Paola Gárate denuncia que la Secretaría de Seguridad intenta quitarle medidas de protección pese a amenazas

La diputada federal de Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela, denunció que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, solicitó ante una jueza federal retirar el esquema de protección de la Guardia Nacional que mantiene desde junio, cuando fue amenazada con una corona fúnebre en su domicilio de Culiacán.

El documento de la SSPC fue presentado el 27 de agosto de 2026 ante la Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, Mariana Arámburo Rojo, dentro del juicio de amparo indirecto 895/2026.

La solicitud busca revocar la suspensión de plano que obligó a la Guardia Nacional, a la presidenta Claudia Sheinbaum y al propio García Harfuch a proporcionarle protección tras la amenaza. Cabe destacar que la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue informada de esta gestión el 1 de septiembre, haciéndolo público un día después.

La defensa de Gárate atribuye a Harfuch la solicitud de retiro de medidas de protección

Conforme a información publicada por la periodista Azucena Uresti, el equipo jurídico de Gárate Valenzuela sostiene que el argumento de la SSPC consiste en que el Ministerio Público local ya le habría otorgado medidas de protección como víctima del delito, derivadas de la corona fúnebre colocada frente a su casa.

Esas medidas locales, precisa la defensa, se limitan a rondines aleatorios en su domicilio y no equivalen a un esquema de protección personal acorde con el riesgo que enfrenta la legisladora.

En un documento distinto dentro del mismo expediente, la propia Guardia Nacional reconoce la necesidad de un esquema de seguridad permanente. Sin embargo, propone que ese dispositivo quede a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y no de la corporación federal.

La defensa califica de “desconcertante e inverosímil” que la autoridad federal busque trasladar la seguridad de la diputada al gobierno estatal, cuando ella misma ha denunciado una presunta colusión entre el gobierno sinaloense, que era dirigido por Rubén Rocha Moya -ahora con licencia-, y grupos del crimen organizado.

El amparo habría sido presentado por Julio César Álvarez Ferreyra, quien es director de Amparo de la Dirección General de lo Contencioso, fungiendo como representante del la secretaría de seguridad.

El comunicado exige a la Secretaría “cesar en sus intentos reiterados por retirar el esquema de seguridad”, puntualizando que la jueza negó la petición por el momento.

Diputada del PRI ha cuestionado la protección otorgada tras la amenaza

La tensión con las autoridades no es nueva, un día después de la corona fúnebre -11 de junio-, quien fungía como gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, aseguró que Gárate ya contaba con protección federal y estatal: “A nosotros no nos había pedido medidas de protección, sin embargo, como gobierno del estado reprobamos este tipo de amenazas e intimidaciones a cualquier servidor público”.

Sin embargo, la legisladora contradijo lo dicho por el gobierno de Sinaloa, tras ser contactada por la Guardia Nacional para precisar los alcances del esquema, afirmó que “la respuesta fue muy distinta a lo que se dijo públicamente” y que únicamente habría acompañamiento en traslados oficiales o ante una situación específica de riesgo.

Gárate cuestionó públicamente la lógica de esa protección parcial con una serie de preguntas dirigidas a las autoridades:

• ¿Cómo funciona eso?
• ¿La amenaza existe solamente cuando voy camino al Congreso?
• ¿Cuándo llego a mi casa deja de existir?
• ¿Cuándo estoy con mi familia ya no hay riesgo?

“Soy diputada las 24 horas del día, pero también soy ciudadana, mujer, hija, hermana y parte de una familia”, sentenció la legisladora, quien exige que la seguridad “no debe ser un discurso; debe ser una garantía para quienes ejercemos nuestro derecho a expresarnos libremente”, escribió en su cuenta de X.