Ernesto Ruffo Appel dejará el penal del Altiplano: un juez le concedió prisión domiciliaria en el caso de huachicol fiscal

Un juez determinó este viernes modificar la medida cautelar que pesaba sobre Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, y ordenó que el resto de su proceso penal se desarrolle en prisión domiciliaria. La decisión llegó tras una audiencia de carácter incidental centrada en el caso conocido como huachicol fiscal.

Hasta ese momento, el exmandatario panista permanecía recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Su defensa había insistido en que el proceso no debía seguir su curso dentro de esas instalaciones.

La diligencia de este viernes se realizó de manera virtual, aunque los abogados del exgobernador sí ingresaron al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez. Los abogados sostuvieron que la edad del exgobernador, mayor de 70 años, y sus condiciones de salud justificaban que cumpliera la medida cautelar en su domicilio.

El equipo jurídico sostuvo que Ernesto Ruffo Appel cuenta con arraigo y que no existe riesgo de que evada la acción de la justicia. La petición se apoyó en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite a las personas mayores de 70 años cumplir la prisión preventiva en su domicilio, según reportó Infobae.

“Mi papá está bien, dentro de lo que cabe estar dentro de lo que significa una persona de 74 años de edad, con una operación de cadera, con la movilidad limitada y abajo de peso”, señaló previamente Verónica Ruffo, hija del exgobernador, ante el medios locales. La familia había confiado en que la audiencia programada modificara la situación legal de Ruffo Appel.

A raíz de los hechos, el juez de control a cargo del expediente estableció un nuevo esquema de medidas cautelares, donde Ernesto Ruffo Appel deberá permanecer en el domicilio designado para el cumplimiento de la medida, bajo vigilancia permanente de la Guardia Nacional durante las 24 horas.

La resolución también obliga al exgobernador a mantener comunicación constante con un centro de justicia y a someterse a su supervisión. Como parte de las condiciones, deberá entregar su pasaporte y su visa a las autoridades correspondientes.

El juez determinó que Ruffo Appel no portará brazalete electrónico, debido a la posibilidad de que requiera atención hospitalaria de urgencia en cualquier momento. En su lugar, el exgobernador tendrá que realizar videollamadas diarias con las autoridades y tiene prohibido abandonar el país, aunque no existe restricción para salir de su vivienda.

La determinación judicial otorgó un plazo de 48 horas para su cumplimiento. Durante ese lapso, la Guardia Nacional y las autoridades involucradas deberán coordinar los trámites necesarios para concretar el traslado del exgobernador.

Antes de esa diligencia, la defensa ya había obtenido una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo relacionado con la medida cautelar.

Esa suspensión, publicada el 22 de septiembre y correspondiente al expediente 889/2026, no precisó los efectos concretos de la medida. Guadalupe Acosta Naranjo, presidente del partido Somos, explicó que la resolución obligó a las autoridades a citar la audiencia para ratificar o modificar la prisión preventiva.

Guadalupe Acosta Naranjo y Verónica Ruffo denunciaron condiciones del Altiplano

Acosta Naranjo visitó a Ruffo Appel en el penal junto con Verónica Ruffo y parte del equipo de defensa. “Lo vi delgado, efectivamente, ha perdido un poco más de seis kilos estando ahí adentro, pero es un hombre muy fuerte de carácter y muy fuerte de voluntad”, relató el dirigente de Somos al medio.

El presidente de Somos describió además las condiciones de reclusión que enfrentaba el exgobernador dentro del penal de máxima seguridad. “Estar en la penal de Almoloya no es ningún trato digno para nadie, mucho menos para una gente inocente”, expresó Acosta Naranjo.

Según el dirigente, Ruffo permanecía veinte horas recluido y solo contaba con cuatro horas de convivencia con otros internos. Sus abogados, agregó Acosta Naranjo, únicamente podían visitarlo hora y media al día pese a que la defensa debía ejercerse en todo momento.

Verónica Ruffo constató un deterioro físico notorio en su padre después de una operación de cadera. La hija del exgobernador relató que Ruffo Appel arrastraba movilidad limitada desde esa intervención.

La familia también cuestionó las declaraciones públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Fiscalía sobre la presunta responsabilidad del exgobernador. “Es muy penoso, sinceramente, que estas instituciones del país estén saliendo a decir así a la ciudadanía, porque crea una confusión muy grande y es desinformación”, afirmó Verónica Ruffo a medios de comunicación.

La FGR investiga una red de huachicol fiscal ligada a la empresa Ingemar

La Fiscalía General de la República vinculó a Ruffo Appel a proceso el 23 de julio de 2025 junto con siete coacusados. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, dictó la vinculación tras considerar que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada aportó datos de prueba suficientes.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, calificó el caso como la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta el momento. De acuerdo con datos recogidos por Infobae, la estructura operaba a través de Ingemar, empresa de servicios portuarios y dragado en la que Ruffo figuraba como accionista mayoritario.

El esquema introducía gasolina y diésel desde Texas, Estados Unidos, y declaraba apenas el 10% del volumen real transportado en cada carro tanque. El combustible cruzaba por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.

La investigación documentó 4.238 operaciones de importación irregular en un periodo de seis meses. Se estima que más de 15 millones de litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades entre enero y julio de 2025.

El esquema causó un daño a la hacienda pública superior a los 4 mil millones de pesos durante ese periodo. Por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la evasión estimada ascendió a 88 millones 511 mil 516 pesos, cifra a la que se sumaron 18 millones 289 mil 304 pesos por Impuesto al Valor Agregado.

La FGR identificó movimientos por más de 3.075 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales. Las autoridades detectaron además operaciones cambiarias superiores a 1.386 millones de dólares, con un patrón de cuentas puente que recibían recursos y los transferían casi de inmediato.

El punto de partida de la investigación fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. A partir de ese hallazgo, las autoridades reconstruyeron la red mediante el cruce de información sobre personas, empresas y documentación administrativa.

Acosta Naranjo atribuyó las acusaciones contra Ruffo a fallas dentro del sistema aduanero y no a una responsabilidad directa del exgobernador. “Él no administraba la empresa, él no tenía ningún cargo directivo, él no hacía las compras, él no hacía la distribución”, dijo el dirigente de Somos ante Infobae.

La defensa del exgobernador mantiene un segundo amparo contra la vinculación a proceso, según confirmó Acosta Naranjo. Con la prisión domiciliaria ya resuelta, la familia adelantó que continuará ese litigio hasta esclarecer la inocencia de Ruffo Appel.