irkon obtuvo otra adjudicación mediante la licitación LA-36-D00-036D00999-N-19-2023.

El contrato C-2023-00026197 tuvo un monto de 337 millones 287 mil pesos y también estuvo destinado a servicios integrales de mantenimiento y conservación de centros penitenciarios federales.

En conjunto, ambas contrataciones representaron 568 millones 571 mil pesos.

Las adjudicaciones se realizaron antes de que Mezher asumiera la titularidad de la Unidad de Administración y Finanzas de la SSPC, en octubre de 2024.

Qué establece la ley sobre la contratación de exfuncionarios públicos

La posible incorporación de Mezher a Irkon también debe revisarse a partir de lo establecido en el artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Este precepto contempla la contratación indebida de personas que dejaron un cargo público durante el año previo, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Entre ellas, que el exservidor público posea información privilegiada obtenida directamente por razón de sus funciones y que esta permita a la empresa que lo contrata beneficiarse en el mercado o colocarse en una posición ventajosa frente a sus competidores.

En el caso de Mezher, el periodo de un año posterior a su salida de la SSPC concluiría el 15 de abril de 2027.

La legislación contempla sanciones tanto para la persona física contratada como para la compañía, siempre que se acrediten los elementos que configuran la conducta.

Para las empresas, las consecuencias pueden incluir multas económicas e inhabilitación para participar en procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de tres meses a diez años.

En el caso de la persona física contratada, las sanciones pueden comprender una multa y la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en contrataciones gubernamentales, por un periodo de tres meses a ocho años.

Por tanto, la posible contratación de un exfuncionario no constituye por sí misma una infracción: la aplicación de estas disposiciones depende de que se acrediten los supuestos previstos en la ley.

Irkon acumula contratos públicos por más de 2 mil millones de pesos

Además de sus antecedentes en el sector penitenciario, Irkon ha participado en proyectos de infraestructura hospitalaria y otras obras públicas.

Una revisión de las bases federales de contratación identifica al menos 28 contratos en los que la empresa participó individualmente o en consorcio entre 2013 y 2024. El valor aproximado de estas contrataciones asciende a 2 mil 55.8 millones de pesos.

Entre los proyectos destaca la construcción de la primera etapa de un hospital general regional de 216 camas en Ensenada, Baja California.

En 2023, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adjudicó el proyecto a Irkon, Edificaciones 3 Ríos y José Carlos Delgado Delgado, mediante un contrato por 661.6 millones de pesos antes del impuesto al valor agregado (IVA).

La constructora también ha sido vinculada en publicaciones periodísticas con Jack Landsmanas Stern, cabeza de Corporativo Kosmos.

Por otra parte, los estados financieros presentados por BeGrand ante la Bolsa Mexicana de Valores identifican a Irkon y Grupo Inmobiliario Carr como empresas afiliadas.

Grupo Inmobiliario Carr participó, junto con otros socios, en la venta de seis propiedades comerciales a Fibra Macquarie, operación conocida como Portafolio Carr. En un informe anual, la fibra registró que los Landsmanas recibieron certificados bursátiles fiduciarios en el marco de esa transacción.

ASF observó obra hospitalaria de Irkon por 43.6 millones de pesos

Otro antecedente de la constructora corresponde a la sustitución de la Torre de Hospitalización del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Irkon recibió por adjudicación directa el contrato INCMN/0706/4/AD/001/2020 para ejecutar la primera etapa del proyecto. El acuerdo se formalizó el 23 de octubre de 2020 por 253.3 millones de pesos.

Posteriormente, distintos convenios modificaron el monto hasta alcanzar 313.1 millones de pesos y ampliaron el plazo de ejecución de 252 a 541 días.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó los trabajos durante tres ejercicios consecutivos, correspondientes a las cuentas públicas de 2021, 2022 y 2023.

Las auditorías 167, 179 y 207 derivaron en cuatro pliegos de observaciones relacionados con el contrato.

En conjunto, la ASF presumió un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 43 millones 666 mil pesos.

Estos antecedentes forman parte del contexto de la posible incorporación de Jorge Enrique Mezher Rage a Irkon, empresa que ha participado en proyectos de infraestructura pública y que cuenta con experiencia contractual en el sistema penitenciario federal.