Despiden a trabajadora del INE tras denunciar acoso laboral: acusan que FGR pidió a su abogada borrar videos del caso

El caso de una trabajadora del Instituto Nacional Electoral (INE) que denunció presunto acoso laboral y un despido injustificado derivó en una disputa legal que ahora involucra a su representante, la abogada y periodista Mónica Calles Miramontes, quien acusa a la Fiscalía General de la República (FGR) de emprender acciones en su contra después de que difundió videos y publicaciones relacionados con el expediente.

El caso fue llevado este jueves al Consejo General del INE por Emilio Álvarez Icaza, representante del partido Somos México, quien cuestionó el despido de trabajadores del organismo y señaló como un asunto relevante la denuncia presentada contra Calles.

De acuerdo con la información difundida por la propia abogada, una funcionaria del INE presentó una denuncia ante la FGR en su contra, a raíz de las publicaciones que realizó sobre una diligencia relacionada con la trabajadora que representa.

Calles sostiene que las autoridades pretenden limitar su ejercicio profesional y su actividad en redes sociales.

Entre las medidas que, según su versión, fueron solicitadas ante la Fiscalía está la suspensión temporal de sus cuentas de X, Facebook, YouTube y TikTok mientras continúa la investigación.

¿Por qué despidieron a la trabajadora del INE?

Mónica Calles representa legalmente a una extrabajadora del INE que denunció haber sido víctima de acoso laboral y despido injustificado.

Según la información difundida por la abogada, su clienta aseguró que el 20 de agosto de 2025 permaneció encerrada durante aproximadamente 10 horas en una oficina del instituto. Calles publicó videos relacionados con la diligencia y con los señalamientos de su representada.

En sus publicaciones, la litigante también cuestionó la actuación de funcionarios del INE durante el procedimiento y sostuvo que existieron irregularidades en la forma en que se desarrolló.

El conflicto posteriormente escaló a la vía penal. Calles afirma que la FGR abrió una carpeta de investigación y que se le atribuyó el delito de amenazas.

La abogada sostiene que las acusaciones están relacionadas con publicaciones en las que informó que difundiría en redes sociales videos de la diligencia y señaló públicamente el nombre y cargo de una funcionaria involucrada.

Los puntos principales del caso

• Una extrabajadora del INE denunció presunto acoso laboral y despido injustificado.
• Mónica Calles asumió su representación legal y difundió videos sobre una diligencia relacionada con el caso.
• Andrea Gutiérrez Sánchez presentó una denuncia ante la FGR contra la abogada.
• Calles sostiene que la investigación incluye acusaciones por presuntas amenazas.
• La abogada afirma que se solicitó suspender temporalmente sus cuentas en X, Facebook, YouTube y TikTok.

Abogada acusa persecución y señala a la FGR por medidas contra sus redes

Calles ha rechazado que la investigación pueda considerarse únicamente un conflicto entre particulares.

En distintas publicaciones, sostuvo que detrás de la denuncia existen acciones de funcionarios del INE y cuestionó el uso de información que, según afirma, obtuvo de expedientes relacionados con su actividad profesional.

La abogada también señaló que la denuncia fue presentada por Andrea Gutiérrez Sánchez en su calidad de trabajadora del INE.

Según Calles, en el expediente se ofreció como testigos a funcionarios del instituto y se solicitó que fueran notificados en las instalaciones del organismo.

Asimismo, afirmó que en la denuncia se utilizaron sus datos personales, entre ellos información relacionada con su domicilio y credenciales, que, de acuerdo con su versión, fueron obtenidos de expedientes que tramita ante el instituto.

Calles también vinculó la diligencia con funcionarios de la estructura del INE y mencionó a la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei. Estos señalamientos forman parte de su interpretación del expediente y no constituyen por sí mismos una resolución que determine responsabilidades.

La litigante asegura que, después de recibir la denuncia penal, se paralizaron asuntos que llevaba ante el INE. También afirmó que acudió el 10 de septiembre a una sesión pública del Consejo General relacionada con el inicio del Proceso Electoral 2026-2027 y sostuvo que continuará asistiendo como ciudadana, abogada y periodista.

Emilio Álvarez Icaza cuestiona denuncia contra Mónica Calles

Durante la sesión del Consejo General del INE, Emilio Álvarez Icaza se refirió al caso y señaló como un foco de atención la denuncia presentada contra Calles.

El representante de Somos México destacó particularmente la solicitud para suspender las cuentas de la abogada mientras se desarrolla la investigación.

De acuerdo con la denuncia citada durante la sesión, se habría solicitado a la FGR ordenar la suspensión temporal de sus perfiles en distintas plataformas digitales.

Álvarez Icaza planteó además que el caso debe analizarse en relación con el derecho de los trabajadores del instituto a contar con estabilidad laboral y con el ejercicio profesional de la abogacía.

El representante también mencionó que se ha señalado la existencia de diversas renuncias y despidos en áreas del INE durante el año, particularmente después de la llegada de Roberto Carlos Félix López como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva.

Por ello, pidió que en una próxima sesión se presente un informe sobre estos asuntos. Durante la sesión referida no hubo un pronunciamiento de los consejeros sobre el tema.

INE niega haber presentado una denuncia penal contra la abogada

En medio de los señalamientos, el INE ha sostenido que el organismo no presentó directamente una denuncia penal contra Calles y que las acciones legales promovidas por particulares no representan necesariamente una postura institucional del instituto.

Esta precisión contrasta con la interpretación de la abogada, quien sostiene que la persona denunciante se presentó ante la FGR como servidora pública y que utilizó elementos relacionados con su trabajo dentro del INE.

Hasta ahora, el caso reúne distintas versiones sobre el origen de la denuncia, el alcance de las medidas solicitadas y la relación entre el conflicto laboral inicial y la investigación contra la representante legal de la trabajadora.

La controversia permanece abierta mientras continúa el procedimiento ante la FGR y se mantienen los cuestionamientos sobre el despido de la trabajadora, la actuación de funcionarios del INE y las medidas solicitadas contra las publicaciones y cuentas de Mónica Calles.