Tentativa de feminicidio quedó fuera de la propuesta presidencial: sobrevivientes alertan por vacíos en la ley

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó y envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley contra el feminicidio, con el fin de homologar el delito en todo el país, pero con un objetivo primordial: prevenir la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, ante la premura que existe por parte de las bancadas legislativas afines al gobierno mexicano para aprobar lo enviado por la mandataria mexicana, hay un tema que podría caer en ambigüedad y poner en mayor riesgo o vulnerar a las víctimas: la tentativa de feminicidio.

Si bien el proyecto enviado al Senado de la República reconoce que al menos en 14 países de la región se reportaron 5 mil 502 tentativas de feminicidio durante 2024, la iniciativa no desarrolla de manera específica cómo debe investigarse y sancionarse este delito.

Esta omisión, advierten integrantes de la Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio (RENASE), puede dejar la clasificación de las agresiones a criterio de las autoridades y limitar el acceso a la justicia para las mujeres que sobreviven a estos ataques.

En entrevista con Infobae México, Sabrina Gaucher Troncos, familiar de una víctima de feminicidio, y Yeritza Bautista, sobreviviente de feminicidio en 2020 y activista, señalaron que las buenas intenciones no son suficientes para legislar en materia.

Desde su experiencia, la propuesta presidencial necesita modificaciones que contemplen las necesidades de las sobrevivientes, establezcan criterios claros para investigar las tentativas y eviten que los vacíos legales se traduzcan en nuevas formas de revictimización.

¿Qué dice la iniciativa de Sheinbaum sobre la tentativa de feminicidio?

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio plantea homologar el tipo penal en las 32 entidades federativas, fortalecer las investigaciones y establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales.

El documento reconoce de manera parcial que la violencia feminicida no se limita a los asesinatos consumados; RENASE señala que reconocer estadísticamente estas agresiones no equivale a establecer garantías legales para quienes sobreviven a ellas.

Yeritza Bautista explicó en entrevista que la iniciativa menciona la tentativa en algunos apartados, pero remite de manera general a disposiciones aplicables al delito tentado, sin desarrollar con suficiente precisión cómo deben integrarse las investigaciones ni cuáles son los criterios que deben seguir las autoridades.

“Todo esto aplica para la tentativa”, es, en esencia, la respuesta general que se ha planteado durante las discusiones sobre la propuesta. El problema, advirtió, es que una tentativa de feminicidio requiere una integración, investigación y sanción que no son idénticas a las de un feminicidio consumado.

La diferencia resulta fundamental para las sobrevivientes, ya que si no existen criterios claros, la interpretación puede variar según la entidad, el Ministerio Público que reciba la denuncia o la persona juzgadora que conozca el caso.

Los vacíos legales pueden favorecer a los agresores

Uno de los principales señalamientos de las integrantes de RENASE es que la falta de una definición y de lineamientos específicos puede provocar que agresiones que ponen en peligro la vida de una mujer terminen investigándose bajo figuras como lesiones o violencia familiar.

Sabrina Gaucher, quien perdió a una prima víctima de feminicidio en noviembre de 2022, señaló que las dificultades para acceder a la justicia también se relacionan con la falta de claridad de las propias autoridades sobre lo que constituye una tentativa de feminicidio.

Durante la entrevista, las integrantes de la organización expusieron que existen situaciones en las que una agresión no llega a consumarse por la intervención de una tercera persona o por circunstancias ajenas a la voluntad del agresor.

Yeritza Bautista ejemplificó el problema con casos en los que una mujer estuvo en peligro de muerte, pero el ataque se interrumpió porque el arma falló o alguien intervino. Para la activista, estos escenarios deben analizarse con criterios claros y no quedar sujetos a interpretaciones que minimicen el riesgo.

La falta de precisión también tiene consecuencias para las víctimas en distintos ámbitos:

• Acceso a la justicia: la clasificación inicial de los hechos puede determinar el rumbo de la investigación y las posibilidades de obtener una sanción acorde con la agresión.
• Reconocimiento como sobreviviente: la ambigüedad puede generar dudas y cuestionamientos sobre la violencia que vivió una mujer.
• Investigación del contexto: las autoridades deben considerar los antecedentes de violencia y los patrones de conducta del agresor, en lugar de analizar únicamente el episodio denunciado.
• Protección de las víctimas indirectas: las niñas, niños, adolescentes o familiares que presencian los ataques también pueden experimentar consecuencias que, según RENASE, no están suficientemente contempladas.

Para las entrevistadas, el problema no consiste en restar importancia a otras formas de violencia, sino en reconocer que una tentativa de feminicidio implica un riesgo específico para la vida de las mujeres y requiere una respuesta institucional adecuada.

Sobrevivientes piden investigar el contexto de violencia y homologar criterios

La iniciativa presidencial propone fortalecer las investigaciones mediante protocolos especializados, perspectiva de género, debida diligencia reforzada, preservación de indicios y coordinación entre las instituciones encargadas de procurar justicia.

Sin embargo, las activistas sostienen que estos principios deben traducirse en procedimientos concretos que permitan investigar las tentativas de feminicidio de manera uniforme en todo el país.

Entre las propuestas que RENASE ha impulsado se encuentran:

• Definir de manera expresa qué constituye una tentativa de feminicidio y establecer criterios claros para su identificación.
• Precisar cómo deben integrarse las carpetas de investigación y cuáles son los elementos que deben recabarse.
• Homologar los criterios de investigación y sanción para reducir las diferencias entre las entidades federativas.
• Fortalecer la valoración del contexto de violencia previo a la agresión, incluidos los antecedentes de violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial.
• Garantizar que el testimonio de las sobrevivientes tenga un peso relevante en el proceso, sin trasladarles cargas que corresponden a las autoridades.
• Considerar las agravantes y las consecuencias de los ataques, incluidos los casos en los que niñas, niños y adolescentes presencian la violencia.

Uno de los elementos que Yeritza Bautista destacó es el peritaje de antropología social, mediante el cual se analiza el contexto de violencia en el que vivió la víctima, así como los patrones de conducta del agresor y las condiciones de su entorno.

La mujer señaló que el acceso a este tipo de peritajes puede representar una dificultad económica y de disponibilidad de especialistas. Durante la entrevista, refirió que sus costos pueden partir de los 10 mil pesos y superar los 15 mil pesos en evaluaciones más amplias o urgentes.

Para RENASE, el objetivo es que la investigación no dependa de los recursos económicos de la víctima ni de la disposición individual de los funcionarios, sino de procedimientos claros que garanticen el acceso a la justicia.

RENASE cuestiona la escucha a víctimas y pide cambios a la iniciativa

Las integrantes de la organización también cuestionaron la manera en que se han desarrollado las mesas de trabajo para analizar la propuesta presidencial.

Ya que acusan que durante estos encuentros, las autoridades y legisladores han reconocido que no tenían contemplado de manera específica el tema de la tentativa de feminicidio:

“Imagínate estar tantas horas escuchando tantas propuestas… Terminó su discurso protocolario y se retiraron (personal de fiscalías). O sea, no hubo una escucha activa a todas las que íbamos a presentar propuestas”.

Yeritza Bautista destacó que las “buenas intenciones” no bastan si las modificaciones legislativas se construyen sin incorporar de manera efectiva la experiencia de quienes enfrentan las consecuencias de la violencia.

Por su parte, Gaucher Troncos advirtió que la capacitación de los servidores públicos tampoco garantiza, por sí sola, una atención adecuada. Desde su experiencia, pueden existir diferencias entre contar con constancias de capacitación en perspectiva de género y aplicar esos conocimientos al recibir una denuncia o conducir una investigación.

La iniciativa de Sheinbaum plantea fortalecer la coordinación institucional, homologar protocolos y mejorar los mecanismos de atención y reparación integral del daño, por lo que las activistas señalan que estos objetivos deben acompañarse de disposiciones específicas para las sobrevivientes de tentativa de feminicidio y sus familias.

La organización recordó que ya había impulsado propuestas legislativas relacionadas con las sobrevivientes -Morelos y Guerrero-, ante la propuesta presidencial retomó ese trabajo para incorporar necesidades que no habían sido contempladas inicialmente, como las de niñas, niños y adolescentes que viven las consecuencias de estos ataques.

Activistas hacen un llamado preciso ante la propuesta de la presidenta de México

El llamado de la sobreviviente hacia la presidencia de México, al Congreso de la Unión y a las personas involucradas en la elaboración de la ley es ampliar el alcance de la iniciativa y asegurar que exista congruencia entre su propósito de prevenir la violencia feminicida y las herramientas legales que propone.

Para RENASE, homologar el delito de feminicidio representa una oportunidad para reducir las diferencias en la procuración de justicia en México. Sin embargo, advierte que esa oportunidad puede quedar incompleta si la tentativa continúa abordándose de manera general, sin criterios específicos para su investigación, sanción y atención a las sobrevivientes.

La discusión, sostienen las entrevistadas, no se limita a cómo sancionar los feminicidios consumados, debido a que implica establecer la respuesta debe recibir una mujer cuando sobrevive a un intento de asesinato por razones de género.