La Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México y otras tres dependencias federales aseguraron 554 mil 400 cajetillas de cigarros en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras descubrir que un contenedor en tránsito declaraba transportar “lámparas” cuando en realidad ocultaba más de 11 millones de cigarrillos. La mercancía quedó sujeta a una medida provisional por la posible afectación a derechos de propiedad industrial.
Contenedor declarado como “lámparas” ocultaba millones de cigarrillos
Durante una visita de inspección conjunta en la aduana del puerto michoacano, elementos de la Semar, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) procedieron a la apertura y desconsolidación física de un contenedor en tránsito.
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Al revisar el contenido, las autoridades identificaron una discrepancia grave entre la documentación presentada y la carga real. En lugar de artículos de iluminación, el contenedor alberga más de medio millón de cajetillas de cigarros, equivalentes a 11 millones 88 mil cigarrillos.
La mercancía fue colocada de inmediato bajo una medida provisional que impide su libre circulación en territorio nacional. El procedimiento correspondiente permanece abierto para determinar la posible afectación a los derechos de propiedad industrial de las marcas involucradas.
Inteligencia aduanera, clave para detectar la irregularidad
El aseguramiento no fue producto de una revisión aleatoria. Según el comunicado conjunto de las dependencias, la detección respondió a los mecanismos permanentes de inteligencia operativa, gestión de riesgos y análisis estratégico que implementa la ANAM en coordinación con la Unidad Administrativa de la Aduana de Lázaro Cárdenas.
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Estos protocolos permiten identificar inconsistencias documentales, perfiles atípicos y operaciones que requieren una revisión especializada antes de que la mercancía ingrese al circuito comercial del país.
La ANAM, la Semar y las demás instituciones del Gabinete de Seguridad señalaron que acciones de este tipo forman parte de su compromiso de fortalecer la inteligencia aduanera y los procesos de inspección y control para proteger la seguridad nacional y contribuir al comercio exterior legal.
Dos operativos previos en agosto en la misma aduana
El hallazgo no es un caso aislado. En agosto se realizaron dos operaciones distintas en la Aduana de Lázaro Cárdenas que sumaron cerca de 62.5 millones de cigarros apócrifos provenientes de Vietnam, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
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Meses antes, en enero, autoridades federales aseguraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alrededor de 20 toneladas de tabaco ilegal procedente de Narita, Japón. Ese cargamento equivale a 954 mil 380 cajetillas, con un valor comercial superior a $70.7 millones de pesos.
El cigarro ilegal ya representa 1 de cada 4 unidades vendidas en México
El contexto en el que se producen estos decomisos refleja la dimensión del problema. Según la ANPEC, el mercado ilícito ya concentra 25% de los cigarros vendidos en el país, impulsado en gran medida por una brecha de precios que puede superar los 85 pesos por cajetilla.
Mientras una cajetilla de contrabando puede adquirirse desde $15 pesos, el producto legal supera los $100 pesos. La organización señala que el aumento de la carga fiscal sobre los cigarros es uno de los factores que ha ensanchado esa diferencia, aunque sostiene que elevar el precio de estos productos no necesariamente reduce su consumo.
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“Cuando la diferencia de precio entre lo legal y lo ilegal se vuelve tan grande, el mercado negro encuentra las condiciones ideales para crecer”, advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.
Pequeños comerciantes, bajo presión del contrabando
El avance del mercado ilegal también genera consecuencias directas para los pequeños negocios. La ANPEC alertó que grupos dedicados al contrabando recurren a amenazas y extorsiones para obligar a comerciantes a distribuir mercancía ilícita.
El 18 de agosto, en Uruapan, Michoacán, dos personas fueron detenidas tras denuncias de comerciantes que aseguraron haber sido coaccionados para comprar y vender cigarros ilegales. Durante el operativo se decomisaron 14 mil 400 cigarrillos y una libreta con nombres y direcciones de presuntas víctimas de extorsión.
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Ante ese escenario, la ANPEC recordó que comercializar cigarros de procedencia ilícita puede derivar en multas, clausura definitiva del establecimiento y penas de hasta nueve años de prisión.
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