“Preferimos seguridad a programas sociales”: cerca de 150 personas abandonan comunidades de Zihuatanejo por violencia

Cerca de 150 habitantes de cinco comunidades de la sierra poniente de Zihuatanejo, Guerrero, abandonaron sus viviendas debido a la presencia y presuntas amenazas de grupos de la delincuencia organizada, de acuerdo con testimonios recogidos por el medio local El Sur.

Los pobladores de San Ignacio, El Mamey, La Vainilla, Pie de la Cuesta y El Puertecito señalaron que la situación se agravó durante los últimos días, después de que hombres armados irrumpieran en la comunidad de San Ignacio y ocuparan una escuela primaria.

Uno de los habitantes desplazados explicó que la mayoría de las familias de la zona se dedica a la ganadería y que una célula del grupo criminal que opera en la región presuntamente comenzó a acosarlos desde 2021.

Según su testimonio, recientemente los habitantes tenían que pagar una cuota por cada kilogramo de carne de res que comercializaban, situación que habría incrementado la presión sobre los pobladores.

Hombres armados se instalaron en una escuela

El habitante relató que el miércoles de la semana pasada, un grupo de hombres armados llegó a San Ignacio y se instaló en la escuela primaria.

De acuerdo con su versión, los habitantes no podían bajar hacia la zona urbana para conseguir alimentos, por lo que tuvieron que comunicarse con familiares para informarles sobre la situación.

El poblador señaló que las familias quedaron en medio de un enfrentamiento entre grupos rivales, debido a que los hombres armados que llegaron a la comunidad presuntamente mantenían una disputa con otra organización.

“Se han estado tirando”, relató el habitante, quien explicó que los pobladores tuvieron que buscar la manera de pedir ayuda mientras permanecían en la comunidad.

Fue hasta el sábado 3 de octubre cuando elementos del Ejército llegaron a la zona. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio, los hombres armados ya habían abandonado el lugar antes del arribo de los militares.

El desplazado afirmó que los elementos castrenses les informaron que no podían permanecer en la parte alta de la sierra y que el apoyo que podían brindarles consistía en escoltarlos para que abandonaran sus comunidades.

En San Ignacio, explicó, había 17 viviendas habitadas, pero 16 fueron abandonadas. Únicamente permaneció un matrimonio de adultos mayores que decidió quedarse.

Familias dejan casas y ganado

Conforme las familias comenzaron a descender de la sierra, habitantes de otras comunidades también abandonaron sus viviendas.

El desplazado señaló que varias familias se trasladaron a Pantla, donde permanecen con familiares mientras esperan que las autoridades puedan garantizar condiciones de seguridad para regresar.

“Preferimos mil veces que el gobierno federal nos dé seguridad en lugar de programas sociales”, expresó el habitante, al señalar que las familias necesitan condiciones para continuar trabajando y mantener sus actividades productivas.

Los pobladores aseguran que el problema no comenzó recientemente. El entrevistado explicó que desde 2021 padecen el acoso de un grupo criminal y que, ante esa situación, intentaron organizarse mediante la Asociación Civil Ranchos Unidos de la Costa Grande de Guerrero.

Según su testimonio, la organización buscaba proteger a los habitantes de la región, pero posteriormente habría sido debilitada por la incorporación de algunos de sus integrantes a grupos criminales.

El campesino aseguró que algunos de los líderes de esa agrupación fueron asesinados, lo que habría dejado a las comunidades sin una estructura capaz de hacer frente a los grupos armados.

La principal preocupación de las familias desplazadas ahora es el ganado que dejaron abandonado.

El habitante explicó que los animales representan años de trabajo y constituyen el principal patrimonio de las familias ganaderas, por lo que solicitaron al gobierno acompañarlos a la sierra para recuperar sus vacas.

“Son años de trabajo, son nuestro patrimonio, es lo único que tenemos”, expresó.

Los habitantes también cuestionaron que las fuerzas de seguridad los hayan escoltado para salir de sus comunidades, en lugar de permanecer en la zona para garantizar que pudieran continuar viviendo y trabajando ahí.

El poblador negó poder afirmar que exista algún acuerdo entre autoridades y grupos criminales, pero cuestionó la estrategia de seguridad aplicada en la región.

Los desplazados aseguraron que quieren regresar a sus casas, pero señalaron que necesitan garantías de seguridad para hacerlo junto con sus familias y recuperar sus actividades ganaderas.