La fiscal Ernestina Godoy Ramos reveló mediante un mensaje difundido en redes que la Fiscalía General de la República no ha recibido notificación alguna de que la defensa de Ernesto Ruffo haya solicitado el cambio de su medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a prisión domiciliaria.
“Hasta este momento esta fiscalía no ha sido notificada de que la defensa de Ernesto N. haya solicitado el cambio de medida cautelar, a efecto de que la prisión preventiva oficiosa sea cumplida en prisión domiciliaria”, mencionó la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos
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La FGR precisó que, pese a los argumentos observados en la conversación pública, respeta a cabalidad la presunción de inocencia y el debido proceso. Cada uno de los vinculados a proceso, añadió, cuenta con todas las garantías de ley para ejercer su defensa.
FGR descarta irregularidades en el internamiento
Godoy Ramos afirmó que en el internamiento de Ernesto N. se garantizan todos los cuidados de salud con los que debe contar y se respetan cabalmente todos sus derechos, en respuesta a señalamientos que circulaban en el debate público sobre las condiciones de su reclusión.
“En su internamiento se garantizan todos los cuidados de salud con los que debe contar y se respetan cabalmente todos sus derechos”, dijo Godoy Ramos.
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La aclaración se produce en el marco de una investigación en curso contra una red de contrabando de combustible por vía férrea, delito conocido como huachicol fiscal, con la que estarían vinculados Ernesto Ruffo y 24 personas más.
Cateo en la Ciudad de México suma elementos al caso
De manera paralela, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada obtuvo una orden de cateo de un juez de distrito con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México para dos bodegas ubicadas en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
En el operativo participaron ministerios públicos y personal de la FGR, con el acompañamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En las bodegas se hallaban ocultos pedimentos de importación, actas de asambleas, contratos y documentos vinculados a otros esquemas delictivos que la fiscalía ya investiga.
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Documentos revelan modus operandi de la red
El análisis del material asegurado permitió identificar indicios sobre operaciones de comercio exterior de la empresa investigada. Según la FGR, esos elementos aportan mayores datos del modus operandi de la organización y abrirían nuevas líneas de investigación sobre la red de huachicol fiscal.
De los 25 presuntos integrantes de la red, nueve ya han sido detenidos.
El caso que llevó a Ruffo Appel al Altiplano
Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, fue detenido el 16 de julio en Ensenada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, luego de que la FGR ejecutara una orden de aprehensión en su contra.
De ahí fue trasladado a las instalaciones de la fiscalía en Tijuana y posteriormente a la Ciudad de México, donde quedó bajo resguardo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada. La fiscal general Ernestina Godoy describió el caso como “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”.
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La organización introducía gasolina y diésel desde refinerías en Texas declarando ante aduanas apenas el 10 % del volumen real transportado en carros tanque de ferrocarril. En los registros aduanales, la red reportaba alrededor de 10 000 litros por carro tanque cuando en realidad cada uno transportaba hasta 110 mil. El combustible ingresaba por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, y se distribuía en Coahuila, Durango y Zacatecas.
La investigación documentó 4 mil 238 operaciones de importación irregular entre enero y julio de 2025, con un daño al fisco estimado en más de 4 mil millones de pesos. La FGR detectó además movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias, y operaciones cambiarias superiores a USD 1,386 millones mediante un esquema de cuentas puente que transfería recursos hacia empresas extranjeras.
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La red operaba en al menos nueve estados: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México. La fiscalía señaló a Ingemar S.A. de C.V., empresa de origen portuario cuya fundación atribuye a Ruffo Appel, como el vehículo central del esquema.
Tras más de 30 horas de audiencia, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, vinculó a proceso a Ruffo Appel junto a siete coacusados por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Desde entonces permanece recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.
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