Hidalgo suma 19 casos de presunta tortura mientras México acumula más de 1,600 carpetas en el mismo periodo

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió 19 carpetas de investigación por el delito de tortura en 12 de los 84 municipios de la entidad, entre enero y agosto de este año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Las carpetas se distribuyeron en localidades que van desde la capital del estado hasta municipios de la Sierra Alta y el Valle del Mezquital, lo que revela que la presunta práctica no se concentra en una sola zona geográfica.

Pachuca, capital hidalguense, acumula seis carpetas de investigación, la cifra más alta entre los municipios afectados. Tulancingo le sigue con tres expedientes abiertos, mientras que los 10 municipios restantes —Ajacuba, Apan, Calnali, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Santiago Tulantepec, Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tula de Allende y Zacualtipán de Ángeles— registran al menos una carpeta cada uno.

La Procuraduría de Hidalgo abrió carpetas todos los meses entre enero y mayo de 2026

El ritmo de apertura de expedientes no fue uniforme a lo largo del periodo. En enero se iniciaron tres carpetas; en febrero, otras tres; en marzo y abril, una por mes; en mayo se registró el pico más alto con cinco nuevas investigaciones; en julio se abrió una más y en agosto se sumaron otras cinco.

El total de 19 carpetas en Hidalgo forma parte de un universo nacional de 1.657 expedientes por tortura que las fiscalías estatales reportaron al SESNSP en el mismo lapso. La cifra coloca al estado en una posición que, si bien no es la más grave del país en términos absolutos, sí evidencia que el delito se distribuye a lo largo de su territorio.

La Fiscalía Especial para Investigar Tortura en Hidalgo fue creada en abril de 2022

El 31 de marzo de 2022, la legislatura local aprobó con 24 votos a favor una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público que creó la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura. El Decreto número 186 entró en vigor el 13 de abril de ese año y dotó a ese organismo de competencia específica para investigar los delitos previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Esa ley define que comete tortura el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión, como medio intimidatorio, como castigo personal o por razones de discriminación, cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona. También incurre en el delito quien realice procedimientos médicos o científicos sin el consentimiento de la víctima, o quien anule su personalidad sin causarle dolor.

La norma extiende la responsabilidad penal a los particulares que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público. Las penas van de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días multa para funcionarios, y de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa para civiles.

La Organización Mundial Contra la Tortura advierte que el marco legal mexicano facilita la práctica

El contexto hidalguense se inscribe en un problema de alcance nacional documentado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). Según el Índice Global de Tortura que elaboró ese organismo y retomó Infobae, la tortura se mantiene como una práctica generalizada de las fuerzas de seguridad de todos los niveles en México, pese a la existencia de leyes y mecanismos de protección.

El informe señala que, a casi una década de la entrada en vigor de la Ley General contra la Tortura, las fiscalías especializadas carecen de autonomía, recursos y capacidad. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), adscrito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tampoco actúa con independencia plena, según la denuncia colectiva.

La OMCT advirtió ante Infobae que el propio marco jurídico facilita la práctica, ya que figuras como la detención arbitraria, el arraigo y la prisión preventiva oficiosa crean condiciones propicias para que ocurra. El Protocolo de Estambul, diseñado para investigar la tortura, ha sido distorsionado en la práctica para encubrirla, según el mismo documento.

Víctimas y familiares de ocho estados —Baja California, Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Quintana Roo— presentaron denuncias ante el organismo internacional. Entre los casos documentados figura el de Andrew Córdova, quien cumplió 18 años en prisión preventiva tras ser torturado; su esposa Abigail declaró a Infobae: “Bajo tortura, cualquiera puede ser culpable de un delito que no cometió”.

En Chiapas, la denuncia señala a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal como responsable de detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas contra población civil y defensores de derechos humanos en instalaciones de la Fiscalía General del Estado. El informe también documentó que 3 de cada 10 mujeres en México han sido víctimas de tortura sexual, cifra presentada en el simposio “La tortura sexual en México: situación, desafíos y buenas prácticas en la prevención e investigación”.

Entre 2021 y 2026, el MNPT publicó 18 informes con sugerencias de buenas prácticas y enfoque de género dirigidas a proteger la integridad de mujeres privadas de libertad. En 2025, la Comisión de Derechos Humanos de Campeche abrió 848 investigaciones por tortura sexual, según informó su presidenta, Ligia Nichte-Ha Rodríguez Mejía, en el mismo foro.

Las organizaciones que suscribieron el informe de la OMCT exigen a la presidenta de la República que reconozca la existencia de la tortura y adopte medidas concretas. Entre las demandas figuran la eliminación del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, la implementación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, investigaciones independientes, reparación integral y el cumplimiento de recomendaciones internacionales.

Las presidentas de las comisiones estatales de Derechos Humanos de Hidalgo y Tlaxcala coincidieron en que la atención a la tortura sexual requiere un enfoque multidisciplinario y ético, con la prevención como eje de la política pública. Omar Jair Pasarán Nieto, de la CNDH, subrayó que el Protocolo de Estambul reconoce la tortura sexual como una modalidad específica y grave que exige reformas legales para su erradicación.

Los colectivos de víctimas que participaron en la elaboración del informe afirman haber contribuido a la Carta de los Derechos de las Víctimas y Sobrevivientes de Tortura impulsada por Naciones Unidas. Esa carta reconoce su derecho a participar plenamente en las políticas públicas destinadas a erradicar la práctica.