Buen Gobierno sanciona a 47 servidores públicos y una empresa: impone multas millonarias e inhabilitaciones de hasta 10 años

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 47 personas servidoras públicas y una empresa recibieron sanciones que incluyen destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años y multas por 4.6 millones de pesos, tras investigaciones por faltas graves y no graves en dependencias federales. Las resoluciones buscan reparar daños patrimoniales, sancionar irregularidades administrativas y proteger a personas afectadas.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso las sanciones por faltas graves, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno resolvió los casos clasificados como no graves, conforme a la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Las investigaciones por conductas graves partieron de la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad y de los Órganos Internos de Control en Sedena, SEP, SAT, IMSS y la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo.

El TFJA impuso inhabilitaciones de hasta 10 años por faltas graves

En la CFE, Rodrigo C., adscrito a la División de Distribución Centro Oriente en Puebla, fue inhabilitado durante 10 años y recibió una multa de 33 mil pesos. De acuerdo con el comunicado, en 2024 presentó nueve incapacidades médicas para evitar el descuento de 22 días de salario, aunque los documentos no fueron reconocidos por la autoridad de salud competente.

Roberto H. y Luis H., de la División Sureste de CFE Distribución en Villahermosa, Tabasco, fueron suspendidos 30 días por autorizar en 2019 la contratación de un ex trabajador que tenía una inhabilitación de 10 años vigente desde 2013. Hugo H., de la División Oriente de CFE Distribución en Coatzacoalcos, Veracruz, recibió la misma suspensión por autorizar en 2018 el ingreso de otro ex trabajador inhabilitado desde 2009.

Juan D., del Hospital Militar de Zona de Cinco de Mayo, Durango, fue destituido, inhabilitado por 10 años y multado con 651 mil pesos. La resolución refiere que durante 2021 y 2022 no presentó comprobantes sobre pagos de víveres, consumo de gas LP para alimentos de personal militar comisionado en otras unidades y devoluciones de impuestos a la Tesorería de la Federación. La falta atribuida al servidor público de la Sedena ocasionó un daño patrimonial equivalente al monto de la multa.

María H. y Susana E., de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Fomento Educativo en Ciudad de México, fueron inhabilitadas durante 10 años y recibieron una sanción económica conjunta de 564 mil pesos. En 2018, la primera firmó un convenio y la segunda tramitó el pago de prestaciones que no correspondían a un trabajador al concluir su relación laboral.

En el SAT, Alejandra M. fue inhabilitada por 10 años y multada con 253 mil pesos por no solicitar a tiempo documentos necesarios para defender diversos juicios en 2019. La omisión impidió recuperar un crédito fiscal por un monto equivalente a la sanción.

La empresa D. recibió una inhabilitación de cuatro años y una multa de 3.1 millones de pesos por presentar en 2021 facturas alteradas de vehículos para simular el cumplimiento de requisitos en una licitación de servicios de transporte.

Jesús M., del Servicio de Administración Desconcentrada Jurídica en Mexicali, Baja California, fue inhabilitado por un año por firmar siete documentos para que contribuyentes repararan daños derivados de delitos fiscales, aunque esa actividad no formaba parte de sus funciones.

Cinco trabajadoras del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco, recibieron inhabilitaciones de un año. Olivia G., Ana V., Erika A., Laura C. y Elizabeth M. no realizaron en 2021 un diagnóstico oportuno y certero de una hemorragia cerebral, lo que impidió brindar tratamiento adecuado a un paciente y contribuyó a su fallecimiento.

Trece dependencias concentraron sanciones por faltas no graves

Las sanciones no graves derivaron de procedimientos en Pemex, CFE, Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, DIF, Guardia Nacional, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Profeco, IMSS, Banobras, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Conagua, Banjército y Fovissste.

Sergio M., de la Gerencia de Servicios y de Logística Marina de Pemex en Tamaulipas, fue inhabilitado por un año por conductas verbales, físicas y visuales relacionadas con la apariencia física y de connotación sexual contra una persona que trabajaba para una empresa proveedora. Los hechos ocurrieron en 2025.

Cecilia P., del Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz, recibió una suspensión de ocho días por no informar a Recursos Humanos sobre dos inasistencias injustificadas de dos trabajadores bajo su supervisión en 2026. Ambos recibieron su salario sin descuentos.

Ernesto C., de la Superintendencia Zona Guasave de la División de Distribución Noroeste de CFE, fue suspendido 15 días por negar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2024, lo que afectó y retrasó la investigación de una queja por posibles violaciones a derechos humanos.

Las resoluciones incluyen casos de maltrato infantil y atención médica deficiente

Ricardo A., del Centro de Asistencia Social para la Segunda Infancia “Casa Cuna Coyoacán” del DIF, fue destituido e inhabilitado por seis meses por maltratar física y psicológicamente a dos menores en 2025. Zandra C. y César A., quienes presenciaron las agresiones y no las evitaron ni dieron aviso a las autoridades, fueron suspendidos 15 y 30 días.

Cinco integrantes de las Oficinas Centrales de la Guardia Nacional en Ciudad de México fueron destituidos por entregar en 2024 copias de certificados de estudios atribuidos a la SEP que no eran válidos. Efraín M., Gustavo H., José F., Alondra M. y Said G. presentaron los documentos como requisito para obtener licencia de portación de armas de fuego.

Rigoberto R., de la Unidad de Medicina Familiar 46 del IMSS en Culiacán, Sinaloa, recibió una suspensión de 30 días por no brindar atención adecuada y oportuna a un paciente en 2022. La resolución indica que no identificó correctamente los síntomas ni practicó estudios básicos para valorar el estado de salud, lo que contribuyó al fallecimiento de la persona.