
Ricardo Thompson Navarro salió del Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido como el “Altiplano” tras un cambio de medida cautelar que le permitirá cumplir arraigo domiciliario en Ensenada, Baja California. El empresario, identificado como socio de Ernesto Ruffo Appel en la compañía Ingemar, enfrentará desde su casa el proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal, Alejandra Ramírez de la Vega, dictó la resolución en la causa penal 253/2026 y aprobó el traslado del procesado a su vivienda. El domicilio autorizado estaría ubicado en el kilómetro 103 de la carretera Tijuana-Ensenada, en la colonia El Sauzal, según reportes de medios locales. Con esta determinación, Thompson Navarro se sumó al exgobernador Ruffo, quien desde finales de septiembre cumple la misma condición -por motivos de salud- en un inmueble que sus padres le heredaron en Ensenada.
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A Ruffo Appel le retiraron el pasaporte y la visa como condición para autorizar el cambio de sede de reclusión. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega -quien también dictó el cambio de medida de Thompson- estableció que el exgobernador no podía acercarse a los testigos ni a las personas relacionadas con la investigación abierta en su contra, y que elementos de la Guardia Nacional tendrían a su cargo la vigilancia permanente del inmueble durante todo el tiempo que durara la medida.
Hasta el momento no se conocen los detalles de cómo será la reclusión de Ricardo Thompson Navarro.
El cambio de medida se destapó durante una notificación de amparo
Un actuario judicial del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, intentaba notificar a Thompson Navarro el acuerdo de un amparo contra su auto de vinculación a proceso, dictado el 23 de julio, cuando se reveló su cambio de situación jurídica, de acuerdo con el medio Zeta Tijuana.
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Durante esa diligencia, el funcionario constató que el reclusorio federal ya había reportado la salida del empresario por orden de la jueza de la causa. El juzgado de amparo giró entonces un exhorto electrónico a un tribunal con sede en Ensenada para que un fedatario público acudiera al domicilio de El Sauzal y notificara a Thompson Navarro las resoluciones pendientes de sus distintos juicios de amparo, que fueron acumulados en un solo expediente.
“Agréguese la razón actuarial signada por el actuario judicial adscrito con el cual refiere que el quejoso Ricardo Thomson Navarro fue externado del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano en Almoloya de Juárez y fue puesto en libertad por cambio de medida cautelar”, señaló el acuerdo, también revelado por el medio La Jornada.
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Thompson obtuvo un amparo que frenó el juicio oral desde agosto
La detención de Thompson Navarro ocurrió el 16 de julio a las 2:08 de la tarde, en la Carretera Transpeninsular, colonia Zona Playitas de Ensenada, a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. El Registro Nacional de Detenciones lo describió como un hombre de tez blanca, ojos azules, cabello blanco, de aproximadamente 1.80 metros de estatura, vestido con pantalón de mezclilla verde claro y playera tipo polo azul celeste.

Thompson Navarro, hijo del empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez, quedó a disposición de la FGR en Tijuana, al igual que Ruffo Appel.
La investigación documentó el ingreso de hidrocarburos mediante ferrotanques que declaraban volúmenes muy por debajo de su capacidad real, un mecanismo propio del llamado huachicol fiscal: a diferencia del robo físico de combustible de ductos de Pemex, este esquema opera mediante la manipulación de fracciones arancelarias, registrando gasolina y diésel como lubricantes o aditivos exentos del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
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Thompson Navarro fue vinculado a proceso el 23 de julio, tras más de 30 horas de audiencia, por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. En esa diligencia, el Ministerio Público Federal defendió la prisión preventiva oficiosa argumentando que el empresario participaba en 14 empresas en Ensenada, contaba con pasaporte vigente y registraba movimientos migratorios entre 2015 y 2018, elementos que a su juicio representaban riesgo de fuga.
El 13 de agosto de 2026, el juez federal Daniel Marcelino Niño Jiménez, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, otorgó de oficio una suspensión provisional que impidió la apertura a juicio oral en el caso de Thompson Navarro. La medida no partió de un pedido de la defensa, sino de la aplicación directa del artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo de la Ley de Amparo.
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Esa suspensión dejó avanzar el proceso hasta la etapa intermedia, pero congeló cualquier resolución sobre el paso a juicio oral hasta que se resolviera el amparo de fondo. En ese momento, el juzgado todavía no había admitido la parte de la demanda referida a la prisión preventiva oficiosa, a la espera de que el abogado acreditara su representación y confirmara si su cliente deseaba continuar con el juicio.
Ruffo abandonó el Altiplano semanas antes por su edad y su salud
Ruffo Appel consiguió el cambio de medida un mes y medio después de su primer intento: el 25 de septiembre, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega autorizó su reclusión domiciliaria, y al día siguiente dejó el Altiplano escoltado por dos unidades de la Guardia Nacional —identificadas con los números 19368 y 302309— rumbo a su domicilio en la Zona Centro de Ensenada.
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El abogado Arturo Germán Rangel había documentado con dictámenes médicos y forenses el deterioro físico del exgobernador tras más de dos meses de encierro. “Estamos contentos porque venía él en una situación de venir bajando de peso. Se venía deteriorando su salud”, dijo el defensor a la prensa al salir de la audiencia. Rangel precisó que su cliente perdió alrededor de seis kilos por las condiciones de alimentación y descanso dentro del penal.

Thompson Navarro, fue identificado en reportes periodísticos como vocal del Consejo de Administración de Ingemar. Sobre la participación de Ruffo en la empresa, su abogado aclaró el 25 de septiembre que el exgobernador posee entre el 39% y 40% del capital de Ingemar, aunque sin funciones de toma de decisiones ni oficina dentro de la firma.
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Tras la salida de Ruffo del penal del Altiplano, brindó diversas entrevistas a medios de comunicación donde se deslindó del presunto crimen orquestado desde Ingemar. Luego de eso, la FGR emitió un comunicado donde afirmó que contaba con suficientes datos de prueba para comprobar que el exgobernador formaba parte de las operaciones de la empresa.
Los dos quedaron vinculados a proceso el 23 de julio, junto con otros seis coimputados, dentro de la investigación de la FGR sobre la presunta importación ilegal de petrolíferos mediante ferrotanques y la alteración de pedimentos aduanales a través de Ingemar. Cabe señalar que la salida de ambos del penal de máxima seguridad no significa el término del caso, únicamente es un cambio de media, por lo que la investigación complementaria continúa.
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