Tras acusaciones de EEUU, Marina del Pilar ordena revisar contratos de empresas señaladas por la OFAC

Los señalamientos en contra de Carlos Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, causan reacción al interior de su administración, por lo que a dos días de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos diera a conocer las acusaciones, la mandataria ordenó revisar si las empresas incluidas recientemente en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tuvieron contratos con el Gobierno estatal.

La instrucción ocurre después de que autoridades estadounidenses incluyeran a Torres Torres entre las personas señaladas por presuntos vínculos con la facción de La Mayiza, además de designar a 25 empresas mexicanas, entre ellas aparecen compañías con operaciones en Baja California.

Marina del Pilar pide revisar contratos y expedientes

La gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor de Baja California a identificar si alguna de las empresas recientemente sancionadas por la OFAC mantuvo una relación contractual con el Gobierno del Estado.

El objetivo, de acuerdo con la administración estatal, es que los expedientes localizados sean enviados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para determinar si existe algún elemento que deba ser investigado.

La revisión contempla, entre otros puntos:

• Identificar contratos celebrados con las compañías señaladas.
• Revisar las condiciones jurídicas existentes cuando fueron adjudicados.
• Determinar si hubo algún riesgo operativo o patrimonial.
• Dar intervención a los órganos de control si se detecta alguna irregularidad.

El gobierno estatal sostiene que los contratos deben analizarse con base en las circunstancias jurídicas existentes al momento de su celebración y no a partir de señalamientos posteriores.

¿Qué empresas de Baja California aparecen entre las señaladas?

El paquete anunciado por Estados Unidos incluyó 25 entidades relacionadas, según la acusación estadounidense, con una red financiera vinculada con La Mayiza. En Baja California aparecen negocios de distintos sectores, desde servicios financieros hasta establecimientos comerciales.

Entre las empresas mencionadas se encuentran Mía Centro Cambiario, ubicada en Mexicali; Galerías Centro Cambiario, conocida comercialmente como Magic Casa de Cambio, en Tijuana; y compañías relacionadas con servicios de seguridad, administración patrimonial, entretenimiento y comercio.

También aparece Vida Orgánica Tijuana, negocio que opera como Vive Orgánico Fresh Market. Los antecedentes retomados en el contexto de las sanciones señalan que entre sus socios originales estuvieron Marina del Pilar Ávila, Carlos Torres Torres y Luis Alfonso Torres Torres, éste último hermano del exesposo de la mandataria estatal.

Según la información difundida sobre el caso, Torres había dicho previamente que su participación en el proyecto fue temporal.

Tras los vínculos, la administración estatal afirma que deberá revisarse cada expediente y el marco legal vigente en la fecha correspondiente.

¿Qué acusa Estados Unidos contra Carlos Torres?

El 29 de septiembre, el Departamento del Tesoro estadounidense incluyó a Carlos Torres Torres entre las personas sancionadas bajo acusaciones relacionadas con La Mayiza. La información difundida por esa autoridad lo identifica como un operador político al que atribuye una relación con la facción del Cártel de Sinaloa, la cual es liderada por “El Ruso”.

Las acusaciones estadounidenses también sostienen que Torres habría recibido pagos y utilizado su influencia para favorecer las operaciones de esa estructura criminal. El exfuncionario honorario, por su parte, rechazó públicamente cualquier relación con organizaciones o actividades criminales.

También afirmó que únicamente mantenía una participación accionaria en una de las empresas incluidas en las sanciones y que buscaría aclarar la información ante las autoridades correspondientes.

El caso tiene además un antecedente: en mayo de 2025 se informó sobre la revocación de su visa estadounidense y, meses después, Marina del Pilar dio a conocer que ambos se encontraban en proceso de divorcio.

Gobierno de Baja California fija nuevas reglas para proveedores

Además de ordenar la revisión de contratos anteriores, la gobernadora estableció una medida preventiva para los próximos procesos de contratación.

La disposición indica que las personas físicas o morales señaladas por autoridades nacionales o extranjeras por sospechas de actividades criminales no podrán participar como proveedoras del Gobierno de Baja California mientras no esclarezcan formalmente su situación jurídica ante las instancias correspondientes.

La administración estatal también aseguró que los contratos vinculados con seguridad pública que pudieran estar relacionados con las empresas señaladas correspondían a equipamiento, suministros e infraestructura técnica.

De acuerdo con su postura, la custodia de sistemas y bases de datos permanece bajo responsabilidad del personal autorizado de las corporaciones estatales, por lo que descartó una vulneración de información ciudadana.

El gobierno estatal añadió que la Fiscalía General del Estado cuenta con autonomía constitucional, presupuestal y administrativa, por lo que sus procesos de adquisición y resguardo documental corresponden a sus propias facultades.