Balean casa presuntamente ligada al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya en Culiacán

Un grupo armado atacó a balazos una vivienda de la colonia Chapultepec, en Culiacán, presuntamente vinculada al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, la noche del lunes 26 de octubre. El inmueble, marcado con el número 124 sobre la calle Francisco Márquez, a una cuadra del Malecón Nuevo, quedó con múltiples impactos de bala en la fachada y en la puerta principal, sin que ninguna autoridad estatal ni federal emitiera información oficial sobre el hecho.

El ataque se produjo en medio de la crisis política y legal que rodea a Rocha Moya desde abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó, junto con otras nueve personas, de mantener vínculos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, y tras un segundo episodio de licencia al cargo que solicitó en agosto, apenas un día después de haber retomado funciones.

Hasta el momento, las autoridades del estado no han confirmado la relación del inmueble con el funcionario; en caso de estar vinculada a él, se trataría del segundo ataque armado contra una propiedad asociada al mandatario en lo que va de 2026.

La agresión dejó múltiples impactos en la fachada y movilizó al Ejército

De acuerdo con una reconstrucción del medio El Debate, la agresión se registró alrededor de las 21:30 horas del lunes. Tras el ataque, elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar junto con integrantes de distintas corporaciones de seguridad, sin que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ofreciera información oficial sobre lo ocurrido esa noche.

Vecinos del sector relataron al medio que, muy temprano al día siguiente, sacaban vehículos de la propiedad y señalaron que era común ver ahí a los escoltas del gobernador con licencia.

La vivienda, según el mismo medio, había funcionado como casa de campaña del también exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y ahí despachó también el senador Enrique Inzunza Cázares durante el periodo electoral.

Asimismo, el medio reportó que la mañana de este martes 27 de octubre, un hombre resultó herido de bala mientras esperaba en una camioneta afuera de la misma residencia.

La vivienda atacada se encuentra sobre la calle Francisco Márquez, entre la avenida Eustaquio Buelna y la calle Dr. Baltazar Izaguirre Rojo, en la colonia Chapultepec. En los alrededores se ubican la galería de arte El Vórtice, la Casa de la Cultura Jurídica de Culiacán, el despacho Empresarios en Seguros, el salón Escobosa Banquetes, el despacho contable Brígido Cuadras Contador y el negocio de mariscos Punto Culichi.

La zona colinda además con la calle Carlos Salinas de Gortari.

Un primer ataque en mayo golpeó otra propiedad del gobernador con licencia

El 9 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que una vivienda ubicada en la calle Lago de Cuitzeo, en la colonia Las Quintas, y perteneciente al gobernador con licencia, había sido atacada a balazos poco después de las 10:00 horas. El secretario de Seguridad estatal, Sinuhé Téllez López, leyó en video un comunicado en el que sostuvo que el inmueble llevaba más de diez años deshabitado y que no hubo personas heridas.

Esa propiedad fue adquirida por Rocha Moya en 1984. Su declaración patrimonial de 2025, presentada ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, registró un inmueble de 72 metros cuadrados de terreno y 155 de construcción, comprado el 22 de octubre de ese año por 650 mil pesos, con el gobernador con licencia como único propietario.

El documento no reportó ingresos por venta de bienes inmuebles, lo que indicó que la propiedad no había sido transferida, y figuró como el único bien raíz declarado a su nombre, sin copropiedad ni dependientes económicos asociados.

El ataque de mayo ocurrió días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara los cargos formales contra Rocha Moya. Tras conocerse la acusación.

Estados Unidos acusó a Rocha Moya de proteger a Los Chapitos desde 2021

El 29 de abril de 2026, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el jefe de la DEA, Terry Cole, anunciaron la acusación formal contra Rocha Moya y otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos conexos con armas. Según el documento, los acusados conspiraron con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró Clayton, quien agregó que organizaciones de este tipo “no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”. Terry Cole, por su parte, sostuvo que los acusados “utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales” a Estados Unidos, y advirtió que “nadie está por encima de la ley”.

La acusación sostuvo que Rocha Moya fue electo gobernador en noviembre de 2021 después de que Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo ayudaran a ganar mediante el secuestro e intimidación de sus rivales. A cambio, según el documento, asistió a reuniones con el grupo tanto antes como después de asumir el cargo, en las que prometió protegerlos mientras distribuían droga hacia Estados Unidos; como gobernador, le habría permitió operar con impunidad en Sinaloa.

El escrito detalló montos específicos de soborno para otros acusados. Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador de la Fiscalía estatal, habría recibido alrededor de 11 mil dólares mensuales de Los Chapitos a cambio de proteger a sus miembros de arrestos e informarles sobre operativos policiales respaldados por Estados Unidos.

Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, habría recibido más de mil 600 dólares mensuales a cambio de dar acceso ilimitado a la corporación y usar agentes para sostener el control del cártel en la ciudad, mediante arrestos, secuestros y asesinatos.

A Valenzuela Millán se le imputó además haber ayudado, en octubre de 2023, a secuestrar a un informante de la DEA y a un familiar de este, quienes posteriormente fueron torturados y asesinados por sospecha de colaborar con la investigación estadounidense. Entre los otros acusados figuraron el senador Enrique Inzunza Cázares, el alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, Enrique Díaz Vega, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, y Gerardo Mérida Sánchez.

La acusación forma parte de una serie de imputaciones realizadas en el Distrito Sur de Nueva York desde 2023 contra más de 30 miembros y asociados del Cártel de Sinaloa, incluidos integrantes de su cúpula directiva. El caso quedó a cargo de los fiscales federales adjuntos Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles, de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía.

Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” las acusaciones, que calificó como un intento de violar la soberanía nacional. La Fiscalía General de la República abrió su propia investigación, y la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición no incluyó pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de los acusados.

Rocha Moya pidió una segunda licencia tras el rechazo de Sheinbaum y Morena

Casi cuatro meses después de su primera licencia, Rocha Moya retomó funciones sin haberlo consultado con el gobierno federal ni con Morena. Ese regreso duró un día: el 22 de agosto anunció, a través de su cuenta de X, una segunda licencia indefinida al Congreso de Sinaloa, con fundamento en los artículos 50 y 58 de la Constitución local.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó haberse enterado del regreso por redes sociales y, sin mencionarlo por nombre, advirtió que ningún interés personal debía colocarse por encima del pueblo y la nación.

La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, había calificado un día antes la decisión del gobernador con licencia como un asunto personal, postura que replicaron gobernadores, senadores y diputados de Morena.