Tras la salida de Ernesto Ruffo del Altiplano, FGR afirma que tiene pruebas de su participación en la toma de decisiones de Ingemar

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que cuenta con datos de prueba contundentes —entre ellos dictámenes periciales, entrevistas y diligencias— sobre la participación de Ernesto Ruffo Appel en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de Ingemar, empresa señalada de integrar la mayor red de huachicol fiscal detectada en México, la cual presuntamente declaraba ante aduanas apenas el 10% de los hidrocarburos que en realidad importaba desde EEUU.

El exgobernador de Baja California, como accionista y secretario del Consejo de Administración de la compañía, tuvo un papel activo en sus decisiones, según la Fiscalía.

El pronunciamiento se dio luego de que Ruffo llegara a su domicilio en Ensenada el 28 de septiembre y brindara diversas entrevistas a medios de comunicación, tras cumplir 72 días de prisión preventiva en el penal federal de El Altiplano. El exgobernador había sido detenido el 16 de julio y vinculado a proceso el 23 de julio por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, en el marco del caso conocido como huachicol ferroviario.

Ruffo reconoció en entrevista con Aristegui tener 49% de las acciones de la empresa

La Fiscalía recordó en su comunicado que Ernesto Ruffo reconoció en entrevistas tener 49% de las acciones de Ingemar. También, según autoridades, admitió haber tenido conocimiento, cuando menos desde 2024, de que camiones y ferrotanques con capacidad de 30 mil, 40 mil, 110 mil y 112 mil litros eran declarados en los pedimentos de importación por un volumen de apenas 10 mil litros.

El dato coincide con lo que el propio exgobernador dijo en entrevista con Carmen Aristegui el martes 29 de septiembre, donde confirmó su participación accionaria del 49% en Ingemar y explicó que era la empresa comercializadora Crismón la que solicitaba los pedimentos sistemáticos de 10 mil litros. Ruffo afirmó que esa diferencia en los volúmenes le causó extrañeza e intentó vender sus acciones sin conseguirlo.

Ese porcentaje de 49% difiere de lo declarado previamente por su defensa. El 25 de septiembre, el abogado Arturo Germán Rangel precisó que su representado posee entre 39% y 40% del capital de la empresa, pero que no es tomador de decisiones ni tiene oficina dentro de la compañía. La Fiscalía sostiene lo contrario: que el exgobernador participó de manera directa en la estrategia de la sociedad.

Los trabajos ministeriales de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada permitieron identificar la red de contrabando de combustible, que utilizó ferrotanques para operar a través de Ingemar. La empresa, vinculada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos, registra movimientos millonarios en cuentas nacionales que no corresponden con su actividad declarada, según la dependencia.

La FGR precisó este 2 de octubre que el proceso penal continúa su curso ante la autoridad judicial competente, a quien corresponderá, con base en los datos de prueba desahogados, determinar lo que en derecho corresponda. La dependencia invocó el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales sobre la reserva de los registros de investigación, así como el artículo 20 constitucional sobre presunción de inocencia.

El esquema operó a través de refinerías en Texas y cuatro aduanas de Tamaulipas

La fiscal general Ernestina Godoy Ramos reveló la noche del 16 de julio, horas después de la aprehensión de Ruffo, los detalles de la red. El punto de partida de la investigación fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025.

El combustible provenía de refinerías en Texas y se distribuía principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas, a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas. La Fiscalía documentó también la participación de servidores públicos y agentes aduanales que facilitaron el ingreso del producto sin las revisiones correspondientes.

La Fiscalía identificó movimientos por 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. Según la investigación, las cuentas recibían recursos y los transferían casi de inmediato hacia empresas extranjeras, un patrón que la autoridad asocia con cuentas puente dentro de un esquema de triangulación financiera.

Por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la evasión estimada ascendió a 88 millones 511 mil 516 pesos, cifra a la que se sumaron 18 millones 289 mil 304 pesos por Impuesto al Valor Agregado. El daño total a la hacienda pública, derivado de 4 mil 238 operaciones de importación irregular detectadas entre enero y julio de 2025, superó los 4 mil millones de pesos.

La FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra 25 objetivos relacionados con la red. Al momento del anuncio de Godoy, Ruffo y cuatro personas más ya habían sido detenidas, entre ellas Ricardo Thompson Navarro, identificado como socio de Ingemar, capturado el mismo día en Ensenada.

El traslado de Ruffo a Ensenada se dio bajo condiciones estrictas de vigilancia

La salida de Ruffo de El Altiplano ocurrió la tarde del 26 de septiembre, después de que la jueza Alejandra Ramírez de la Vega autorizara el cambio de su prisión preventiva a modalidad domiciliaria. La defensa sustentó la solicitud con dictámenes médicos y forenses que documentaron una pérdida de cerca de seis kilos durante la reclusión del exgobernador.

El traslado desde el Estado de México hasta Ensenada se realizó por vía terrestre, con un recorrido de alrededor de 3 mil kilómetros y una duración de 39 horas, a cargo de la Guardia Nacional. Ruffo relató, en entrevista con la periodista Azucena Uresti, que permaneció esposado durante el trayecto y que no pudo dormir, aunque reconoció haber recibido buen trato de los elementos que lo custodiaron.

La resolución judicial estableció que elementos de la Guardia Nacional vigilaran de manera permanente el domicilio de Ensenada mientras dure la medida. A Ruffo se le retiraron el pasaporte y la visa, y se le prohibió acercarse a testigos o a otras personas relacionadas con la investigación, así como acudir a las instalaciones de Ingemar.

La última acción de la FGR contra la red fue el cateo de dos bodegas en la CDMX

La fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó la noche del 26 de agosto que la FGR cateó dos bodegas en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, como parte de la investigación contra la red. La orden fue emitida por un juez de distrito con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.

En los inmuebles, descritos como minibodegas de renta con portones corredizos color naranja, personal de la FGR y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron pedimentos de importación, actas de asambleas y contratos que acreditarían la simulación de operaciones de comercio exterior atribuida a la red. Godoy señaló que el hallazgo abriría nuevas líneas de investigación.

La detención más reciente hasta ese momento fue la de Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar, vinculada a proceso el 12 de agosto por contrabando, delincuencia organizada e ilícitos en materia de hidrocarburos. Con su captura, la cifra de detenidos ascendió a nueve, de un total de 25 objetivos señalados por la Fiscalía, lo que implicaría que 16 personas permanecían prófugas.