
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) detuvo y obtuvo la vinculación a proceso de un hombre acusado de explotar laboralmente a su hijo menor de edad durante tres años. Según la investigación, el niño fue obligado a vender pan y dulces, y a trabajar como mesero, mientras su padre se quedaba con el dinero que obtenía.
El imputado, identificado como Juan Carlos “N”, enfrenta un proceso penal por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación laboral agravada. La víctima tenía nueve años al inicio de los hechos, ocurridos entre noviembre de 2022 y noviembre de 2025.
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Cómo operaba la explotación laboral del menor
De acuerdo con la Fiscalía CDMX, Juan Carlos “N” obligó a su hijo a vender pan y dulces en la vía pública, además de trabajar como mesero en distintas taquerías. Las actividades se desarrollaron en establecimientos ubicados en las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Cuauhtémoc.
El padre se quedaba con el dinero que el niño obtenía por estas actividades. Cuando el menor se negaba a trabajar, el imputado lo golpeaba e insultaba, según los datos de prueba recabados durante la investigación.

El caso, documentado por la Fiscalía CDMX, derivó en prisión preventiva para el acusado tras una denuncia presentada por la madre del niño.
La investigación documentó, además, condiciones de riesgo en la vía pública donde el niño habría sido obligado a vender pan.
Origen de la investigación y aprehensión del acusado
El caso se inició a partir de la denuncia presentada por la madre del niño el 28 de noviembre de 2025. Con ese señalamiento, el agente del Ministerio Público comenzó a reunir elementos para documentar los hechos.
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Durante la indagatoria se recabaron entrevistas de la víctima y de testigos. También se obtuvo un dictamen pericial en psicología.
El Ministerio Público reunió información sobre las condiciones de riesgo en la vía pública donde el niño habría sido obligado a vender pan. Con el conjunto de estos elementos, la autoridad ministerial solicitó una orden de aprehensión contra Juan Carlos “N”, la cual fue autorizada por un juez de control.
Agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), localizaron al probable responsable en la alcaldía Álvaro Obregón. La orden de aprehensión se ejecutó el 27 de septiembre de 2026 en esa demarcación.
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Vinculación a proceso, medida cautelar y postura de la Fiscalía
Al día siguiente de la detención, el 28 de septiembre, el agente del Ministerio Público presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba recabados a lo largo de la investigación.
Con base en esos elementos, el juez determinó vincular a proceso a Juan Carlos “N”. La autoridad judicial le impuso como medida cautelar la prisión preventiva.
Se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX señaló que continuará investigando y llevando ante los tribunales los casos de explotación y otras formas de violencia cometidas contra niñas, niños y adolescentes. El objetivo declarado es garantizar su acceso a la justicia y la protección de sus derechos.
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La institución precisó que, en cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, Juan Carlos “N” se considera inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento. Esta condición se mantendrá mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad, emitida por el órgano jurisdiccional competente.
Explotación laboral infantil: una modalidad menos visible dentro de la trata
El caso documentado por la Fiscalía CDMX se inscribe en un fenómeno que autoridades y organizaciones civiles monitorean en México desde hace años. Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 3,7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil, lo que representó el 13,1% de esa población.
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De ese total, 2,1 millones realizaban ocupaciones no permitidas. Por sector de actividad, el 21,5% de los menores en trabajo infantil laboraba en el comercio, categoría que incluye la venta ambulante, como ocurrió en el caso reportado por la Fiscalía CDMX.
Un dato contrasta con el contexto del caso: la Ciudad de México registra la tasa de trabajo infantil más baja del país, con 4,0%, muy por debajo de estados como Guerrero (24,5%) o Chiapas (20,8%).
Dentro de las modalidades de trata de personas que afectan a menores de edad, el 6to Reporte de Trata de Personas 2025-2026 del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ubica a la explotación laboral en un 4,3% de los fines de explotación identificados. La cifra es menor frente a la explotación sexual (44,8%) y el trabajo o servicio forzado (26,2%), aunque las organizaciones advierten que estos casos suelen ser menos denunciados y más difíciles de detectar.
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El vínculo familiar como principal forma de enganche
El mismo reporte del Consejo Ciudadano documenta que el vínculo familiar es la principal forma de enganche de niñas, niños y adolescentes en casos de trata, con un 64,5% de los casos registrados en el periodo analizado. Este patrón coincide con el perfil del caso difundido por la Fiscalía CDMX, donde el presunto responsable de la explotación fue el propio padre del menor.

El informe añade que, del total de probables tratantes identificados entre 2025 y 2026, el 63% son hombres. En los casos donde la víctima es varón, la captación suele ocurrir a través de familiares, empleadores o falsas ofertas de empleo.
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El Consejo Ciudadano también documentó que el trabajo infantil forzado creció 49% respecto al periodo anterior, y que la calle es el lugar más frecuente donde ocurre esta explotación, seguida de restaurantes, mercados y negocios, un patrón que coincide con las taquerías y la vía pública mencionadas en el caso de Juan Carlos “N”.
Las organizaciones que documentan estos casos advierten, además, que la presencia constante de menores vendiendo productos en la vía pública tiende a normalizarse socialmente, lo que dificulta identificar cuándo se trata de una vulneración de derechos y cuándo forma parte de una dinámica de explotación o trata.
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