A 15 años de la masacre, los familiares del Casino Royale exigen justicia con dos sentencias firmes y 23 casos sin resolver

A 15 años del ataque al Casino Royale de Monterrey, solo dos personas han recibido sentencia firme por la muerte de 52 víctimas. El 25 de agosto de 2011, un comando armado del Cartel de los Zetas prendió fuego al establecimiento ubicado en la avenida San Jerónimo de Monterrey, Nuevo León, y bloqueó sus accesos con decenas de personas adentro. El móvil, según versiones oficiales, fue la negativa del dueño del casino a pagar extorsiones al grupo criminal. Entre los fallecidos se contaron dos mujeres embarazadas.

La impunidad que rodea el caso es la denuncia central de los familiares de las víctimas en este aniversario. De los 25 investigados por el ataque y el incendio posterior, solo uno fue sentenciado en la causa principal y otro más en una causa acumulada; 4 permanecen en instrucción, 6 tienen reposición del procedimiento, 11 cuentan con sentencia apelada y 2 procesos concluyeron por el fallecimiento de los procesados.

Samara Pérez Muñiz y el Colectivo 52+2 en el Congreso de Nuevo León

Samara Pérez Muñiz, vocera de los familiares y madre de Brad Xavier Muraira, de 18 años, fallecido en el atentado, encabezó los actos del aniversario. Antes de la ceremonia en el memorial, acudió a la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León para presentar una iniciativa de Ley para la Gestión Institucional y Garantía de Derechos en Macroprocesos Judiciales.

“Esta propuesta nace de una realidad que conocemos dolorosamente”, señaló Pérez Muñiz. “Cuando un proceso reúne numerosas víctimas, personas procesadas, causas acumuladas, recursos, amparos y miles de actuaciones, la falta de coordinación institucional produce contradicciones, pérdida de continuidad y años de incertidumbre”.

La iniciativa busca que el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León y la Fiscalía General de Justicia del Estado concilien su información y entreguen a cada familia una explicación individual, clara y verificable sobre el estado de su caso. El colectivo de víctimas, identificado con el símbolo 52+2 —que incluye a los dos bebés no nacidos—, denunció que hasta hoy no cuenta con una precisión sobre la situación de cada uno de los 25 procesados.

“El llamado que siempre hemos hecho es que las personas que cometieron estos actos atroces cumplan con la sociedad, que tengan que pagar estos actos tan graves y bárbaros que realizaron”, afirmó la vocera ante los medios.

El ataque del 25 de agosto de 2011: entre 13 y 16 integrantes de Los Zetas

El atentado ocurrió a las 15:00 horas del 25 de agosto de 2011, cuando el grupo armado llegó al casino en varias camionetas con bidones de gasolina. Los sicarios rociaron el combustible en la entrada del inmueble, donde había aproximadamente 150 personas, y le prendieron fuego. Fue hasta la madrugada del 26 de agosto cuando las autoridades confirmaron el saldo definitivo: 52 muertos y 11 lesionados.

El primer informe oficial señaló que el ataque fue un “mensaje” del crimen organizado hacia los propietarios por negarse a pagar una extorsión de aproximadamente 130 mil pesos. El hecho se registró durante la administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012), en el periodo más intenso de la confrontación del Gobierno federal con el crimen organizado.

Entre 13 y 16 integrantes de Los Zetas participaron en el operativo, según las investigaciones posteriores. El 12 de octubre de 2011, Carlos Alberto Oliva Castillo, alias La Rana, fue identificado como el autor intelectual del ataque tras su captura en Saltillo. En marzo de 2015, las fuerzas federales detuvieron a Omar Treviño Morales, el Z-42, señalado como el principal responsable del incendio, en un operativo en San Pedro Garza García.

Las condenas llegaron de forma gradual a lo largo de los años. Jesús Alejandro García González recibió una pena de 218 años de prisión por homicidio calificado y asociación delictuosa. En julio de 2025, Baltasar Saucedo Estrada, alias El Mataperros y exlíder de Los Zetas, fue sentenciado a 135 años. El 17 de agosto de 2026, apenas días antes del aniversario, otro involucrado más fue sentenciado, aunque Pérez Muñiz indicó que las autoridades no le informaron la identidad del indiciado ni la condena impuesta.

El amparo contra la CNDH y el paralelo con la Guardería ABC

Pérez Muñiz también denunció que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pretende dar por concluida la recomendación que emitió por los hechos del Casino Royale. Los familiares presentaron un amparo para impedirlo. La vocera cuestionó esa medida “mientras continúan abiertos los procesos penales y falta información para las familias y subsisten obligaciones de verdad, justicia, reparación y memoria”. El asunto ya se encuentra en etapa de revisión ante un Tribunal Colegiado.

La situación de los familiares del Casino Royale guarda una similitud dolorosa con otro caso emblemático de impunidad en México: el del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. El 5 de junio de 2009, un incendio que se originó en una bodega contigua de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora se propagó hacia esa estancia infantil, subrogada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y causó la muerte de 49 niños de entre cinco meses y cinco años de edad, además de más de 100 heridos.

En aquel caso, la guardería operaba sin salidas de emergencia, sin extintores y con techos de material flamable. La tragedia expuso vínculos entre los propietarios del inmueble y funcionarios de los gobiernos federal y estatal: una de las copropietarias, Marcia Matilde Gómez del Campo, era prima de la entonces primera dama Margarita Zavala de Calderón y pariente del entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, según reportó El País.

A más de 17 años de ese siniestro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en junio de 2026 que los delitos relacionados con el caso son imprescriptibles, lo que permite la continuidad de los procesos penales. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la resolución implica la continuación del proceso penal contra dos exfuncionarios del IMSS por homicidio culposo y lesiones culposas en la modalidad de comisión por omisión, según informó Infobae.

Ambas tragedias —el Casino Royale y la Guardería ABC— se convirtieron en referentes nacionales de la impunidad que enfrentan las víctimas civiles ante la violencia y la negligencia institucional en México. En los dos casos, los familiares llevan más de una década y media en litigio sin obtener justicia plena. En ninguno de los dos, los responsables intelectuales o los funcionarios de mayor jerarquía han recibido condena definitiva.

El memorial 52+2 y la exigencia que no cesa

En agosto de 2024, los familiares inauguraron un memorial en el predio donde se encontraba el Casino Royale, sobre la avenida San Jerónimo. El espacio incluye el símbolo 52+2, cruces y placas con los nombres de todas las víctimas, entre ellas los dos bebés no nacidos. El 25 de agosto de 2026, el colectivo acudió al lugar para un acto religioso y la colocación de ofrendas florales.

El 31 de agosto de 2022, a 11 años del atentado, las autoridades federales y locales ofrecieron disculpas públicas a los familiares de las 52 víctimas. Pérez Muñiz señaló en su momento que esa disculpa tardó tanto porque el tema era político. El reconocimiento no detuvo la exigencia de los familiares, que continúan presentes en cada instancia judicial y legislativa disponible.

El proceso penal principal lleva el número de causa 203/2011 en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y acumula 14 causas adicionales. La vocera del colectivo advirtió que, mientras los procesos permanezcan abiertos y las familias carezcan de información completa y verificable sobre cada caso, la exigencia de justicia no concluirá. “Ya han pasado 15 años de esta tragedia, no lo olvidemos”, dijo Pérez Muñiz. “Solamente ha sido uno sentenciado por la causa principal y uno más por causas acumuladas”.