Ley muerta para trabajadoras del hogar que siguen en la informalidad: 96.6% carece de seguridad social efectiva

A siete años de la reforma a la Ley Federal del Trabajo que reconoció plenamente los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, 96.6% de las mujeres que laboran en este sector continúa en la informalidad y apenas alrededor de 1% cuenta con un contrato escrito, de acuerdo con el estudio Sosteniendo el cambio: por un trabajo justo para las trabajadoras del hogar en México, presentado por la red UNIDAS.

El informe advierte que, pese a los avances legales registrados en los últimos años, las condiciones laborales de este sector permanecen marcadas por la precariedad, la desigualdad salarial y las dificultades para acceder a seguridad social y mecanismos efectivos de justicia.

En México, alrededor de 2.1 millones de mujeres realizan trabajo del hogar remunerado. Ellas representan nueve de cada diez personas ocupadas en este sector y aproximadamente una de cada diez mujeres ocupadas en el país.

María de la Luz Padua Orihuela, del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), dijo que tienen horarios, realizan tareas, reciben un salario y existe una relación laboral, pero su forma de trabajo todavía se encuentra con obstáculos para ser reconocida por las instituciones, que es su obligación.

“Un ejemplo muy claro: el acceso a la seguridad social. En 2022, sí, se reformó la Ley del Seguro Social para incorporar un capítulo específico para las personas trabajadoras del hogar. Sí, fue un avance importante. Sin embargo, la propia legislación establece que no se considera persona trabajadora del hogar a quienes realizamos este trabajo de manera ocasional o esporádica, a diferencia de lo que establece el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo”.

Trabajadoras del hogar enfrentan una brecha salarial de 34.8%

El análisis de los datos correspondientes al primer trimestre de 2026 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revela que las mujeres trabajadoras del hogar perciben un ingreso promedio de 5 mil 770 pesos mensuales, mientras que los hombres del sector reciben alrededor de 8 mil 855 pesos. La diferencia representa una brecha salarial de 34.8%.

UNIDAS señala que esta desigualdad está relacionada con la segregación ocupacional y con la sobrecarga de labores de cuidado no remuneradas que las mujeres realizan en sus propios hogares. Esta situación las lleva a aceptar con mayor frecuencia jornadas parciales, discontinuas y bajo esquemas de entrada por salida.

De hecho, 97.4% de las trabajadoras del hogar labora bajo la modalidad de entrada por salida, una condición que también dificulta la continuidad de sus derechos laborales y de seguridad social.

El estudio identifica además una llamada “paradoja patronal”, debido a que personas que cuentan con un vínculo laboral formal en sus propios centros de trabajo reproducen esquemas de informalidad y precarización al contratar a trabajadoras del hogar.

La contradicción se acentúa por la diferencia de ingresos: la población empleadora registra un ingreso mediano aproximadamente cuatro veces superior al de las trabajadoras que contrata, que es de los 20 mil pesos, contra los 5 mil 160.

Contratos y prestaciones siguen siendo una excepción

La falta de formalización también se refleja en el acceso a contratos y prestaciones.

De acuerdo con el informe, solo 1% de las trabajadoras del hogar cuenta con un contrato escrito, frente a 9% de los hombres que realizan estas actividades. Además, seis de cada diez mujeres del sector no reciben ninguna prestación de ley.

La situación es todavía más crítica en materia de seguridad social. Aunque las mujeres representan 91.9% del sector, únicamente constituyen 66% de la población afiliada al IMSS.

Los registros analizados por UNIDAS muestran que apenas 1.7% de las trabajadoras cuenta con acceso efectivo a la seguridad social, mientras que la afiliación permanece estancada desde hace tres años en niveles inferiores a 3% del sector.

La desigualdad también alcanza el retiro. Solo 0.73% de las trabajadoras cuenta con un fondo de retiro, frente a 9% de los hombres del gremio.

El problema adquiere mayor relevancia debido a que 54.3% de las mujeres trabajadoras del hogar tiene más de 45 años, por lo que una proporción importante podría llegar al final de su vida productiva sin acceso a una pensión.

UNIDAS señala fallas en el esquema del IMSS

El estudio también cuestiona el diseño actual del esquema de aseguramiento del IMSS, particularmente la modalidad de cotización “por día”, utilizada por una parte importante de las trabajadoras.

Según la investigación, este esquema contempla un sobrecosto contributivo de alrededor de 27.7% debido al pago integrado de descansos y vacaciones. Sin embargo, este costo no se traduce proporcionalmente en días adicionales de atención médica.

UNIDAS estima que cada cuatro días pagados por este concepto financian un día adicional de atención médica que actualmente no se otorga a las trabajadoras.

A ello se suma la evasión patronal. El informe calcula una fuga recaudatoria de aproximadamente 56 mil millones de pesos anuales, derivada de cuotas que no ingresan al IMSS y al INFONAVIT.

Domicilios particulares permanecen fuera de la inspección laboral

Otro de los principales problemas identificados es la falta de inspección en los lugares donde se desarrolla el trabajo.

El informe advierte que los domicilios particulares de las personas empleadoras continúan siendo el único tipo de centro de trabajo en México exento de inspección laboral.

Para UNIDAS, esta situación facilita prácticas discriminatorias, racismo estructural y exposición a riesgos físicos y químicos sin una regulación vinculante.

Aunque la STPS publicó una guía de salud en el trabajo para este sector, sus disposiciones funcionan como recomendaciones voluntarias y no cuentan con mecanismos coercitivos.

Justicia laboral enfrenta barreras para las trabajadoras

El acceso a la justicia también representa un obstáculo. De los 10 mil 145 procedimientos de conciliación analizados por la investigación, 21.5% fue archivado por “desinterés”, categoría utilizada por la autoridad cuando la persona deja de dar seguimiento al trámite.

Además, más de la mitad de los procedimientos concluyó sin acuerdo.

La judicialización de los conflictos laborales es todavía menor: el informe contabilizó únicamente 344 demandas a nivel nacional, mientras que 14 estados señalaron que no podían identificar a las trabajadoras del hogar en sus registros.

Proponen cambios al IMSS y a la STPS

Ante este panorama, UNIDAS planteó una serie de medidas para reducir la informalidad y garantizar los derechos laborales del sector.

Entre ellas propone que el IMSS transforme el sobrecosto de la cotización “por día” en días adicionales de vigencia de los derechos de salud, con un día adicional por cada cuatro cotizados. También plantea flexibilizar los calendarios de afiliación y permitir el pago domiciliado de las cuotas obrero-patronales.

Para la STPS y las autoridades locales, recomienda establecer lineamientos de inspección para domicilios particulares sin necesidad de ingresar a los hogares, crear un registro patronal obligatorio y establecer sanciones ante incumplimientos.

Asimismo, plantea convertir las recomendaciones de salud ocupacional en normas vinculantes.

En materia de justicia laboral, UNIDAS propone habilitar la conciliación remota y adaptar los criterios probatorios a las condiciones particulares del sector.

Finalmente, llama al Poder Legislativo y al Sistema Nacional de Cuidados a incorporar explícitamente a las trabajadoras del hogar como población objetivo y diseñar mecanismos de justicia restaurativa que permitan atender la pérdida de cotizaciones acumulada durante años de informalidad.