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Gobierno de México sanciona a 17 servidores públicos con inhabilitaciones de hasta 10 años y con destituciones

La Secretaría Anticorrupción detalló casos que van de cobros indebidos y documentos falsos a pagos no autorizados, con multas, bajas del cargo y restricciones para volver al servicio público

Un expediente con un sello rojo que dice Sanción sobre una mesa de madera frente a un panel con logotipos de dependencias de México.
Un expediente marcado con un sello de sanción reposa ante los logotipos de diversas dependencias gubernamentales de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno de México, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, anunció la sanción de 17 funcionarios de diversas dependencias federales, con inhabilitaciones para ejercer cargos públicos de hasta una década, así como destituciones y suspensiones, tras la comprobación de conductas graves y no graves en el ejercicio de sus funciones. La determinación deriva de investigaciones impulsadas por las Unidades de Responsabilidades y Órganos Internos de Control, en colaboración con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que dictó las resoluciones de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De acuerdo con el comunicado fechado este domingo 23 de agosto de 2026, entre las instituciones involucradas figuran la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Banco del Bienestar, la Secretaría de Salud y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), junto con dependencias como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo S.A. de C.V. y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Las sanciones impuestas responden tanto a faltas administrativas graves como a omisiones consideradas no graves.

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La Secretaría enfatiza que las resoluciones se dictaron conforme a derecho y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad, además de invitar a la sociedad a denunciar cualquier conducta contraria a la legalidad y los principios de integridad, en apego a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y el compromiso de erradicar la corrupción en la vida pública.

Sanciones por faltas graves en entidades federales

Dentro de los casos más relevantes destacan las inhabilitaciones dictadas contra servidores públicos de la CFE , donde dos empleados de la zona de distribución Tacuba, Valle de México Centro, recibieron sanción por cuatro años, tras detectar la solicitud de pagos indebidos por 70,000 pesos al usuario durante la revisión de un medidor defectuoso.

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En el ISSSTE, un servidor de la Unidad de Medicina Familiar en Campeche fue inhabilitado diez años y recibió una multa de 180,000 pesos por hacerse pasar por licenciado en Nutrición con un título profesional ajeno, obteniendo remuneraciones indebidas.

En esta sucursal del Banco del Bienestar de Torremolinos, en Guadalupe, Nuevo León se dio el robo y se descubrió que habría sido planeado por la gerente Delia
En esta sucursal del Banco del Bienestar de Torremolinos, en Guadalupe, Nuevo León se dio el robo y se descubrió que habría sido planeado por la gerente Delia

Por su parte, un trabajador del Banco del Bienestar fue sancionado con dos años de inhabilitación y multa de 13,000 pesos por movimientos irregulares en cuentas ajenas, mientras que en la Secretaría de Salud, una funcionaria utilizó su posición para beneficiar a familiares en procesos de ingreso y contratación, motivo por el cual fue inhabilitada tres meses.

El SAT también aplicó suspensiones: dos empleados de la administración de Baja California recibieron suspensión de 60 días por irregularidades en la revalidación de certificados digitales de sellos fiscales, permitiendo el uso de documentación temporal de manera improcedente.

Acciones disciplinarias en organismos y empresas estatales

En el ámbito de las faltas no graves, Pemex suspendió por ocho días a un funcionario del Hospital General de Coatzacoalcos, Veracruz, por registrar de manera incorrecta una incapacidad médica en septiembre de 2025, sin cumplir con los procedimientos internos. En la Guardia Nacional, tres trabajadores de las Oficinas Centrales en Ciudad de México fueron destituidos debido a la presentación de certificados de bachillerato no válidos, requisito indispensable para la portación de armas de fuego.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica Previa - Ciudad de México, México - 10 de junio de 2026. Miembros de la Guardia Nacional afuera del Estadio Azteca antes del partido REUTERS/Hannah Mckay
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica Previa - Ciudad de México, México - 10 de junio de 2026. Miembros de la Guardia Nacional afuera del Estadio Azteca antes del partido REUTERS/Hannah Mckay

El Instituto Nacional de Antropología e Historia sancionó con un año de inhabilitación a un integrante de la Coordinación Nacional de Arqueología por la omisión de reportar ausencias laborales de un subordinado, lo que derivó en pagos indebidos por más de 200,000 pesos. En el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, un responsable técnico fue suspendido 15 días por autorizar el pago de más de 2 millones de pesos a una cuenta no prevista en el contrato de digitalización de información.

La Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo S.A. de C.V. sancionó a un gerente de ingeniería con 14 días de suspensión por no gestionar los permisos presupuestales necesarios, lo que generó pagos anticipados no autorizados por 24 millones de pesos. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, dos servidores públicos recibieron amonestaciones por no verificar correctamente los requisitos de una licitación pública, aunque la situación fue corregida antes de la firma de los contratos.

Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones, las cuales serán defendidas por la Secretaría con base en la legalidad y la protección de los derechos de las personas afectadas.

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