De “no hay cárteles” a 62 grupos delincuenciales documentados en la CDMX: cómo cambió el mapa criminal de la capital en 15 años

Durante años, la Ciudad de México fue considerada por sus autoridades como una excepción dentro del mapa del crimen organizado en México. Hablaban de narcomenudeo, de bandas dedicadas al secuestro y otros grupos locales, pero afirmaban que no había cárteles asentados en la capital. Esa fue la explicación oficial que se mantuvo durante buena parte de las administraciones de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera.

Esta imagen comenzó a cambiar conforme aparecieron estructuras con capacidad para mantener redes de distribución de droga, disputar territorios y extender sus actividades a distintas alcaldías. Entre ellas surgieron la Unión Tepito, la Fuerza Anti-Unión y el Cártel de Tláhuac, mientras que investigaciones posteriores identificaron células relacionadas con organizaciones criminales de alcance nacional.

En mayo de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contaban con un reporte de inteligencia que identificaba 62 grupos delictivos con presencia en la capital. El documento “Grupos Delictivos 2024-2025” los relacionaba con actividades como narcomenudeo, extorsión, secuestro, homicidio, sicariato y explotación sexual.

La cifra no significa que existan 62 cárteles ni que todos tengan la misma capacidad. El propio mapa criminal incluye desde estructuras locales hasta células vinculadas con organizaciones que operan en otras entidades y grupos transnacionales. La importancia del dato está en el contraste con el diagnóstico que durante años sostuvieron funcionarios de seguridad: en la capital había delincuencia organizada, pero no propiamente cárteles.

El cambio en el discurso, a través de las declaraciones de los propios funcionarios

En enero de 2011, Miguel Ángel Mancera, entonces procurador general de Justicia del Distrito Federal, rechazó que el crimen organizado se hubiera asentado en la ciudad. En ese momento, la Secretaría de Marina y la Policía Federal habían realizado operativos en distintos puntos de la capital en busca de personas relacionadas con Los Zetas.

“No tenemos ningún reporte de que se hubiera encontrado, de que se hubiera asentado el crimen organizado en el Distrito Federal”, dijo Mancera. Explicó que algunos objetivos criminales podían encontrarse en tránsito y que, cuando eran detectados, las autoridades federales actuaban.

Dos meses después, el procurador volvió sobre el tema tras reunirse con Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública federal. Según Mancera, el funcionario federal le confirmó que tampoco existía un asentamiento de cárteles en el Distrito Federal.

“Reiteró (García Luna) algo que ya habíamos dicho nosotros, que no hay asentamiento de cárteles en el Distrito Federal”, declaró Mancera. El entonces procurador reconoció que integrantes de organizaciones criminales podían ser capturados en la capital porque estaban de paso o acudían para realizar alguna operación o recibir suministros.

La distinción era entonces entre la presencia ocasional de integrantes del crimen organizado y la existencia de una estructura criminal asentada en territorio capitalino.

En 2013, esa explicación seguía vigente. Rodolfo Ríos Garza, entonces procurador capitalino, fue entrevistado por El País sobre la existencia de cárteles y la violencia relacionada con el narcotráfico en la ciudad.

“Hay narcomenudeo, son transacciones de poca monta”, respondió entonces Ríos Garza. El funcionario aseguró que no había “ningún tipo de cartel ni banda organizada en la ciudad”, y separó el problema del narcomenudeo de la operación de los grandes grupos dedicados al tráfico de drogas.

Ese mismo año, Miguel Ángel Mancera, ya como jefe de Gobierno, también sostuvo que en la capital no operaban cárteles de la droga. La postura oficial seguía describiendo a la ciudad como un mercado de narcomenudeo y no como un territorio con organizaciones nacionales disputando espacios.

El diagnóstico tampoco cambió de inmediato ante nuevos indicios de actividades relacionadas con la producción y distribución de drogas.

Nuevo diagnóstico tras el hallazgo de un laboratorio para elaboración de drogas sintéticas

En enero de 2014, la Procuraduría General de la República localizó un laboratorio de drogas sintéticas en Milpa Alta. El hallazgo incluyó precursores químicos y equipo utilizado para la elaboración de estupefacientes.

Ese mismo día, Héctor Serrano, entonces secretario de Gobierno del Distrito Federal, también sostuvo que no existía presencia de cárteles en la capital. La posición del gobierno local era que los grupos criminales buscaban introducirse en la ciudad, pero no tenían una estructura asentada.

Meses después, la misma conclusión llegó desde el gobierno federal. En agosto de 2014, Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República, afirmó que los reportes de inteligencia no habían registrado la presencia de grandes cárteles del narcotráfico en el Distrito Federal.

Murillo Karam reconoció que existía un problema de consumo y narcomenudeo, pero sostuvo que la capital no era una zona de tráfico o producción de estupefacientes y que los grandes grupos no estaban asentados en ella.

El mapa criminal de la ciudad ya comenzaba a adquirir nombres propios

En el suroriente apareció con fuerza el Cártel de Tláhuac, encabezado por Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”. La organización logró construir una estructura local con presencia principalmente en Tláhuac y capacidad para extender sus actividades hacia otras alcaldías.

El 20 de julio de 2017, Pérez Luna fue abatido durante un operativo de la Secretaría de Marina en Tláhuac. La operación convirtió al grupo en uno de los ejemplos más visibles de la capacidad que una organización criminal local había alcanzado dentro de la capital.

En el centro de la ciudad, mientras tanto, la Unión Tepito había evolucionado desde estructuras dedicadas al narcomenudeo hasta una organización relacionada con extorsiones, cobro de piso y otros delitos. Sus disputas internas también dieron paso a organizaciones rivales como la Fuerza Anti-Unión.

La diferencia con el diagnóstico de años anteriores comenzó a hacerse evidente: ya no se hablaba solamente de personas que llegaban a la capital para realizar operaciones aisladas, sino de organizaciones que tenían integrantes, redes y actividades permanentes dentro de distintas zonas de la ciudad.

El cambio de postura quedó expuesto en 2020

En junio de ese año, Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sufrió un atentado atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Un mes después, el funcionario afirmó que los grupos dedicados al narcotráfico llevaban años trabajando en la Ciudad de México.

“Los cárteles llevan muchísimos años trabajando en la Ciudad de México, que se haya negado su presencia en algún momento no es que no existieran”, declaró García Harfuch. Añadió que esas organizaciones habían operado a través de grupos locales como la Unión Tepito y la Anti-Unión.

La declaración marcó un contraste directo con lo que funcionarios capitalinos y federales habían sostenido durante los años anteriores. García Harfuch no planteó que un solo cártel controlara la capital; por el contrario, explicó que las organizaciones nacionales utilizaban células y grupos locales para operar.

Esa fragmentación se convirtió en una característica del nuevo mapa criminal

La Unión Tepito perdió parte de su capacidad como consecuencia de detenciones y disputas internas, mientras aparecieron nuevas células y grupos con presencia en diferentes alcaldías. En paralelo, organizaciones con base en otras entidades comenzaron a ser identificadas en la capital mediante operadores locales.

La SSC empezó a presentar sus resultados bajo esa lógica: no solamente como capturas de personas, sino como desarticulación de células y estructuras criminales.

Entre octubre de 2024 y abril de 2026, la dependencia reportó la desarticulación de 39 grupos delictivos con operación en la Ciudad de México. En ese periodo también informó la detención de 10 mil 435 personas por delitos de alto impacto y el aseguramiento de armas, drogas y vehículos relacionados con distintas investigaciones.

En septiembre de 2025, la SSC había reportado que 632 personas detenidas durante la administración de Clara Brugada estaban relacionadas con 26 células delictivas generadoras de violencia que habían sido desarticuladas. Entre los objetivos identificados entonces aparecían integrantes de Los Malportados, Cártel Nuevo Imperio y una célula vinculada con La Nueva Familia Michoacana.

El cambio más significativo, sin embargo, quedó registrado en el reporte de inteligencia 2024-2025.

Las 62 organizaciones identificadas por la SSC y la Fiscalía capitalina incluyen grupos locales y estructuras con vínculos fuera de la ciudad. Entre los nombres mencionados aparecen la Unión Tepito, Fuerza Anti-Unión, Los Rodolfos, Los Tanzanios, Cártel Nuevo Imperio, Los Balta y el Cártel de Tláhuac, además de células relacionadas con organizaciones de alcance nacional.

El propio listado demuestra que el concepto de “grupo delictivo” utilizado actualmente por las autoridades es mucho más amplio que el de “cártel” que se discutía hace una década. Hay organizaciones con estructuras locales, células regionales y grupos que mantienen vínculos con organizaciones nacionales.

Por eso, la cifra de 62 no debe leerse como si la capital tuviera 62 organizaciones con capacidad para controlar territorios completos. El mapa muestra una delincuencia mucho más fragmentada, con grupos que compiten por mercados específicos y zonas determinadas.

La evolución también explica por qué el territorio se convirtió en un elemento central de la estrategia de seguridad capitalina. Las autoridades ya no solamente buscan impedir que integrantes de organizaciones nacionales entren a la ciudad: investigan células que tienen capacidad para distribuir drogas, extorsionar, cobrar piso, cometer homicidios y mantener redes criminales en alcaldías específicas.

El contraste con las declaraciones de una década atrás es evidente.

En 2011, Mancera hablaba de integrantes del crimen organizado que llegaban a la capital en tránsito o para realizar operaciones puntuales. En 2014, Murillo Karam sostenía que los grandes cárteles no estaban asentados en el Distrito Federal. En 2015, Mancera todavía afirmaba que la Ciudad de México no tenía un cártel asentado.

En 2020, García Harfuch reconoció que los cárteles llevaban años trabajando en la capital mediante grupos locales. Y para 2025, la inteligencia de la SSC y la Fiscalía capitalina ya tenía identificadas 62 organizaciones de distinta dimensión y alcance.

El mapa criminal de la Ciudad de México, por tanto, no cambió solamente porque aparecieran nuevos nombres. También cambió la forma en que las propias autoridades describen el fenómeno: de negar la existencia de cárteles asentados a reconocer la operación de organizaciones nacionales mediante células locales y a elaborar un mapa de decenas de grupos con presencia en la capital.

SSC reporta desarticulación de 39 grupos delictivos entre 2024-2026

En febrero de 2026, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, reconoció la presencia de grupos criminales en la Ciudad de México, pero afirmó que ninguna organización mantiene el control territorial de alguna zona de la capital. También señaló que integrantes de grupos nacionales utilizan la ciudad para esconderse y operar sin mantener un dominio permanente.

“La ciudad no tiene ningún territorio que esté controlado por ningún grupo delictivo”, afirmó al ser cuestionado específicamente por la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La diferencia respecto al discurso de años anteriores es que la propia SSC ya documenta organizaciones con operación en la capital. Entre octubre de 2024 y abril de 2026 reportó la desarticulación de 39 grupos delictivos, entre ellos Unión Tepito, Los Mancilla y Los Tanzanios. También documentó operaciones contra grupos como Cártel Nuevo Imperio y Los Malportados. SSC CDMX

En septiembre, un reporte de inteligencia citado por La Jornada identificó 13 organizaciones criminales relevantes con presencia en las calles de la Ciudad de México, mientras la FGR colocó a la capital entre las entidades con mayor concentración de organizaciones criminales activas.

Al menos cinco organizaciones criminales están relacionadas con el despojo de inmuebles<b> </b>

La identificación de organizaciones vinculadas con delitos específicos también se volvió más explícita. En agosto de 2026, Vázquez señaló que las autoridades tenían identificadas al menos cinco organizaciones criminales relacionadas con el despojo de inmuebles y predios, además de actividades como narcomenudeo, cobro de piso y extorsión. Mencionó entre ellas a Los Rodolfos, Unión Tepito, Fuerza Anti-Unión, Los Malcriados 3AD y el Cártel de Tláhuac.

El cambio también se observa en investigaciones de alto impacto. En mayo de 2026, tras el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno Clara Brugada, las autoridades capitalinas informaron que el crimen había sido coordinado por un grupo dedicado al narcomenudeo con operaciones en Ciudad de México y Estado de México. Posteriormente se identificó a la célula conocida como Los Dilan, cuyos integrantes, de acuerdo con las investigaciones citadas por La Jornada, habrían trabajado como sicarios para otros grupos, entre ellos Los 3AD y Cártel Nuevo Imperio.

Así, para 2026 la discusión oficial ya no gira alrededor de si existen o no organizaciones criminales en la Ciudad de México. La propia autoridad las identifica, les atribuye actividades concretas, ubica sus zonas de operación y reporta la captura de sus integrantes. La frontera discursiva se desplazó hacia otra pregunta: si esas organizaciones tienen capacidad para controlar de manera permanente un territorio de la capital. Esa es la diferencia entre el discurso actual de la SSC y las declaraciones de funcionarios de años anteriores que negaban el asentamiento de cárteles en el entonces Distrito Federal.