FGR confirma colaboración con EEUU para captura de Inés Gómez Mont en Miami

Luego de que reportes y fuentes cercanas al caso informaran este 30 de octubre la detención de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont en Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la aprehensión a través de sus canales oficiales.

En un breve mensaje, el cual integró la primera fotografía oficial de la mujer detenida, la dependencia precisó que la captura ocurrió en Miami, Florida, derivado del intercambio de información con el Gobierno estadounidense, por la probable participación de Gómez Mont en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Inés Gómez Mont era señalada desde 2022 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según información contenida en el Comunicado FGR 026/22, derivado de contratos simulados con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Segob. Sin embargo, la FGR informó este 30 de octubre que la captura obedece únicamente a una orden de aprehensión por defraudación fiscal equiparada.

La FGR confirmó que la aprehensión ocurrió en Miami

La dependencia difundió el aseguramiento mediante su cuenta oficial en la red social X.

El mensaje completo dice: “La FGR informa que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés ”N", quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada”

El comunicado incluyó una fotografía de la detenida con el rostro cubierto, conforme al protocolo que utiliza la institución en este tipo de publicaciones. La imagen llevaba la leyenda: “Se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional”, en referencia al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Interpol había emitido una ficha roja contra la conductora en octubre de 2021, activa en más de 190 países, pero la FGR la canceló recientemente. Pese a esa decisión, la orden de aprehensión en México continuaba vigente al momento de su aseguramiento en territorio estadounidense.

Hasta este momento no se ha revelado el proceso a seguir, si las autoridades mexicanas solicitarán la extradición o la deportación de Inés Gómez Mont hacia territorio nacional. La FGR informó que más adelante dará a conocer mayor información sobre el caso.

El Código Fiscal de la Federación prevé hasta nueve años de prisión por defraudación fiscal equiparada

El artículo 109 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que la defraudación fiscal equiparada se sanciona con las mismas penas previstas para la defraudación fiscal del artículo 108. La escala de prisión depende del monto involucrado en el perjuicio al fisco federal.

La pena va de tres meses a dos años de prisión cuando el monto defraudado no excede 2 millones 531 mil 920 pesos. Si la cifra se ubica entre esa cantidad y 3 millones 797 mil 870 pesos, la sanción aumenta de dos a cinco años. Montos superiores a esa cifra son castigados con prisión de tres a nueve años, de acuerdo con el artículo 108 del código.

El mismo código señala que, cuando el monto defraudado se restituye de inmediato en una sola exhibición, la pena puede atenuarse hasta en un 50%. El artículo 101 del CFF excluye del beneficio de sustitución o conmutación de sanciones a los casos en que el monto defraudado supere los 3 millones 797 mil 870 pesos.

El artículo 92 del CFF establece además que, para proceder penalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe presentar querella previa. El proceso puede sobreseerse si el imputado paga las contribuciones, sanciones y recargos correspondientes, o los garantiza a satisfacción de esa dependencia.

La FGR detalló en 2022 el presunto esquema de lavado de dinero

El Comunicado FGR 026/22, difundido el 20 de enero de 2022, detalla que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) inició una carpeta de investigación en noviembre de 2019 contra Víctor Manuel Álvarez Puga, Inés Gómez Mont, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según el documento, todas estas personas, físicas y morales, “probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal”, bajando cargas tributarias y ocultando operaciones para dificultar el rastreo de los recursos.

Para cumplir ese objetivo, los implicados presuntamente celebraban contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Segob, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban, con la finalidad de lavar dinero.

La FGR señaló que la organización principal estaba a cargo de Álvarez Puga y Gómez Mont, quienes operaban con supuestos representantes de personas morales.

La investigación identificó un grupo integrado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C” y Yareli “C”, encargados de realizar las operaciones bancarias a nombre de esas personas morales.

Un segundo grupo, conformado por servidores públicos, habría facilitado ilegalmente los recursos del erario federal mediante la celebración de contratos ilegales. En esa estructura, la FGR ubicó a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”. Cada una de las células se integraba con las demás para cometer los delitos investigados.

Una de las empresas participantes, representada por su apoderado Héctor “Z”, recibió más de 2 mil 500 millones de pesos en la probable comisión de estos delitos. La FGR señaló como fundamentales dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social por un monto conjunto de 2 mil 950 millones de pesos.

El comunicado también menciona la participación de Gabriel “M”, quien figuró como accionista de una de las empresas investigadas. La Fiscalía estableció que esta persona vendió sus acciones mediante acta de asamblea debidamente legalizada, en un momento anterior al inicio de las operaciones delictivas, por lo que el caso continuaba bajo investigación.

La FGR precisó que a los principales responsables se les imputó ante el Poder Judicial y se obtuvieron las órdenes de aprehensión correspondientes.

Tres de ellos ya se encontraban recluidos en centros federales de justicia penal al momento del comunicado, mientras que para quienes huyeron del país se obtuvo la ficha roja correspondiente, en espera de la respuesta de colaboración a nivel internacional.