Familiares de personas desaparecidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, denunciaron ante la presidenta Claudia Sheinbaum presuntos actos de hostigamiento e intimidación que atribuyen a elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que solicitaron la intervención del gobierno federal para garantizar su seguridad.
Integrantes del colectivo Buscando Mi Razón de Vida viajaron este jueves 8 de octubre a la Ciudad de México para entregar en Palacio Nacional un escrito dirigido a la presidenta, en el que alertaron que desde la primera semana de septiembre elementos de la Marina realizan patrullajes frente a sus domicilios y otros lugares que frecuentan.
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De acuerdo con la carta, los recorridos se realizan a diferentes horas del día e incluso durante la madrugada. Las familias señalaron que han observado vehículos oficiales de color gris, algunos de ellos sin números económicos visibles, así como camionetas particulares de reciente modelo y color blanco.
Las víctimas aseguraron que esta situación ha generado temor de posibles represalias, particularmente entre mujeres y menores de edad que aún enfrentan las consecuencias psicológicas de las desapariciones ocurridas en 2018.
“Nuestros hijos e hijas, menores de edad, tan pronto ven una camioneta de la Marina pasando frente a nuestras casas (...) se asustan, entran en crisis nerviosas”, señalaron en el documento entregado a las autoridades.
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Denuncian patrullajes frente a sus casas
Las familias que integran el colectivo indicaron que los presuntos patrullajes se han registrado en distintas colonias de Nuevo Laredo, entre ellas Francisco Villa, Olivos, Mirador, Benito Juárez, Valles de Anáhuac, El Progreso, Victoria y Las Torres.
Según el escrito, el temor no se limita a sus viviendas, pues las mujeres también han observado vehículos que atribuyen a la Marina cuando acuden a plazas cercanas o incluso a sus templos de oración.
Las integrantes del colectivo relacionaron estos hechos con su persistente exigencia de justicia por la desaparición y muerte de familiares ocurridas entre febrero y mayo de 2018.
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Afirmaron que al menos 17 personas continúan desaparecidas y reprocharon que, ocho años después de los hechos, no hayan obtenido justicia.
“Bastante hemos sufrido nosotras y nuestras familias en estos ocho años desde que se llevaron a nuestros esposos, hijos, hermanos y padres y es fecha que la justicia no ha llegado”, expusieron.

El colectivo pidió a Sheinbaum que intervenga para detener cualquier acto de molestia o represalia que pudiera estar ocurriendo en sus domicilios.
Cuestionan absoluciones de 30 marinos
Además del presunto hostigamiento, las familias cuestionaron los resultados de los procesos judiciales iniciados contra elementos de la Marina señalados por su posible participación en casos de desaparición forzada.
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En su carta afirmaron que 30 marinos detenidos en abril de 2021 ya no permanecen en prisión, luego de que distintos jueces federales determinaran su absolución o la no vinculación a proceso.
El colectivo citó cuatro causas penales. En la 155/2020, seis elementos fueron absueltos por el caso de Julio César Viramontes Arredondo; en la 307/2020, otros 13 marinos fueron absueltos por los casos de Noé Ignacio Alfárez Hernández y Jonathan Organista Ballesteros; mientras que en la 308/2020, 11 elementos fueron absueltos por el caso de José Luis Bautista Carrillo.
También mencionaron la causa penal 344/2021, relacionada con la desaparición de Adolfo Ángel Chigo Villegas, menor de edad que, de acuerdo con la carta, continúa desaparecido.
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El caso más reciente citado por el colectivo ocurrió el 10 de septiembre de 2026, dentro de la causa penal 282/2026. Las familias señalaron que un juez federal determinó no vincular a proceso al elemento de la Marina identificado como Pietro Vázquez por los casos de José Daniel Trejo García y Gabriel Gaspar Vázquez, al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes y creíbles.
Las víctimas solicitaron que la actuación de los jueces involucrados sea investigada por las autoridades correspondientes.
Finalmente, el colectivo pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) activar las medidas cautelares relacionadas con la Recomendación 36VG/2020, emitida por violaciones graves a derechos humanos atribuidas a elementos de la Marina en Nuevo Laredo.
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Las familias también solicitaron que la CNDH retome su llamado de mayo de 2026 para investigar la actuación de jueces federales en los casos que involucran a los 30 marinos y garantizar la protección de las víctimas y sus familias.
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