Mazatlán, Culiacán, Escuinapa y la zona serrana de Sinaloa concentran durante septiembre una nueva fase de operaciones de seguridad, mientras más de 20 mil elementos federales permanecen desplegados en el estado y se refuerza la vigilancia en las principales carreteras.
La distribución de fuerzas tuvo un cambio a partir del 15 de septiembre, cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incorporó 836 elementos y la Secretaría de Marina mil efectivos navales. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) sumó otros mil 600 elementos, incluidos 100 integrantes de Fuerzas Especiales.
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Con esos movimientos, el estado de fuerza federal superó los 20 mil elementos en Sinaloa. El refuerzo fue dirigido principalmente hacia Mazatlán y los principales tramos carreteros, aunque las autoridades mantienen operaciones en Culiacán, Escuinapa, otros municipios y la zona serrana cercana a Durango.
Mazatlán concentra el mayor refuerzo
La incorporación de personal federal ocurrió después de que las autoridades identificaran a Mazatlán como uno de los puntos que requerían una mayor presencia. La SSPC y la Marina desplegaron más de mil 800 elementos y más de 130 unidades para ampliar los patrullajes y la vigilancia en el puerto y en las carreteras de Sinaloa.
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El 18 de septiembre, Omar García Harfuch, titular de la SSPC; Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, acudieron a Mazatlán para supervisar las operaciones.
La revisión incluyó las condiciones del despliegue y las capacidades operativas de las corporaciones federales y locales. En la reunión también se planteó fortalecer las policías estatales y municipales para mejorar su capacidad de respuesta.
El movimiento no implica que la vigilancia federal haya quedado concentrada en el puerto. El Gobierno de Sinaloa señaló que las fuerzas federales mantendrán presencia en los 20 municipios, con una atención específica en Mazatlán, Escuinapa y Culiacán.
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Los operativos alcanzan carreteras y la zona serrana
La ampliación del dispositivo también se ha reflejado en acciones fuera de los centros urbanos.
Entre el 14 y el 16 de septiembre, las autoridades reportaron aseguramientos en Mazatlán, Escuinapa, Concordia y Culiacán. En Mazatlán fueron localizados 53 artefactos explosivos improvisados; en Escuinapa, elementos de Marina aseguraron una embarcación con 7 mil 940 cartuchos; en Concordia fue localizado un campamento clandestino con armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico, mientras que en Culiacán se ubicó un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas con mil 350 litros de sustancias químicas.
El episodio de mayor magnitud ocurrió el 19 de septiembre en la zona serrana cercana a los límites con Durango.
Elementos de la SSPC y la Marina realizaban recorridos terrestres cuando fueron atacados por civiles armados que viajaban en seis camionetas. Tras repeler la agresión, las autoridades detuvieron a nueve personas, entre ellas un menor de edad.
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En el lugar fueron aseguradas 17 armas largas, incluida una ametralladora; más de 120 cargadores; lanzagranadas; 40 artefactos explosivos improvisados; equipo táctico; marihuana y seis vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.
El caso muestra que la operación federal se extiende más allá de las ciudades donde se concentra el refuerzo de personal. Las carreteras y las zonas serranas forman parte del dispositivo que se mantiene activo en diferentes regiones del estado.
Culiacán se mantiene dentro de la estrategia federal
Culiacán continúa como uno de los puntos prioritarios pese a que el refuerzo anunciado a mediados de septiembre tuvo como uno de sus principales objetivos a Mazatlán.
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El 20 de septiembre, durante una visita a la capital sinaloense, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los elementos de las Fuerzas Armadas permanecerán en el estado durante el tiempo que sea necesario. También informó que integrantes del Gabinete federal acudirán a Sinaloa a partir de la siguiente semana para atender directamente distintos asuntos de la entidad.
La presencia federal se mantendrá mientras el Gobierno estatal prepara una estrategia propia para ampliar sus capacidades de seguridad.
El 21 de septiembre, la gobernadora Graciela Domínguez Nava informó que decidió posponer la presentación del Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad de Sinaloa para incorporar propuestas de distintos sectores y definir el respaldo presupuestal.
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Uno de los proyectos contemplados es transformar el actual sistema C4i en un C5i, una ampliación que requiere recursos adicionales. La gobernadora señaló que el tema será planteado al secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, durante su próxima visita a Sinaloa.
Por ahora, el plan no ha sido presentado en su versión definitiva, por lo que las acciones concretas que contendrá todavía no están formalmente detalladas.
Sinaloa llega a dos años de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza
El refuerzo ocurre a dos años del inicio de la confrontación entre las facciones conocidas como Los Chapitos y La Mayiza, que comenzó en septiembre de 2024 y modificó durante este periodo la dinámica de seguridad en el estado.
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El periodo también dejó un fuerte impacto en los indicadores de violencia. Un recuento publicado por Infobae México —con base en registros oficiales, colectivos y documentación periodística— contabilizó 3 mil 821 muertes violentas y 4 mil 406 desapariciones desde el inicio del conflicto hasta el 10 de septiembre de 2026.
Al mismo tiempo, los datos oficiales más recientes muestran una reducción en el promedio diario de homicidios dolosos. Entre enero y agosto de 2026, Sinaloa registró una disminución de 26.1% frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentadas el 8 de septiembre.
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Pese a esa reducción, el estado acumuló 866 homicidios dolosos durante los primeros ocho meses de 2026, cifra que representó 7.5% del total nacional en ese periodo.
La combinación de ambos datos ayuda a explicar el escenario actual: mientras los registros oficiales muestran una disminución respecto del año anterior, las autoridades mantienen operaciones de alto impacto y un despliegue federal que supera los 20 mil elementos.
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