Relatora de la ONU exige a México investigar la represión en la marcha por agua contaminada en Guadalajara

La relatora especial de la ONU para la libertad de reunión y asociación, Gina Romero, pidió al Gobierno mexicano que investigue de manera “pronta e independiente” las denuncias de represión policial y detenciones arbitrarias durante la protesta del domingo 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, para exigir agua limpia.

En un mensaje en X, Romero dijo haber recibido información sobre el uso excesivo de la fuerza y de armas menos letales contra miles de personas que participaron en una manifestación que describió como pacífica.

¿Qué dijo la relatora de la ONU?

Según la información que recibió, durante la movilización se usaron de manera indiscriminada gases lacrimógenos, balas de goma y otros medios de dispersión. La relatora pidió además:

• Investigar todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y otras posibles violaciones de derechos humanos.
• Garantizar la integridad y los derechos de las personas detenidas.
• Evitar discursos estigmatizadores contra quienes ejercen sus libertades fundamentales.

Un medio local precisó que el llamado de la relatora no constituye por sí mismo una determinación sobre responsabilidades.

¿Cómo ocurrió la marcha por el agua en Guadalajara?

La protesta partió de la glorieta de La Minerva hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador. Los manifestantes exigían al gobernador Pablo Lemus y al SIAPA (Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado) un servicio de calidad.

EFE calculó la asistencia en 10.000 habitantes del área conurbada. La crónica de Milenio habló de poco más de 4 mil manifestantes, por lo que la cifra de asistentes varía según la fuente.

La jornada escaló a enfrentamientos con policías antimotines frente a Casa Jalisco, con gas lacrimógeno, pedradas, vallas derribadas y grafitis. La policía también empleó chorros de agua desde una pipa para dispersar a los inconformes.

La versión del Gobierno de Jalisco

El gobernador Pablo Lemus atribuyó la violencia a un grupo de choque de unas 400 personas, en su mayoría encapuchadas, que según él buscaba quitar legitimidad a la movilización. Dijo que portaban piedras, tubos, martillos, petardos con clavos y bombas de gas, y que el enfrentamiento duró tres horas.

El balance oficial reportó:

• 28 policías heridos, dos de gravedad, uno con fractura de cráneo y otro con pérdida de un dedo.
• 31 civiles lesionados que recibieron atención, de acuerdo con el recuento oficial.
• 39 detenidos, 21 hombres y 18 mujeres.

Lemus reconoció que también resultaron afectados manifestantes, periodistas y familias que quedaron en medio de los enfrentamientos. Ordenó a la Fiscalía revisar las detenciones caso por caso y analizar los videos para sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza.

Detenidos: cifras oficiales y dudas

La Fiscalía de Jalisco informó el lunes por la noche que nueve personas más fueron liberadas después de las 18:00 horas, con lo que suman 32 en libertad. Según un reporte, siete seguían bajo custodia a la mañana de este martes.

La cifra oficial es cuestionada. Amnistía Internacional señaló que testimonios de organizaciones y de personas liberadas indican que los arrestados podrían superar los 50. Familiares y organizaciones civiles hablan incluso de hasta 54. La organización exigió localizar y presentar con vida a las personas cuyo paradero seguía incierto y pidió revisar los cargos para evitar la criminalización de la protesta social.

Sobre la supervisión, el Gobierno estatal indicó que 16 observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) estuvieron desplegados. El portal El Informador reportó que la CEDHJ abrió un acta de investigación y dictó medidas cautelares.

La postura de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la represión y pidió al gobernador informar sobre las detenciones y dar a conocer los nombres de los arrestados. También reiteró que su gobierno rechaza tanto la represión como las manifestaciones violentas: “La represión no lleva a nada”.

El origen del conflicto: agua con olor a cloaca

El reclamo tiene meses de antigüedad. Según organizaciones de derechos humanos que examinaron muestras, desde marzo al menos 320 colonias de Guadalajara reciben agua contaminada, con olor a cloaca, metales pesados y heces fecales, y sin cloración.

Lemus afirmó que no habrá privatización ni aumentos de tarifas y anunció un encuentro con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para analizar alternativas. El Gobierno estatal también reconoció que el reclamo por agua limpia es legítimo.

¿Qué sigue?

Quedan pendientes la revisión de los videos del operativo, la situación jurídica de los detenidos que siguen bajo custodia, la aclaración del número real de arrestos y las investigaciones de la CEDHJ y de la Fiscalía.