La fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó la noche de este 26 de agosto mediante un video oficial que la Fiscalía General de la República (FGR) cateó dos bodegas ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, en el marco de la investigación contra la red de contrabando de combustible por vía férrea presuntamente encabezada por el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo y vinculada con 24 personas más.
Según los datos oficiales, el operativo se llevó a cabo mediante una orden de cateo emitida por un juez de distrito con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.
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Esto aseguró la FGR en las bodegas de la alcaldía Miguel Hidalgo
En los sitios cateados, ministerios públicos y personal de la FGR, con el acompañamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguraron pedimentos de importación, actas de asambleas y contratos que darían cuenta de la simulación ejecutada por los presuntos integrantes de la red criminal.
Las imágenes difundidas por la FGR muestran que se trata de minibodegas de renta con portones corredizos color naranja, similares a las que operan en los servicios de autoalmacenaje de la capital.
También se hallaron documentos relacionados con otros esquemas delictivos que ya investiga la fiscalía. Toda esta información se encontraba oculta en las bodegas.
Godoy Ramos señaló que el análisis de lo asegurado permitió identificar indicios sobre operaciones de comercio exterior de la empresa investigada, los cuales aportarían mayores elementos del modus operandi y abrirían nuevas líneas de investigación.
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De los 25 presuntos integrantes de la red, nueve ya han sido detenidos y vinculados a proceso.
La fiscal también aclaró que, hasta el momento, la FGR no ha sido notificada de que la defensa de Ernesto Ruffo haya solicitado un cambio de medida cautelar para sustituir la prisión preventiva por prisión domiciliaria.
La fiscal afirmó que en el internamiento de Ruffo, el cual se realiza en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, mejor conocido como el Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, se garantizan todos los cuidados de salud y se respetan sus derechos.
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Los nueve detenidos en el caso Ruffo
La más reciente detención en el caso es la de Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., quien fue vinculada a proceso el 12 de agosto por su probable participación en los delitos de contrabando, delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos e ilícitos en esta misma materia.
Con su aprehensión, suman nueve las personas detenidas en el marco de la investigación por huachicol fiscal ferroviario. Un juez federal le decretó prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Según información extraoficial sobre los datos de prueba presentados ante el juez, Hernández Hinojosa habría tenido acceso directo a las finanzas de Ingemar como firmante autorizada de sus cuentas bancarias. Además, se le señala por presuntas gestiones ante aduanas para liberar mercancías con documentación irregular y la firma de contratos relacionados con la distribución de hidrocarburos.
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Hasta el momento las personas aprehendidas por su relación con el esquema criminal son:
- Ernesto Ruffo Appel
- Ricardo Thompson Navarro
- Juan Hermilo Chávez Rodríguez
- Luis Antonio Barrientos Juárez
- José Merino Valdés Cuervo
- Adriana Magali Bárcenas Guillén
- Guillermo de la Peña Rosales
- José María de la Peña Ramos
- Guadalupe Hernández Hinojosa
Ruffo Appel, capturado el 16 de julio en Ensenada, cumple prisión preventiva en el Cefereso 1 “El Altiplano”, junto con Thompson Navarro, Chávez Rodríguez, Barrientos Juárez y Merino Valdés Cuervo.
Bárcenas Guillén se encuentra en el Cereso Nezahualcóyotl Sur, mientras que De la Peña Rosales y De la Peña Ramos cumplen prisión domiciliaria por motivos de salud.
La FGR informó este 26 de agosto que la red cuenta con 25 objetivos en total, lo que significaría que 16 personas permanecen prófugas.
Declaraban el 10% y transportaban diez veces más: el esquema que la FGR reveló tras la detención de Ruffo
La noche del 16 de julio, horas después de la aprehensión de Ruffo Appel en Ensenada, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos presentó los resultados de una investigación de alta complejidad que identificó la red de contrabando de combustible más grande detectada en México.
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La estructura operaba a través de Ingemar, empresa de servicios portuarios, dragados y operación de puertos fundada por el exgobernador, y otras firmas vinculadas que se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo.
El esquema consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante aduanas: la red reportaba alrededor de 10 mil litros por carro tanque cuando en realidad transportaba hasta 110 mil o bien declaraba productos distintos a los hidrocarburos para evadir impuestos.
El producto provenía de refinerías en Texas y cruzaba por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas. Una vez en territorio nacional, ingresaba sin revisión aduanera y se descargaba en espuelas ferroviarias para su distribución en Coahuila, Durango y Zacatecas a través de siete empresas distintas.
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Entre los investigados figuran socios de las empresas que presuntamente integran la red, operadores logísticos y servidores públicos, entre ellos agentes aduanales y personal autorizado que habrían facilitado el ingreso de los productos sin las revisiones correspondientes.
Las acciones operativas para concretar la primera tanda de detenidos -entre los que está Ruffo- se ejecutaron en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.
Además, la FGR identificó 162 carros tanque y 4 mil 238 operaciones de importación irregular entre enero y julio de 2025, con un daño estimado a la hacienda pública de más de 4 mil millones de pesos.
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De manera paralela, la fiscalía rastreó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares, en un esquema de cuentas puente que transfería recursos casi de inmediato hacia empresas extranjeras para dificultar la identificación de su origen.
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