EEUU acusa de terrorismo a José Flores, presunto sicario del Cártel del Golfo: un video lo delató

Autoridades de Estados Unidos imputaron cargos de terrorismo a José Flores-Flores, de 21 años y originario de Reynosa, después de hallar en su celular un video en el que, según la acusación federal, aparecía desmembrando el cadáver de un hombre.

El caso forma parte de una segunda acusación sustitutiva presentada el 15 de septiembre en la Corte de Distrito del Sur de Texas, división McAllen, bajo la causa penal M-26-2625-S2.

Flores enfrenta cargos por proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspiración para proveer ese apoyo, ello en el contexto de la designación del Cártel del Golfo (CDG) como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025.

De ser declarado culpable, podría recibir hasta 20 años de prisión federal.

Un video en la carpeta de “eliminados recientemente” lo incriminó

De acuerdo con la información, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a Flores el 10 de julio de 2026 cerca de Mission, Texas, a corta distancia del río Bravo. Admitió haber ingresado de forma ilegal desde México y, en ese mismo momento, declaró a los agentes que era miembro activo del CDG. Por ese cruce lo acusaron de reingreso ilegal, un delito grave.

Tras su arresto, Flores consintió la revisión de su teléfono celular. En la carpeta de “recientemente eliminados”, los agentes hallaron un video en el que aparece serruchando las extremidades de un cadáver. También encontraron una imagen con al menos dos torsos humanos desmembrados, brazos y piernas seccionados, además de fotografías de un tambo en llamas usado para incinerar los restos.

El expediente detalló que los metadatos del material ubicaron su creación el 26 de junio de 2026, dos semanas antes de la detención, en las afueras de Reynosa, Tamaulipas.

El celular también contenía imágenes de Flores con un radio portátil y rifles tipo AR-15.

La confesión de José Flores Flores

Al mostrarle el video, Flores admitió que era él quien aparecía en la grabación. Según el documento, aceptó haber “serruchado los brazos de las víctimas para facilitar la incineración de los cuerpos en el tambo” y ubicó los hechos en “las afueras de Reynosa”.

Flores renunció a sus derechos Miranda y aceptó hablar con los agentes. Declaró que su profesión era “barbero y sicario”, y que trabajó para el CDG durante aproximadamente un año. Su labor consistía en “proteger su zona”, evitando que otros robaran, extorsionaran o secuestraran gente sin autorización del cártel.

Flores sostuvo que las víctimas de las imágenes y videos cayeron en desgracia con la organización por “extorsionar a gente, negocios y demás, o vender cristal, secuestrar gente por debajo del agua” dentro del territorio bajo control del cártel.

Después accedió a una entrevista con un agente del FBI, en la que reiteró que trabajaba para el CDG y que “hacía cosas malas de ese lado”, en referencia al territorio mexicano. Declaró que operaba principalmente de noche en un sector asignado por el cártel en Reynosa, donde recorría la zona en vehículo, escuchaba comunicaciones de radio y vigilaba la presencia del Ejército y las fuerzas de seguridad mexicanas.

Según su testimonio, el CDG le proporcionaba un rifle, chaleco antibalas y vehículo. Cuando un superior le entregaba un nombre o fotografía de un objetivo, su función era “agarrarlo y después lo entrego”.

Un gran jurado acusó a Flores por primera vez el 4 de agosto de 2026. A mediados de ese mes, los fiscales obtuvieron una acusación sustitutiva que añadió los cargos de terrorismo, y Flores se declaró no culpable poco después. El 15 de septiembre, una segunda acusación sustitutiva amplió la evidencia en su contra con el hallazgo del video y las imágenes del desmembramiento.

El caso se insertó en la ofensiva de Trump contra los cárteles

El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14157, que instruyó al Departamento de Estado a designar a los cárteles como organizaciones terroristas. En el documento, Trump declaró que los cárteles “controlan de manera funcional, a través de una campaña de asesinatos, terror, violación y fuerza bruta, casi todo el tráfico ilegal a través de la frontera sur de Estados Unidos”.

Ese día, el gobierno estadounidense designó al Cártel del Golfo como Organización Terrorista Extranjera, junto con el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste (antes Los Zetas), La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, además del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13).

En julio de 2026, la administración sumó a la lista al Cártel de Juárez y a Los Viagras, con lo que el total de organizaciones criminales mexicanas con esa designación llegó a ocho. Para septiembre de 2026, el conteo global de grupos latinoamericanos designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos alcanzó 21.

Fiscales de Texas ya han enviado a prisión federal a jefes históricos del Cártel del Golfo, como Juan García Ábrego y su sucesor, Osiel Cárdenas Guillén.

Este miércoles, el fiscal federal Aaron Reitz tiene programada una conferencia de prensa en McAllen para anunciar lo que su oficina describió como “una acusación criminal importante” relacionada con la orden ejecutiva de Trump sobre cárteles como organizaciones terroristas. Se desconoce si será del caso de José Flores-Flores.