Ley Antimemes en México: hasta 5 años de cárcel si el Senado aprueba la iniciativa entre críticas de la oposición por censura

La llamada Ley Antimemes avanza en el Senado entre advertencias de la oposición sobre un posible riesgo para la libertad de expresión. El dictamen prevé penas de uno a cinco años de prisión por utilizar la identidad gráfica de instituciones públicas con el fin de engañar y cometer un ilícito.

Se trata de una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, enviada al Congreso en mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de cumplir con el Capítulo 20 del T-MEC, el cual exige medidas en el marco penal en materia de propiedad intelectual.

La iniciativa original planteaba castigar con cárcel a quien utilizara, reprodujera o imitara, a escala comercial, logos, dominios o signos oficiales de cualquier nivel de gobierno para engañar —o con una intención maliciosa. La pena por estas acciones sería de tres a siete años de prisión, así como una multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA)

El 23 de septiembre, las Comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera avalaron realizar cambios relevantes a la iniciativa, reduciendo la cantidad de años de prisión. Con 34 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, los legisladores aprobaron reducir a solo uno a máximo cinco años de prisión.

De este modo, el texto aprobado —que ahora será discutido en la Cámara Alta— señala que la sanción aplicaría cuando alguien reproduzca, imite o incorpore logotipos, dominios electrónicos o documentos oficiales de dependencias de los tres órdenes de gobierno para hacerlos pasar como auténticos.

La pena quedó en las multas de mil a 10 mil UMA. Para acreditar el delito, la autoridad tendría que demostrar que hubo una operación a escala comercial, una intención de engañar y el propósito de cometer una conducta ilícita vinculada con el supuesto origen oficial de una comunicación, plataforma o servicio.

Oposición acusa un intento para castigar la sátira política

Por su parte, la oposición ha remarcado que esta reforma es un intento por censurar. La senadora panista Lilly Téllez sostuvo que el dictamen abre la puerta a perseguir a ciudadanos, comediantes, caricaturistas y creadores de contenido que utilicen imágenes o referencias de instituciones para cuestionar al poder.

“Ahora resulta que los memes, las bromas y la sátira política serán crímenes, y el gobierno quiere encarcelar y multar a cualquiera que se burle de Morena”, afirmó la legisladora en un mensaje difundido en redes sociales.

Téllez acusó que la iniciativa pretende “criminalizar la libertad de expresión” y advirtió que las autoridades podrían usar la norma contra publicaciones satíricas. También cuestionó que el Senado discuta esta reforma mientras, según su postura, persisten problemas de inseguridad y delincuencia organizada.

Sus declaraciones incluyen acusaciones contra Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum, el senador Javier Corral Jurado y otros actores políticos.

La oposición en general ha cuestionado que la redacción sobre identidad gráfica gubernamental pueda utilizarse de manera discrecional. La preocupación parte de que los símbolos, emblemas y nombres de instituciones suelen aparecer en parodias, montajes digitales, críticas políticas y materiales de humor difundidos en redes sociales.

Aseguran que es aplicable únicamente a uso comercial y por ilícitos

El senador de Morena Javier Corral Jurado y presidente de la Comisión de Justicia, sostuvo durante la discusión de la reforma que es necesario realizar modificaciones al artículo 403 Bis que buscan evitar interpretaciones que presenten el proyecto como una sanción contra la crítica o la burla. La propuesta precisa que el delito se configura solo ante el uso de elementos institucionales para inducir al error sobre el carácter oficial de una comunicación o plataforma.

La redacción establece que la persona deberá utilizar, reproducir, imitar o incorporar la identidad gráfica institucional “a escala comercial”. También deberá hacerlo con la intención de cometer un ilícito relacionado con el origen aparente de una comunicación, documento, sistema informático o servicio público.

Javier Corral aseguró que el objetivo de estas reformas no es censurar o penalizar los memeos y las parodias. Del mismo modo lo hizo el senador morenista Manuel Huerta, quien aseguró que el propósito no es sancionar la sátira, la crítica política o los memes.

El punto que genera cuestionamientos es la aplicación práctica de conceptos como “escala comercial”, “inducir al error” e “impacto perjudicial”. La definición de esas conductas podría depender de las investigaciones, los criterios ministeriales y las resoluciones judiciales que surjan si la reforma entra en vigor.

Corral señaló que el proyecto sustituye la expresión “ánimo de lucro” por “escala comercial” para facilitar la acreditación de conductas ilícitas mediante elementos objetivos. El propósito es perseguir operaciones que imiten comunicaciones gubernamentales o utilicen recursos institucionales con fines fraudulentos.

La reforma abarca dominios electrónicos, documentos oficiales, plataformas, servicios y sistemas informáticos. El supuesto apunta a páginas falsas que simulen trámites públicos, comunicaciones apócrifas de autoridades o esquemas digitales que busquen obtener dinero, datos personales o algún beneficio a partir del engaño.