Una empresa ligada al Cártel de Sinaloa habría recibido más de 200 millones de pesos de la Fiscalía de Baja California en contratos, según MCCI

La Fiscalía General de Baja California habría otorgado contratos por más de 200 millones de pesos a Inteliproof Efficient, una empresa de seguridad que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el pasado 29 de septiembre por su presunta participación en una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que la compañía recibió contratos de la Fiscalía estatal entre 2022 y 2025 para adquirir bienes que van desde uniformes y equipo táctico hasta mobiliario, equipo de cómputo y un sistema de inteligencia para reconocimiento facial.

Contratos millonarios con la Fiscalía estatal

Una revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia permitió a MCCI identificar 33 contratos otorgados por la Fiscalía de Baja California a Inteliproof entre 2022 y 2025, por un monto superior a 73.2 millones de pesos. Diecinueve de ellos fueron mediante adjudicación directa.

Para 2023, 10 contratos por más de 101 millones de pesos, además de otros 11 registrados en la plataforma oficial por 10.6 millones. Para 2022, se documentaron 15 contratos adicionales por más de 49 millones de pesos.

Al sumar los contratos identificados, la Fiscalía estatal destinó más de 200 millones de pesos a Inteliproof Efficient durante el periodo analizado. La empresa, con sede en Tijuana, fue registrada el 19 de octubre de 2020 y opera bajo el nombre comercial iesecurity.com.mx, dedicada a actividades de seguridad privada.

Uniformes, software de reconocimiento facial y fondos federales

Los contratos encontrados por MCCI abarcan trabajos de conservación y mantenimiento de inmuebles, mobiliario, equipo de cómputo, uniformes y equipo táctico. Uno de los más recientes, correspondiente a 2025, tuvo como objetivo la adquisición de un software de inteligencia para reconocimiento facial.

También hubo operaciones financiadas con recursos federales destinados a seguridad. En 2024, la Fiscalía asignó un contrato de 8.1 millones de pesos para el suministro de uniformes tácticos con recursos autorizados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Contratos del gobierno estatal con acceso a sistemas sensibles

Al margen de los contratos de la Fiscalía, una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública 2023 del gobierno de Baja California confirmó que la administración estatal, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pagó a Inteliproof 4 millones 966 mil 200 pesos, con recursos del FASP, para el suministro de equipamiento y tecnología del Registro Público Vehicular (Repuve).

Ese contrato incluyó servidores, computadoras, antenas, lectores y grabadores, enlaces y equipos de respaldo eléctrico, con acceso a los sistemas que administran datos del Repuve, entre ellos el número de identificación vehicular, las placas, el modelo y los datos del propietario.

En 2021, Inteliproof obtuvo además otro contrato con el gobierno estatal, por 16 millones 196 mil pesos, para la compra de sistemas IMSI-catcher, utilizados para intercepciones telefónicas. Desde el 4 de agosto de 2023, la empresa figuraba en el padrón de importadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el sector de armas de fuego y sus partes.

Contratos con el gobierno estatal y municipios

Además de los contratos descritos, MCCI identificó al menos siete contratos de Inteliproof con el Gobierno de Baja California entre 2022 y 2025, por alrededor de 16.5 millones de pesos destinados a distintas dependencias estatales. En 2024, el gobierno estatal entregó otras tres adjudicaciones a la empresa por un total de 3 millones 446 mil 795 pesos, para ropa y equipo de protección, equipo de cómputo y equipamiento para vehículos.

La investigación también encontró contratos de Inteliproof con los ayuntamientos de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate. En el caso de Rosarito, se documentaron al menos cuatro contratos entre 2022 y 2025 por más de 12.8 millones de pesos.

Llamado a investigar en la Cámara de Diputados

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, emplazó a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar y deslindar responsabilidades por la adjudicación de los contratos entre el gobierno de Baja California e Inteliproof Efficient.

Monreal admitió que el gobierno estatal, como cualquier otro, mantiene múltiples contratos con el sector privado para realizar acciones y prestar servicios. Sin embargo, subrayó la necesidad de esclarecer los hechos documentados por la investigación.

Las sanciones de Estados Unidos contra la red

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Inteliproof Efficient el 29 de septiembre en una lista de 21 personas y 25 empresas sancionadas por su presunta relación con redes del Cártel de Sinaloa, dentro de una acción contra la facción conocida como “Los Mayos”, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que Inteliproof era utilizada para lavar dinero para René Arzate García, alias “La Rana”, identificado como jefe de plaza del grupo criminal en Tijuana. La empresa fue designada por su presunta propiedad, control o dirección por parte de Marco Antonio Moreno Gómez Santelices.

Según el Tesoro estadounidense, Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices forman parte de una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que habría proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel de Sinaloa. La dependencia también vinculó a Moreno con Jesús González Lomelí, señalado como socio de Arzate García.

Las sanciones estadounidenses implican el bloqueo de bienes y activos sujetos a jurisdicción de Estados Unidos, además de restricciones para realizar transacciones con las personas y empresas incluidas en la medida. Las contrataciones públicas señaladas por la investigación corresponden a fechas anteriores al anuncio de las sanciones.